Focus press setmanal número 93

Presentació

Aquesta setmana en l’àmbit internacional ha cridat la nostra atenció el procés de substitució de Corea del Nord per l’Iran com a principal enemic públic dels Estats Units (Ramón Lobo), amb la col·laboració militant de Benjamin Netanyahu, enfront d’una Unió Europea compromesa en salvar l’acord nuclear amb l’Iran (Mark Leonard) per evitar una carrera armamentista nuclear a l’Orient Mitjà (Itxaso Domínguez de Oyazábal) [text 1]

De la situació espanyola, remarquem la situació límit a la que sembla que està arribant el Partit Popular, sobre la que han publicat cròniques força expressives Enric Juliana, Andrés Ortega, Lucía Méndez, Carlos Sánchez [text 2] o Antoni Puigverd … Mentre segueix desfermat en la societat el debat  sobre la sentència de La Manada:  un debat en el que s’entrecreuen el factor passional propi del cas, l’onada feminista de fons, el moment populista i la raó reformista, com apunta Aurora Nacarino-Brabo [text 3] Sobre els aspectes jurídics de la sentència, veure els articles de Jordi Nieva-Fenoll i Miguel Pasquau; i sobre els aspectes més polítics i culturals, l’article de Manuel Arias Maldonado.

Pel que fa a les polítiques públiques, destaquem tres temes: la situació de la Universitat, sobre la que han escrit Roberto Fernández i Benito Arruñada; les noves experiències de rendes mínimes, sobre les que José Antonio Noguera publica un interessant balanç; i sobre la instauració d’un nou impost a les companyies tecnològiques, veure els comentaris de Santiago Carbó, Isidoro Tapia i Fernando Velayos [text 4]

Sobre la qüestió catalana -a l’espera de la decisió de Carles Puigdemont (Roger Palà, Xavier Vidal-Folch, Lola García, Francesc-Marc Álvaro, Albert Branchadell…)- s’ha de prendre nota del sondeig post 21-D del CIS, i també de la valoració crítica de Xavier Arbós [text 5]sobre la proposició de llei de reforma de la llei de la presidència i del govern de la Generalitat que pretén una deslocalització de l’activitat parlamentària.

Durant aquest mes de maig proliferen llibres i articles commemoratius dels 50 anys del mític Maig del 68: hem seleccionat les interpretacions d’aquell fenomen polític i cultural que han publicat Ramon González Férriz [text 6] i Manuel Cruz [text 7] a El Confidencial.

Tanquem aquest Focus Press amb un llarg article de Bernardo Bayona [text 8] en el que fa balanç del 15-M, arran de la publicació del llibre de Cristina Monge,  “15-M. Un movimiento político para democratizar la sociedad” (Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017), que es presentarà el proper 11 de maig a l’espai Ideograma de la Fàbrica Lehman.

 

 

  

1.

 Itxaso DOMÍNGUEZ DE OYAZÁBAL, “Deseos nucleares en Oriente Medio” a esglobal (30-04-18)

https://www.esglobal.org/deseos-nucleares-en-oriente-medio/

El Presidente francés, Emmanuel Macron, retornó de su reciente visita a Washington sin tener claro si había conseguido convencer o no a Donald Trump de que permita la supervivencia del pacto nuclear con Irán. El 14 de julio de 2015 marcó un punto de inflexión para la geopolítica internacional: Irán y el llamado G5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania) llegaron a un acuerdo en virtud del cual Teherán se comprometía a que su programa nuclear se dedicará a un uso “exclusivamente pacífico” a cambio de que fueran levantadas las sanciones internacionales y multilaterales impuestas contra la República Islámica.

A lo largo de los 12 largos años de negociaciones y muy particularmente en la recta final de las mismas, fueron varios los expertos que, cual voces de Casandra, advertían de la posibilidad de que el acuerdo desencadenara una carrera nuclear. Sin embargo, aunque el resultado final fue percibido por algunos países del Golfo, Egipto, Israel y Jordania como una patente de corso para que Irán pudiera desarrollar un programa de armas nucleares en el futuro, se vio cumplido el objetivo último de no proliferación. Con la excepción de Israel, que nunca ha reconocido públicamente su arsenal nuclear, ningún país de Oriente Medio y Norte de África se había dotado en la década pasada, más allá de Irán, de un programa nuclear. Los últimos acontecimientos vuelven a ponernos en guardia frente a la posibilidad de que Oriente Medio pueda, si cabe, traer más quebraderos de cabeza a aquellos que apuestan por la paz.

¿Cuál es el punto de partida? La región es cada vez más consciente de su enorme necesidad de electricidad. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos poseen enormes reservas de crudo, pero dejan de recaudar beneficios cuando sus ciudadanos consumen petróleo a precio ínfimo, por ejemplo, con aparatos de aire acondicionado en sus jardines. Jordania apenas dispone de agua o petróleo. Turquía tiene un considerable potencial hidroeléctrico, pero importa petróleo y gas natural. A pesar de que las energías renovables comienzan a ser impulsadas en algunos países (destacan los ejemplos de Marruecos o Emiratos Árabes Unidos), la seguridad energética es un imperativo, y la energía nuclear se ha convertido en una alternativa más. En este sentido, los Estados son firmantes del Tratado de No Proliferación (TNP) y tienen derecho a desarrollar tecnología nuclear de uso pacífico siempre y cuando respeten una serie de estrictas salvaguardias, entre las que destacan no enriquecer uranio ni reprocesar combustible gastado en plutonio.

Aparte de las necesidades energéticas y/o imperativos económicos –como la diversificación económica y la estabilidad de los mercados de hidrocarburos–, los países de la región pueden perseguir otros objetivos, entre los que destacan ambiciones militares y cuestiones de liderazgo geopolítico. Así, la posibilidad de desarrollar un programa nuclear, si no la tenencia de armas nucleares, otorga a los Estados prestigio internacional, una cierta aura de gran potencia (aunque, en otros países, es librarse de la energía nuclear lo que representa un paso hacia un estatus más avanzado). Todo ello consecuencia del triunfo del hard power en la escena internacional, sobre todo en un contexto de guerra fría por la influencia regional en el que la geopolítica crea la necesidad de un elemento disuasorio frente a vecinos conjurados. Y es precisamente el frágil y nada estático equilibrio de poder en una región volátil como Oriente Medio, en donde una invasión o un bloqueo pueden ser decididos de la noche a la mañana, lo que podría representar el caldo de cultivo perfecto para que sus actores consideren que la opción nuclear es un derecho y necesidad que les corresponde como tales. ¿La buena noticia? La línea entre desarrollar un programa nuclear y dotarse de un arma nuclear no es tan fina como se pueda pensar, y requiere de profesionales en la materia y grandes inversiones –además de un periodo de tiempo considerable, algo relativamente fácil de detectar por los expertos de la comunidad internacional.

Arabia Saudí y sus pretendientes

Riad ha mostrado cierta disconformidad con estas reglas, y en este sentido es en el que se disparan las alarmas. El país necesita diversificar sus fuentes de energía con urgencia –en línea con la Estrategia Visión 2030 que apuesta por diversificar en su conjunto una economía dependiente en exceso de los hidrocarburos–, y con ese objetivo ha emitido licitaciones para dos de los 16 reactores nucleares planeados para 2032. Sus pretendientes son de momento Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Corea del Sur, pero el Reino ha especificado que quiere ser completamente autosuficiente en la producción de combustible nuclear y que se le concedan al menos las mismas condiciones que a Irán: quieren enriquecer su propio uranio. Una exigencia que cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta una advertencia que lleva años sobre la mesa, y el Príncipe Heredero Mohamed bin Salman volvió a dejar clara en su reciente gira por EE UU: no dudarán en hacerse con un arma nuclear si Irán lo hace.

EE UU se plantea hacer una excepción con Arabia Saudí, pero corre el riesgo de que otros Estados le exijan las mismas condiciones, o incluso de que Teherán denuncie dobles estándares. De ser percibido como un país sin palabra y/o estrategia. Según fuentes en la Administración Trump, ceder representaría en este supuesto la opción menos mala: Estados Unidos podría controlar el programa nuclear saudí y todo lo que a éste rodea (hay que tener en cuenta que estos países no suelen tener ciudadanos con la suficiente preparación, y dependerán por completo del expertise y personal técnico, del despliegue de cientos de asesores, a lo que se une que acuerdos de este tipo a menudo se incluyen en un paquete de otros acuerdos comerciales), reforzando así los lazos con Riad y asegurándose que se cumplen otros requisitos clave, impidiendo que otras potencias lo hagan. Se refieren en particular a Rusia (y en menor medida, China), que estos últimos años se ha apresurado a comercializar su tecnología y reactores de energía nuclear. Tras su paso triunfal por Siria, el país de Vladímir Putin ve la cooperación nuclear con los Estados del vecindario como un imperativo al mismo tiempo económico y diplomático, y ha recurrido tanto a acuerdos nucleares como de compraventa de armas para recuperar su posición y profundizar su influencia en la región.

A pesar de sus diferencias, particularmente en lo que a Siria respecta, los saudíes han demostrado su voluntad de estrechar sus vínculos con Moscú, el nuevo hacedor de reyes en la región. El rey Salman pasó cuatro días en Moscú en octubre de 2017 en lo que fue la primera visita de ese tipo por parte de un líder saudí, y ambos países han llegado recientemente a acuerdos en el ámbito nuclear, armamentístico, y de control del precio del petróleo. China también ve un asidero en la carrera nuclear de Oriente Medio, y Salman también firmó un acuerdo para ampliar la cooperación nuclear entre los dos países durante su visita al continente asiático en 2017. Se ha rumoreado en numerosas ocasiones que, pese a los desacuerdos entre los dos Estados en los últimos años, Pakistán también podría ayudar a Riad con el desarrollo de su programa nuclear.

Otros candidatos

Arabia Saudí podría ser sólo la primera pieza del efecto dominó. Este año comenzará a funcionar en Barakah (Abu Dhabi) el primero de los cuatro reactores operacional de energía nuclear –el primero del mundo árabe– fabricados por Corea del Sur en Emiratos Árabes Unidos. El país ratificó un acuerdo de salvaguardias con la OIEA en 2003 y se comprometió, en otro acuerdo con Estados Unidos en 2009, a no enriquecer uranio si recibía la ayuda internacional necesaria para construir el reactor. Jordania, por su parte, creó en 2007 la Comisión de Energía Atómica y la Comisión Reguladora Nuclear. El país hachemita firmó en 2016 un acuerdo con Rusia para que ésta construyera en Qusayr Amra dos reactores de energía atómica, que se completará en 2025. Un reactor de investigación nuclear, de fabricación surcoreana, comenzó a funcionar en 2016. En noviembre de 2013, la OIEA realizó en Turquía una inspección de su infraestructura nuclear y llegó a la conclusión de que Ankara había tomado las medidas apropiadas para poner en marcha un nuevo programa de energía nuclear. Ankara tiene la intención de comenzar en breve la construcción en Akkuyu de su primera planta, financiada y construida con asistencia rusa. China y un consorcio franco-japonés se han alineado para construir otros dos.

A la lista se une Egipto. En 2015, el Presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, y el Presidente ruso, Vladímir Putin, anunciaron la firma de un acuerdo –que se materializó en 2017– en virtud del cual los dos países construirían mano a mano la primera central nuclear de Egipto en Dabaa, a 300 kilómetros de El Cairo. El interés de Egipto en la energía atómica no es una novedad: ha querido desarrollar un programa nuclear desde 1954 y ha procedido de manera intermitente durante décadas. El año pasado Rusia también comenzó a suministrar aviones de combate y helicópteros a Egipto y se llegó incluso a un acuerdo tentativo por el que, por primera vez desde que la Unión Soviética abandonara el país del Nilo en 1974, éste permitiría el uso de bases aéreas egipcias por parte de los rusos.

En otras partes de la región, las estrategias en materia nuclear no están tan avanzadas, pero sí en marcha. Marruecos (con la ayuda de Francia) y Argelia (con la ayuda de Rusia) están desarrollando planes para dotarse de energía nuclear, mientras que Túnez (en virtud de un acuerdo firmado con Francia) y Qatar (que ha firmado un acuerdo con Rusia) están considerando la opción. Qatar fue de hecho uno de los principales impulsores de la decisión del CCG de diciembre de 2006 de que el Golfo estudiara la opción de producir su propia energía nuclear con fines pacíficos. Existen también rumores en este sentido que apuntan a Irak y Yemen. Omán, sin embargo, rechazo –aunque no con carácter definitivo – la opción en 2008, al igual que Kuwait en 2016.

El caso de Israel y la imposibilidad de una zona libre de armas nucleares

“Oriente Medio ha entrado en la era nuclear”, dijo el ministro de Defensa israelí Moshe Arens en octubre de 1991, tras la guerra del Golfo y unos pocos días antes de la sesión inaugural de la Conferencia de Paz de Madrid. No acertó en su diagnóstico, pero sí que arrojó luz sobre una de las principales obsesiones de Israel: la posibilidad de que sus vecinos se doten de un arma nuclear. Esta es la semilla de la Doctrina Begin, según la cual tiene la obligación de actuar militarmente para eliminar cualquier amenaza nuclear, tras haber agotado todas las otras opciones. Israel es uno de los tres países que nunca ha formado parte del TNP, pero a diferencia de India y Pakistán, no ha tenido nunca un programa civil de energía atómica. Se hizo con un arma nuclear en 1968 (se calcula que en la actualidad tiene menos de cien cabezas), cayendo las numerosas reticencias y esfuerzos de Kennedy y Nixon en saco roto.

A pesar de que es un secreto a voces que Tel Aviv y Riad mantienen relaciones cada vez más estrechas (que ignoran el boicot de los Estados árabes al país hebreo, condicionado a un acuerdo de paz con los palestinos), el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exigió a Donald Trump que su Administración no vendiera reactores nucleares a Arabia Saudí  –o que, en el caso de hacerlo, al menos no le permitieran enriquecer uranio. Advirtió de la posibilidad de que se desatará una carrera nuclear en la región. Una súplica paradójica si se tiene en cuenta que Israel fue el primer Estado de la región en desarrollar una bomba atómica, otro secreto a voces, esta vez con envoltorio de ambigüedad nuclear.

Un paso hacia la proliferación nuclear en la región más volátil del mundo podría socavar los esfuerzos globales de no proliferación. Atrás quedaron las cumbres en Sharm el Sheikh para un Oriente Medio libre de armas químicas que inaugurara Hosni Mubarak, antiguo presidente de Egipto, facilitado por los que abandonaron (o se vieron obligados a hacerlo) sus planes nucleares en el camino. En 1981, Israel bombardeó el reactor Osirak de Irak, que se creía fuente de un programa de armas nucleares. Libia renunció a su programa en 2003 para ganarse un lugar bajo el sol –dejar de ser un paria internacional– y mejores relaciones con la Administración Bush. Fue de nuevo un ataque aéreo israelí el que en 2007 puso fin a los esfuerzos secretos de Siria de construir un reactor de plutonio en Al Kibar.

El riesgo no es únicamente que los países fabriquen un arma nuclear, sino que ocurra un accidente o que el material sea robado y utilizado por actores no estatales involucrados en conflictos de la región. Se presenta así una oportunidad para que EE UU, con la ayuda de Europa, rediseñe una estrategia que ponga énfasis en la importancia de mantener intacto el acuerdo nuclear con Irán y consiga calmar las ansias de los otros Estados de la región, sin por ello ceder a sus chantajes. Si Washington se retira del acuerdo, corre el riesgo de que no sólo se deteriore la alianza transatlántica, sino de reforzar los vínculos entre Rusia e Irán, y de que de verdad se dé por inaugurada la carrera nuclear.

 

2.

 

Carlos SÁNCHEZ, “Jaque al rey: los últimos días de Rajoy” a El Confidencial (29-04-18)

https://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2018-04-29/pp-pensiones-presupuestos-pnv_1556771/

Miércoles. 25 de abril. Son las 12 horas y 41 minutos. Es casi una obligación mirar la hora exacta porque es infrecuente observar desde la tribuna de prensa al presidente del Gobierno pendiente de su reloj de pulsera. Como deseando que aquella tortura dialéctica del ministro Montoro defendiendo los presupuestos terminara ya.

El mismo gesto lo repetiría lo largo de la tediosa sesión de mañana sin que pudiera esconder su impaciencia, clamorosa cuando a las 12:45 las pantallas del hemiciclo, situadas a ambos lados de la Mesa, mostraron un primer plano de Rajoy con gesto ausente. Como ido. Como recordando la célebre frase de Estanislao Figueras tras un demencial consejo de ministros: “Señores, voy a serles franco, estoy hasta los cojones de todos nosotros“.

No le faltaba razón al presidente. Se había enterado pocas horas antes de la publicación del video de Cifuentes, y cuando a las doce en punto atravesó el pasillo que conduce a los vomitorios del Congreso —por donde acceden sus señorías al hemiciclo— estaba ya todo el pescado vendido: Cifuentes había dimitido un cuarto de hora antes. Pero no todo estaba bajo control. Rajoy, una vez que accedió a su escaño, se cruzó de piernas, y uno de sus pies delató su ansiedad.

Mientras Montoro hablaba y hablaba, las generosas extremidades de Rajoy apuntaron a su izquierda buscando ganar espacio. En concreto, se dirigieron hacia la grada futbolera que cobija a los fotógrafos dentro de hemiciclo. Y fue entonces cuando su pie derecho, montado sobre el izquierdo, comenzó a moverse de forma nerviosa, hasta espasmódica. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Así, algo más de un minuto. Un hecho singular impropio de un político muy bregado que desde diciembre de 2011 ha convertido su escaño de presidente del Gobierno en un remanso de paz. Incluso, en los momentos más duros de la crisis. Sin duda, porque Rajoy es un diputado muy disciplinado y rara vez gesticula, lo que denota sobriedad y un elevado autocontrol.

Pero es probable que aquella mañana Rajoy pensara que su ciclo político se había agotado. Jaque al rey que amenaza con ser mate. Desde luego, no solo por el asunto Cifuentes, feo donde los haya, sino porque en la tarde anterior había tenido que entregarse con armas y bagajes al PNV, con lo que ello representa para muchos votantes conservadores en pleno clima de tensiones territoriales a cuenta de Cataluña. Una nueva concesión a los nacionalistas que nadie como Albert Rivera será capaz de capitalizar.

Rajoy, aquella mañana, recordaba a Rodríguez Zapatero, quien el 12 de mayo de 2010, también miércoles, y obligado por la comunidad internacional (el propio Obama presionó al Gobierno socialista), anunció el mayor recorte del gasto público de la reciente historia económica. Zapatero sabía que era la única manera de salvar a España del rescate, pero también era consciente de que era lo mismo que condenar al Partido Socialista al averno, donde aún sigue ocho años después.

La pieza de los jubilados

La economía española, afortunadamente, ya no está con el agua al cuello, pero Rajoy sabe mejor que nadie que su mayor caladero de votos está entre los pensionistas, y por eso no podía dejar escapar la pieza de los jubilados. No en vano, casi once millones de españoles (uno de cada cuatro) tiene más de 60 años, y algo más de ocho millones cobra una pensión pública.

La Seguridad Social, por eso, es algo más que un asunto estratégico para el Partido Popular. Es el todo o nada. Como el miércoles pasado, lo era la aprobación de los Presupuestos a cualquier precio, incluso generando desconcierto e incredulidad en muchos altos cargos —Alberto Nadal, Tomás Burgos, el propio Montoro…— que se han desgañitado negando la subida de las pensiones como el IPC. Muchos ministros se enteraron de los recortes de Zapatero en sus escaños, y muchos altos cargos del PP no salían de su asombro cuando escucharon a Aitor Esteban, el portavoz del PNV, desgranar las medidas.

Era, sin embargo, el todo o nada para el PP, que ya no solo es un partido residual en Cataluña y el País Vasco, los dos territorios que generan mayores tensiones. En dos de sus feudos tradicionales —Madrid y la Comunidad Valenciana— la presión de Ciudadanos es tan intensa, también en Andalucía, que el castillo que levantó Aznar en el Congreso de Sevilla (año 1990) comienza a derrumbarse.

La debilidad de Rajoy es tan obvia que el propio Montoro, que pocas horas antes se había enterado del acuerdo entre Rajoy y Andoni Ortuzar, presidente del PNV, fue obligado a callar sobre lo pactado. El ministro de Hacienda no hizo ninguna mención a la subida de las pensiones en su primera intervención porque esa era la pieza electoral que se querían cobrar los nacionalistas vascos, presionados por muchos prejubilados de la reconversión industrial.

Era evidente que aquella mañana el PP tenía un problema. Lo que sucede en Cataluña lo capitaliza electoralmente Ciudadanos, mientras que la subida de las pensiones como el IPC, la rentabiliza el PNV. Ni siquiera la recuperación económica —el PIB encadenará un ciclo de seis años consecutivos creciendo alrededor de un 3% al final de la legislatura— da votos al PP.

Como sostiene, un sagaz analista, muy próximo al viejo Partido Popular de Aznar, la situación es “irreversible”. Cuando un partido con enorme capilaridad en todo el país (es el partido con más afiliados) no es capaz de capitalizar sus decisiones más generosas es que se ha desconectado del electorado. Probablemente, asegura, porque la crisis ha sido muy dura y ha golpeado con especial crudeza a las clases medias urbanas, precisamente, donde arrasaba el PP. “Es una recuperación sin votos”, concluye. Y ni siquiera la estabilidad política que confiere aprobar los presupuestos es hoy un activo electoral suficiente para dar la vuelta al desastre.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? El economista César Molinas tiene una teoría: “El problema no es Rajoy o el Partido Popular, el problema es que el sistema político está agotado. Hay ambiente de fin de régimen”.

Regeneración democrática

¿Qué quiere decir Molinas?, pues que el proceso político iniciado con la Constitución de 1978 se ha movido en los últimos años por inercia, y aunque hay nuevos jugadores en la política nacional —Podemos y Ciudadanos— lo cierto es que los problemas de fondo, en particular la regeneración democrática y la reforma de algunas instituciones obsoletas, siguen ahí. La corrupción del pasado se cobra hoy sus víctimas.

Su conclusión es que los dos grandes partidos se niegan a atacar los problemas subterráneos de la democracia española. Y si primero ‘cayó’ el Partido Socialista, con sus ruinosos resultados electorales en beneficio de Podemos, ahora le toca el turno al Partido Popular, que observa con pavor cómo Ciudadanos le come la tostada con un discurso oportunista en el que el adversario político siempre es el responsable de lo malo, mientras que las cosas positivas (como la bajada de impuestos o la reforma de los autónomos) es fruto del compromiso de Rivera con la gobernabilidad del país.

¿Cuándo se torció todo para el PP? Curiosamente, a partir de 2012. La llegada al poder significó una enorme descapitalización del partido, tanto ideológica como orgánica, lo que explica que haya entrado en el peor escenario: discutir clandestinamente sobre el futuro del líder. Es decir, si Rajoy se presenta o no se presenta a un nuevo mandato, lo cual ahoga cualquier debate interno y convierte al partido en un zombi político.

Hasta el punto de que ha “externalizado” en los jueces la cuestión catalana, y, en paralelo, ha convertido al PNV en el gran mediador de este país. Tanto para desbloquear los presupuestos del Estado como para buscar un Gobierno ‘limpio’ en Cataluña, que es el último agarradero del Gobierno para sobrevivir.

Rajoy necesita que haya un Govern limpio para frenar la sangría de votos en favor de Ciudadanos, pero mover el transatlántico es siempre una operación lenta, sobre todo, cuando está judicializada por ausencia de política, y de ahí que el objetivo número uno de Moncloa sea ahora pacificar el frente catalán, aunque haya que comulgar con ruedas de molino. Paradojas de la política, un partido soberanista, el PNV, es hoy quien zurce los problemas territoriales del país.

El futuro de Rajoy, sin embargo, no es lo más transcendente. Lo que está en juego es un recambio en la correlación de fuerzas del centro derecha. El economista César Molinas, de hecho, no descarta que Albert Rivera, que se mira de forma obsesiva en Macron, quiera ir convirtiendo a Ciudadanos en un movimiento parecido a ‘En Marche!’, el exprés que llevó al Elíseo al presidente francés. Entre otras cosas, porque el terreno está abonado. De ahí que su estrategia pase por buscar compañeros de viaje (como Valls) ante su escasa presencia territorial.

Musculatura intelectual

Como sostiene un antiguo dirigente del Partido Popular, el PP de Rajoy ha perdido no solo su coherencia ideológica con sus continuos golpes de timón en la política presupuestaria, sino que carece de musculatura intelectual. “Es un partido exhausto muy bajo de defensas”, asegura, y las perspectivas son peores porque después de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre los vetos del Gobierno, Rajoy va a ver como el parlamento desmonta una a una las leyes que aprobó cuando tenía mayoría absoluta.

Lo paradójico es que los problemas del PP, en plena crisis de identidad, coinciden con un fenómeno más de fondo que tiene que ver con la progresiva derechización de la sociedad española, y, que, curiosamente, está capitalizando un partido que se presentó como de centro izquierda, como es Ciudadanos, y que hoy es el preferido del Ibex (Rajoy siempre ha despreciado los cenáculos y los mentideros de los poderosos, al contrario que Rivera).

Es decir, que, ni siquiera en su terreno natural, el PP es capaz de ganar votos y de rentabilizar la salida de la crisis. No hay pendulazo ideológico. Un partido de derechas es probable que sustituya a otro de derechas, lo cual deja a la izquierda en una situación inaudita.

La ruptura con la Faes de Aznar, de hecho, ha dejado al Partido Popular huérfano de ideas, y hoy se han dinamitado esos espacios de autonomía que en cualquier sistema político debe haber entre el partido (que es quien gana las elecciones) y el Gobierno, que es quien gestiona el poder. Hoy manda Moncloa, o, mejor dicho, el rey Rajoy, y Génova es un mero apéndice administrativo que se come todos los marrones. Entre otras cosas, porque la secretaria general, Dolores Cospedal, es ministra de Defensa, y lo último que le preocupa en la vida es el partido, más allá de haber tenido que acudir el mismo miércoles a la puerta del sol para sofocar el incendio provocado por el video de Cifuentes.

La ausencia de debate, como destaca otro exdirigente popular, es tan evidente que ya ni siquiera en el Consejo de Ministros hay alguna discrepancia, como las que pudo haber en tiempos de García-Margallo, cuando cuajó una línea de pensamiento crítica con la bicefalia imperfecta (Rajoy-Sáenz de Santamaría). Hoy, Rajoy sigue con su vieja guardia de los tiempos de la oposición (Montoro o Báñez), y solo ha incorporado a algunos independientes sin peso político. Como intentando hacer bueno aquello que aconsejaba Franco a uno de sus ministros: ‘Hágame caso, no se meta en política’.

Quien sigue haciendo hoy la política, sin embargo, son las cloacas del Estado, que han creado monstruos informativos salidos del gabinete del doctor Caligari en el Ministerio del Interior, y que marcan el paso a Moncloa, donde la consigna es no hacer política. Solo gestión. Y ya se sabe lo que le sucedió a Margallo, invitado por Rajoy a dejar el Gobierno. Al exministro de Exteriores, desde entonces, le gusta repetir lo que dijo Bruto tras el asesinato de Julio César: “Qué me importa la suerte del César, cuando lo que está en juego es la suerte del imperio”.

 

3.

 

Aurora NACARINO-BRABO, “La Manada, cabeza, corazón, feminismo y populismo” a Letras Libres /1-05-18)

http://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/la-manada-cabeza-corazon-feminismo-y-populismo

La sentencia sobre el caso de La Manada ha propiciado un gran debate social. En los últimos tiempos son varios los casos judiciales que han despertado polémica. Sin embargo, es posible que ninguno lo haya hecho como el de la violación múltiple sufrida por una joven de 18 años en unos Sanfermines. ¿Por qué? Propongo cuatro elementos para un cóctel socialmente explosivo:

1        El factor pasional. No es novedoso. Hay ciertos crímenes que tienen la capacidad de despertar una gran indignación ciudadana. Aquellos que tienen por víctimas a menores de edad, así como los delitos sexuales cometidos contra mujeres, son especialmente proclives a desatar una reacción social iracunda. Estas respuestas suelen guiarse, por decirlo con Montesquieu, más por la “fogosidad” que por los “designios” de la masa. Por supuesto, se sustentan en unos hechos objetivos horrorosos que amparan la sensibilidad y la rabia, pero, por ello mismo, se manifiestan siempre al filo de la venganza.

Quien ha sido dotado para la empatía, quien puede conmoverse profundamente ante el dolor ajeno, tal vez carezca también del temple que exige la administración de la justicia. Es la razón por la que los tribunales son instituciones contramayoritarias que operan al margen del sentir de la calle. No quieran saber la justicia que impartiría yo, dejada a mis instintos, contra cualquiera que atentara como un bárbaro contra mi familia. Por eso entiendo el Poder Judicial como el mástil al que Ulises, prudentemente, se ató para resistir los cantos de sirena.

2        La ola feminista. Es indudable que vivimos un tiempo protagonizado por las demandas de igualdad. Cabe preguntarse por el impacto político que pueda tener el movimiento feminista. Las estadísticas afirman que se trata de una reivindicación transversal: los electorados de todos los partidos se dicen concernidos por la necesidad de avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Este hecho, a priori, no parece posicionar el feminismo como un clivaje que pueda rendir grandes réditos electorales, salvo que, ignorando la composición de su electorado, algún partido decida posicionarse fuera del marco feminista, algo que parece estratégicamente poco sensato. El feminismo solo podría convertirse en un factor divisivo si alguna formación decidiera extremar sus reivindicaciones sobre este eje, arrastrando el marco para dejar fuera de él a otras opciones. No obstante, extremar una posición siempre implica un riesgo de pérdida de electores hacia el centro, quizá la razón por la que no hemos visto propuestas arriesgadas en el ámbito de género.

3        El momento populista. El populismo busca la ruptura del sistema para proponer un nuevo orden constituyente. En España tenemos dos tipos de propuestas populistas: una de ámbito periférico y otra de ámbito nacional. Desde la periferia, el independentismo catalán persigue el debilitamiento institucional porque considera que ello le aproxima a su objetivo de conseguir un estado propio. Desde la competición nacional, Podemos enarbola un discurso de ruptura con el “régimen del 78” que exige una crisis sistémica.

No basta con la desafección política, es preciso que los ciudadanos dejen de percibir sus instituciones como legítimas para poder plantear un nuevo proceso constituyente (no en vano, el último libro del Instituto 25M, factoría de Podemos, se titula “Crisis constitucional e impulso constituyente”). Este objetivo se intentó con la defensa del derecho a decidir, tratando de aprovechar la crisis territorial que constituye el problema institucional más importante de España. Sin embargo, la estrategia salió mal, demostrando que en España existe una izquierda jacobina no desdeñable y que no es posible ofrecer un proyecto para el conjunto de la nación aliándose, a un tiempo, con el discurso soberanista que reta la unidad territorial. Por esta razón, el populismo ha buscado nuevos frentes de ruptura que puedan conducir al desprestigio institucional que requiere una crisis sistémica. Lo ha intentado con el feminismo, aunque cabe pensar que tampoco tendrá éxito en su empresa por dos motivos: por un lado, como hemos mencionado arriba, se trata de una reivindicación muy transversal que, lejos de morar en los márgenes del sistema, define a la sociedad española actual; por otro lado, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, despierta un notable rechazo entre el electorado femenino.

La sentencia sobre el caso de La Manada ha permitido al populismo buscar la crisis sistémica en el desprestigio del Poder Judicial, por la vía de la intersección entre el feminismo y la justicia, esto es, entre la reivindicación social más importante de nuestros días y la pasión que desatan los grandes crímenes. No es casualidad que estos días hayamos visto a destacados líderes del independentismo, así como a los principales representantes de Podemos, dirigir enconadas críticas y acusaciones de parcialidad contra la justicia española.

En todo caso, no podemos olvidar que si existen partidos populistas es porque una parte de la sociedad ha abrazado valores populistas (y al revés: la relación entre élites y votantes produce cierta endogeneidad). No pueden ignorarse los preocupantes mensajes que se han lanzado contra la judicatura en los últimos días, algunos de ellos provenientes de las más altas instancias del Estado, por poner el ejemplo de Rafael Catalá, cuyas declaraciones contra un magistrado son impropias de un ministro de Justicia.

En ocasiones puede ser difícil para quien ha de competir electoralmente contradecir una corriente social. Sin embargo, los líderes de altura son aquellos que tienen el arrojo de explicar posturas que quizá encuentren oposición popular. Son quienes, por medio de la argumentación, pueden guiar a la opinión pública, e incluso hacerla cambiar de parecer.

Todo ello conduce a una pregunta: ¿Puede la indignación desatada por el caso de La Manada convertirse en un factor de ruptura constitucional? Esta pregunta nos lleva al último punto del artículo.

4        La razón reformista. Aunque en el debate en las calles y los medios de comunicación ha predominado el elemento pasional, de forma paralela y menos ruidosa al proceso se ha desarrollado un debate de pretensiones racionales y sosegadas, que no ha caído en el escarnio contra los jueces, que no ha aprovechado para devaluar todo el sistema judicial español, que no ha propuesto una justicia popular que sustituya a las instituciones contramayoritarias y que ha situado el foco en una reforma de la ley, de acuerdo con los cauces normativos establecidos, que permita resolver las dificultades de interpretación de los jueces en los casos de violación.

Aunque los debates racionales atraen una menor atención mediática, probablemente representen posturas mayoritarias en el seno de la sociedad. Por este motivo, volviendo a la pregunta de si podrá la indignación contra La Manada convertirse en un factor de ruptura constitucional, cabe esperar que la contradicción que ha despertado el conflicto se resuelva en una síntesis que se parezca más a una reforma ordenada, canalizada por la vía parlamentaria, que a un ascenso de las opciones políticas rupturistas. Así han de procurarlo al menos los partidos constitucionalistas, enarbolando un discurso responsable que se aleje de la demagogia, que no desacredite la actuación de los jueces y que renuncie a legislar en caliente.

 

4.

 

Fernando VELAYOS, “El difícil encaje tributario de la economía digital” a Agenda Pública (2-05-18)

http://agendapublica.elperiodico.com/el-dificil-encaje-tributario-de-la-economia-digital/

El ministro Montoro acaba de anunciar que España establecerá un impuesto sobre los servicios digitales.

De entrada, sorprende que esta medida venga a compensar la anunciada subida de las pensiones porque, según los cálculos de la propia Comisión Europea (págs. 69-71), adaptados convenientemente a España, a un tipo impositivo del 3% nuestro país recaudaría un máximo de 265 millones de euros con este nuevo impuesto (a pesar de que en su Plan de Estabilidad, el Reino de España presupuesta al parecer 600 millones), cifra muy modesta y muy alejada de los 3.300 millones de euros que representa la subida de las pensiones. Además, en estos momentos la medida es sólo una propuesta de Directiva y exige unanimidad para su aprobación al ser de naturaleza fiscal, lo cual puede significar años. Por si todo esto fuera poco, recordemos a este respecto que el propio ministro había rechazado su aplicación unilateral.

Pero, sobre todo, este anuncio debe hacernos reflexionar sobre las dificultades de gravar los modelos económicos derivados de la economía digital mediante los sistemas tributarios actuales. Es decir, no tenemos una idea clara de qué se debe gravar exactamente, ni quién tiene derecho a hacerlo, ni la mejor manera de conseguirlo. Sobre este desajuste hay un consenso bastante amplio. En esencia, tenemos hoy unos impuestos sobre la renta que gravan el beneficio transfronterizo basado en criterios de presencia física: se grava en aquel país donde se encuentran los activos físicos o los empleados.

Pero en la economía digital priman los activos intangibles (patentes tecnológicas, el know-how y las marcas), se puede generar riqueza sin presencia física en un territorio y, lo que es incluso más sorprendente, sin que el usuario del servicio pague a veces nada a la empresa o comunidad digital de la que es usuario o miembro. Además, existe probablemente un desajuste entre los modelos de empleo de esta nueva economía y el tratamiento tributario y de Seguridad Social de los trabajadores, si bien esto último no es el objeto de esta contribución.

En este contexto, es más fácil entender por qué los sistemas tributarios actuales no sirven para capturar todos los beneficios de las empresas digitales, o cuando menos fomentan que las empresas, mediante distintos mecanismos de elusión, localicen aquéllos lejos de donde la tributación es más alta; lo que, por cierto, coincide en gran medida con el lugar donde se hallan los usuarios de estas entidades digitales.

Ahora bien, el que haya, hasta cierto punto, un diagnóstico preciso y compartido del problema no significa que se haya encontrado la solución. Bien es verdad que con las iniciativas internacionales de transparencia fiscal y de BEPS (ejercicio contra la erosión de bases imponibles y el traslado artificial de beneficios a otras jurisdicciones) se ha logrado avanzar parcialmente, porque al menos las empresas digitales no pueden planificar su tributación para minimizarla sin exponerse por ello a un riesgo hoy mucho mayor de ser descubiertas y regularizadas. Pero persiste una serie de dificultades de índole conceptual, política, técnica u operativa sobre las que no hay acuerdo ni solución sencilla.

Antes de repasar las dificultades más importantes, quizá convenga mencionar que la Comisión Europea es bastante consciente de esta situación y por eso recomienda soluciones a dos niveles. El primero es de carácter permanente y completo y, según reconoce la propia Comisión, requiere un consenso mundial mucho mayor para poder aplicarse. El segundo es una propuesta provisional, parcial (grava la prestación de algunos servicios digitales) y modesta en términos recaudatorios, como hemos visto; y es a ésta a la que ha hecho referencia Montoro. Sin embargo, las dificultades que mencionaremos no quedan resueltas con esta medida provisional, que sólo constituye un paliativo.

¿Qué se entiende por economía digital?

Ésta es la primera pregunta (en términos técnicos se traduce por identificar el objeto tributario) y su respuesta es compleja. Empieza por la discusión sobre el comercio electrónico de bienes físicos, porque si la totalidad de la experiencia de una compra, incluyendo una parte del servicio post-venta, se hace a distancia, es difícil negar que estamos ante una venta digital, aunque luego el producto llegue por otro canal.

Además, hay otras áreas de la economía 100% digital o en línea donde surge la duda: los servicios bancarios online, el juego por internet, incluyendo las partidas de póker (u otras), el trading, el crowdfunding (financiación participativa)… ¿son economía digital o, por tratarse de sectores generalmente regulados y supervisados deben escapar del objeto del impuesto? ¿Y qué decir de las empresas de telecomunicación tradicionales, que combinan la provisión de servicios de telefonía -en declive- con la de datos para navegación por internet? ¿Qué decir de los periódicos y revistas que combinan versiones en papel -en extinción- y digitales? ¿Son economía digital?

El problema queda resuelto en la propuesta de Directiva provisional porque define el objeto tributario en una forma extremadamente estrecha, abarcando tan sólo la publicidad y las plataformas participativas (Uber, Airbnb, etcétera), pero sigue abierto para cuando se planteen soluciones ambiciosas.

¿Quién tiene derecho a gravar los beneficios resultantes de esta economía?

De acuerdo con el marco internacional vigente, los beneficios de una empresa se gravan donde la empresa tenga un “lugar fijo de negocios” (que podría incluso ser un servidor, bajo determinadas condiciones) junto con algún nivel de mano de obra. Esto no ha sido sólo campo abonado para la planificación fiscal agresiva, sino que constituye un elemento de disenso de política tributaria entre Estados Unidos y el resto del mundo, porque casi todas las grandes tecnológicas y empresas de la economía digital están, hoy por hoy, en el país norteamericano y no va a aceptar fácilmente un cambio del statu quo en esta materia. Posiblemente éste es, de hecho, el principal escollo por el que no se va a alcanzar un consenso político planetario a corto plazo, a menos que la tendencia hacia el desprestigio estadounidense que se está generando en otros ámbitos (como el acuerdo con Irán, las disputas comerciales o la cuestión del clima) acabe traduciéndose en una pérdida de influencia geopolítica real y se excluya a EE.UU. del consenso mundial; y se pueda vivir con ello. Sin embargo, esto es poco realista en nuestro ámbito, porque el lugar donde se alcanzan los acuerdos de fiscalidad internacional es la OCDE y allí las decisiones se toman por consenso.

En este sentido, la UE emitió recientemente una recomendación para revisar este punto en los convenios de Doble Tributación que cada Estado miembro tenga firmados, es decir, para conseguir gravar a las empresas de la economía digital en cada país donde operen,  incorporando junto al concepto de presencia física el de presencia digital significativa (por cierto, un viejo concepto ya manejado en el Informe sobre el impacto del comercio electrónico en la fiscalidad española del año 2000; véase pág. 422). Esto no quiere decir que hoy los países no graven en absoluto a las grandes tecnológicas en su territorio por los beneficios que obtienen, pero lo están haciendo mediante interpretaciones un tanto forzadas de ciertas normas o estableciendo tributos unilaterales (como hace la India con su equalisation levy), con merma de la seguridad jurídica y poniendo seguramente en peligro un consenso tributario internacional que se acerca a los 100 años de historia.

¿Cuál es el beneficio que se debe gravar?

Existe acuerdo sobre la necesidad de gravar el valor allí donde se crea. De hecho, todo el ejercicio de BEPS se asienta sobre esta idea central de retornar el valor (para gravarlo) a la jurisdicción donde efectivamente (y no legal o formalmente) se genera. Hasta aquí, perfecto.

¿Pero cuál es ese valor que se genera?

¿Es la idea fundacional, la tecnología que la sustenta y los elementos de marca diferenciales? Porque de ser esto, le corresponde a Estados Unidos. ¿Es el que surge del cliente-pagador: por ejemplo, el anunciante en Facebook, el conductor de Uber, el arrendador de Airbnb o el vendedor de Wallapop? ¿O, por el contrario, el valor de la empresa lo genera el usuario, también denominado ahora prosumidor? Se denomina así pues es a la vez productor de riqueza (al aportar grandes cantidades de información a la empresa que, unidas a los demás usuarios, constituyen una mina de datos de enorme utilidad, incluso para usos espurios) y consumidor de estos contenidos al ser él quien recibe los anuncios, quien contrata los servicios de conductores o casas disponibles, o quien compra los productos que se venden.

La UE, en su propuesta provisional de Impuesto a los Servicios Digitales, se decanta por este último colectivo como generadores de riqueza. Pero lo hace con matices, de un lado porque su propuesta es muy estrecha para reducir fricciones (por ejemplo, no incluye actividades digitales donde la polémica estaría servida, como las agencias de viajes o las empresas que ofrecen contenidos digitales como Netflix). De otro lado, porque no propone gravar los beneficios netos, sino los ingresos brutos. Ésta es una posición ciertamente heterodoxa (como lo es el calificar este impuesto de indirecto, por cierto) pero pragmática, porque la determinación del beneficio neto hubiera sido mucho más ardua al necesitar restar los gastos y costes del ingreso bruto. Entonces habría que haber valorado qué gastos son deducibles y en qué medida; en particular, qué parte de los gastos o costes mundiales lo son. Por ejemplo, ¿la depreciación del intangible generado en EE.UU. lo sería en la UE?

Hasta aquí, por tanto, algunas de las dificultades más importantes que se han identificado, sin mencionar las de índole estrictamente legal ni las de tipo operativo, ligadas al control y gestión del Impuesto, y sin tampoco analizar los efectos económicos negativos de un tributo sobre el ingreso bruto.

Pero resulta claro que la problemática en torno a la fiscalidad de la economía digital es mucho más rica y compleja de lo que estas líneas permiten apuntar, y probablemente enlaza con una cuestión todavía más profunda: el debate sobre la posible necesidad de un nuevo sistema tributario para un contexto socio-económico enteramente diferente al de aquél durante el cual se desarrollaron los dos grandes pilares de nuestros sistemas fiscales: el IVA, heredero de los tributos de la economía pre-industrial, y la imposición sobre la renta, que nació con la era industrial.

Si los elementos de la economía digital, colaborativa, circular y, en definitiva, sostenible nos alejan del paradigma económico industrial y post-industrial, ¿no será necesario un sistema tributario que se adapte mejor a estos modelos productivos?

 

5.

 

Xavier ARBÒS, “La propuesta de deslocalización del parlamentarismo” a IDP Barcelona (2-05-18)

http://idpbarcelona.net/la-propuesta-deslocalizacion-del-parlamentarismo/

No hace falta extenderse mucho para contextualizar el episodio que comentamos. Como se sabe, Carles Puigdemont se encuentra en Alemania, y puede ser detenido si pone un pie en España. Junts per Catalunya, su grupo parlamentario en la cámara catalana, quiere hacer posible su investidura sin que esté físicamente presente en el Parlament, y permitir además que el gobierno de Catalunya opere sin que sus miembros tengan que reunirse en territorio catalán.

Para ello se ha escogido un procedimiento de lectura única previsto en el artículo 138 del reglamento del Parlamento de Catalunya (RPC). Por esta vía debe debatirse una proposición de ley que pretende reformar la ley de la presidencia y del gobierno de la Generalitat (LPGG) en dos puntos. En primer lugar, se quiere ampliar el artículo 4.3, que se refiere al procedimiento de investidura. El precepto dispone que el candidato o candidata a la presidencia de la Generalitat presenta “ante el pleno” del Parlament su programa de gobierno y solicita la confianza de la cámara, y Junts per Catalunya quiere que añada un párrafo nuevo. En él se exime al candidato o candidata de estar presente en la cámara en caso de “ausencia, enfermedad, o impedimento” si el pleno de la cámara lo autoriza. En segundo lugar, la proposición de ley busca la adición de un nuevo párrafo 3 al artículo 35 de la ley de la presidencia y del gobierno. El apartado aspira a que todos los órganos colegiados previstos en la LPGG se puedan “constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.” Además, concreta que, en las sesiones que celebren los órganos colegiados, sus miembros pueden encontrarse en lugares distintos, siempre que la vía de comunicación que utilicen permita garantizar la identidad de los intervinientes. Tras su entrada en el registro, Junts per Catalunya presentó algunas enmiendas. Sobre esas enmiendas y sobre el núcleo de la proposición de ley, el Consejo de garantías estatutarias (CGE) emitió un dictamen el pasado 26 de abril, a petición de los grupos parlamentarios del PSC y de Ciudadanos.

Antes de entrar en su contenido, puede ser interesante hacer unas consideraciones generales previas, al margen de la coyuntura política y de las referencias normativas concretas. Porque el asunto que nos ocupa toca de lleno el núcleo del parlamentarismo tal como lo conocemos en nuestro país. La investidura es un momento solemne, en el que de modo público el candidato o candidato a la presidencia presenta su programa ante los representantes de la ciudadanía. El debate público subsiguiente y la votación son, además de un trámite exigido por el derecho, una fuente de legitimidad. A las preguntas clásicas “¿quién manda?” y “¿para qué manda?” se puede dar respuesta, por lo menos en el plano institucional, a partir de la investidura: el nombre de quien ocupe la presidencia y su programa.

Una investidura sin la presencia del candidato o candidata devalúa el debate sobre el programa. No es posible apreciar plenamente la credibilidad de su discurso, ni observar cómo responde a las críticas. Es difícil si lo hace por videoconferencia, e imposible si el discurso es un escrito leído por un diputado distinto del candidato. Y, en cuanto al “¿cómo manda?”, debemos imaginar el supuesto de un gobierno que no se reúne en la misma sala, y cuyo máximo responsable no pone los pies en el territorio en el que ejerce sus atribuciones. No parece que eso sea compatible con un verdadero ejecutivo, capaz de hacer cumplir las leyes y de orientar la política.

La acción pública afecta a personas reales que viven en un territorio concreto, y, en este sentido, no es irrelevante que el Estatuto catalán (EAC, art. 10) sitúe las sedes permanentes del Parlamento, de la presidencia de la Generalitat y de su gobierno en Barcelona. Contempla la posibilidad de que se reúnan fuera de la ciudad condal, pero deben hacerlo en todo caso en el territorio de Catalunya. La reforma propuesta por Junts per Catalunya no solo choca con la lógica de un sistema parlamentario, eximiendo a la más alta autoridad catalana del trámite de un debate de investidura digno de ese nombre. La regla de unidad de lugar, tiempo y acción se aplican al funcionamiento de las cámaras en sus actos más importantes. Ese canon teatral permite que tenga lugar la representación física, inmediata y pública. La literatura, el cine y las artes escénicas han abandonado esa pauta aristotélica que encorsetaba la creatividad en la ficción. Pero en la realidad de la política prima la responsabilidad ante el público que forma la ciudadanía.

Esa responsabilidad se encuadra en normas concretas de nuestro ordenamiento, que pueden ser vulneradas por la iniciativa que comentamos. Así lo aprecia el dictamen del CGE, en dos aspectos. El primero se refiere al procedimiento, y el segundo al contenido. Se pretende tramitar la propuesta por el procedimiento de lectura única previsto en el artículo 138 RPC, y el dictamen del CGE recuerda que la ley de la presidencia es una norma de desarrollo del Estatuto de Catalunya, como dispone su artículo 62. Por su importancia, hay que excluir una vía de reforma que hace imposible la formación de la ponencia conjunta que prevé el art. 129.1 RPC. Esto es, impide que la Mesa opte por favorecer el consenso en las modificaciones de las principales leyes institucionales. No es poca cosa, y el CGE acompaña su argumentación planteando además una reserva de reglamento, que afecta al principio de autonomía reglamentaria establecida en el art. 58 EAC. El reglamento de la cámara catalana (art. 149 RPC) regula las formas por las que debe transcurrir la investidura, y no cabe que la norma legislativa entre en un ámbito que el CGE considera que corresponde a la norma reglamentaria.

En cuanto al contenido, el CGE atiende tanto a la propuesta de cambios en la investidura como a las que afectan al funcionamiento del gobierno catalán. Además de los problemas de la lectura única y la reserva reglamentaria, la investidura propuesta resulta “manifiestamente inconstitucional y antiestatutaria” porque recorta “el contenido nuclear y sustantivo del procedimiento de investidura”, ya que permite soslayar los “principios de oralidad, contradicción e inmediatez” propios del debate (FJ cuarto, 1.B), que son recogidos en los artículos 60.3 y 73 EAC, y en los artículos 149 y 150 RPC, entre otros. Hay que destacar que la proposición llega al extremo de admitir una investidura en la que el discurso de investidura se hace llegar a la cámara por escrito. Ni siquiera un contacto por audio o vídeo en directo: un texto.

El CGE admite la regularidad constitucional y estatutaria de alguna de las propuestas de reforma del funcionamiento del gobierno catalán. Así, acepta que haya sesiones a distancia del ejecutivo autonómico con el uso de medios telemáticos. Sin embargo, recuerda que no es admisible, ni en el plano constitucional ni desde el punto de vista del Estatuto, que este tipo de sesiones desplacen el régimen general de las sesiones presenciales. Y los medios telemáticos solo permiten una asistencia virtual en el interior del territorio catalán: recordemos que el art. 10 EAC permite que el gobierno pueda reunirse fuera de su sede barcelonesa, pero siempre en Catalunya. Quien se encuentre fuera de ella está ausente y deben entrar en juego los mecanismos de suplencia a los que se refiere el art. 67.8 EAC. Una de las propuestas para reformar el art. 35 LPGG excluye de hecho la aplicación de esos mecanismos si los miembros del Gobierno despachan por medios telemáticos, y el CGE considera por ello que se incumple el Estatuto.

Como se ve, el dictamen no descalifica de plano el uso de las nuevas tecnologías. Pero fija unos límites suficientemente claros para que no se desvirtúe el núcleo fundamental de la forma de gobierno parlamentaria que establece el Estatuto de acuerdo con el artículo 152.1 de la Constitución. En síntesis: el gobierno catalán gobierna desde Catalunya, y quien lo presida debe ser investido en Catalunya estando en su Parlamento. No se puede deslocalizar el parlamentarismo.

 

6.

 

Ramón GONZÁLEZ FÉRRIZ, “La gran paradoja: mayo del 68 como origen del liberalismo moderno” a El Confidencial (1-05-18)

https://blogs.elconfidencial.com/cultura/el-erizo-y-el-zorro/2018-05-01/mayo1968-especial-opinion-gran-paradoja_1555407/

El lunes 13 de mayo de 1968, día de huelga general, centenares de miles de personas salieron a las calles en París. Fue una manifestación tradicional y ordenada, muy distinta de las protestas que se habían sucedido durante las semanas anteriores en las calles del Barrio Latino, en las que los estudiantes y la policía se enfrentaban ritualmente, con una violencia controlada pero creciente, alrededor de la Universidad de la Sorbona. Ese día, sin embargo, la marcha no solo estaba coorganizada por los movimientos estudiantiles anarquistas o trotskistas y los sindicatos de maestros, sino también por los poderosos sindicatos del sector industrial, como la Confederación General del Trabajo (CGT) o la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), que tenían profundos vínculos con el Partido Comunista y el socialista. Todos juntos, jóvenes revolucionarios y encallecidos sindicalistas, desfilaron bajo pancartas que reivindicaban ‘Las universidades para los estudiantes, las fábricas para los Había sido enormemente complicado llegar a esa posición común. Las asociaciones juveniles vinculadas al Partido Comunista se habían negado, pocos meses antes, a participar en las protestas contra la guerra de Vietnam organizadas por los trotskistas. Georges Marchais, un destacado comunista francés, llamó a los estudiantes “hijos de papá”. Y cuando empezaron a convivir en las manifestaciones, algunos obreros tuvieron claro que aquellos chicos se convertirían en sus jefes cuando terminaran la carrera. Los estudiantes, en cambio, creían de veras que podían hacer la revolución juntos, aunque quizás hubieran idealizado a la clase trabajadora.

Por supuesto, esto no era una novedad dentro de la izquierda, donde las tensiones entre los obreros y los intelectuales de clase media, que se veían a sí mismos como la vanguardia del movimiento, habían sido habituales al menos desde la Revolución rusa. Pero en el 68 se volvieron particularmente evidentes. En París, los estudiantes rechazaban por igual el capitalismo y el comunismo de estirpe soviética —aunque tenían grandes esperanzas en el comunismo cubano y en el chino—, consideraban el trabajo organizado una actividad alienante en sí misma y ponían las preocupaciones sexuales en el centro de sus reivindicaciones. Su impulso revolucionario quizá no pretendiera ocupar el poder, pero sí transformar de arriba abajo la sociedad y, de paso, obtener la cabeza de De Gaulle. Los partidos comunistas de la época —el francés, el italiano e incluso a su manera el español, a pesar de seguir siendo ilegal bajo la dictadura— estaban abandonando toda pretensión revolucionaria. Eran conscientes de la inmensa capacidad de negociación que tenían con la patronal y los gobiernos, y en la década y media anterior habían comprobado que eso les permitía mejorar enormemente sus salarios y condiciones de trabajo y acercarse, si no en cultura e identidad sí en capacidad de consumo, a la clase media.

En realidad, los incentivos de los estudiantes y los obreros no podían ser más distintos. De hecho, el final de lo que conocemos como el ‘mayo francés’ empezó cuando el primer ministro, George Pompidou, tras semanas de una huelga general que había paralizado la economía nacional, despeñado el franco y desabastecido París, negoció con los sindicatos y la patronal. Se pactaron aumentos del sueldo mínimo y de la media salarial, la ampliación de las vacaciones y un refuerzo de la presencia sindical en las empresas. Los obreros volvieron escalonadamente al trabajo. Los estudiantes lo consideraron una inmensa traición. Tras un mes en que el presidente parecía derrotado, De Gaulle recuperó su instinto político y convocó unas elecciones legislativas que ganó su partido: obtuvo 294 diputados frente a 57 de los socialistas y 34 de los comunistas. La derrota política de los jóvenes fue absoluta. Pero su victoria cultural y moral sería, a medio plazo, innegable.

Los acontecimientos de mayo en París no fueron un hecho aislado. En 1968 se produjeron revueltas estudiantiles, cada una con sus propias características, en Alemania, Italia, Estados Unidos, México, Japón y, modestamente, en España. Estos países, a pesar de sus muy distintos sistemas políticos, compartían algunos rasgos comunes: disfrutaban de un largo ciclo de crecimiento económico, habían experimentado grandes migraciones del campo a la ciudad que provocaron desarrollos urbanísticos desaforados, su clase media había crecido enormemente, y con ella una población estudiantil que desbordaba las universidades. La izquierda, además de descubrir su poder de negociación, se estaba transformando lentamente en mitad de una Guerra Fría donde los apoyos a la Unión Soviética, fuera de su órbita, eran cada vez menores. (E incluso dentro de ella, como demostró el caso de Checoslovaquia: también en 1968, el Gobierno de ese país intentó darle al socialismo un ‘rostro humano’, cierta libertad de prensa y de expresión y una representación democrática. En respuesta, la Unión Soviética mandó los tanques del Pacto de Varsovia, invadió el país y terminó con la llamada Primavera de Praga y, quizá, con el poco prestigio que le quedaba al comunismo soviético).

En Estados Unidos, la reivindicación estudiantil se mezclaba con la de los derechos civiles de los negros. Ese año fue asesinado su líder, Martin Luther King, que abogó una y otra vez por la lucha pacífica; su muerte alentó a quienes creían que esa vía estaba muerta y apostaban por la violencia, y provocó que tras su funeral se produjeran graves disturbios en varias ciudades del país. De hecho, a lo largo de 1968, muchos de los grupos que participaban en las protestas empezaron a ser conscientes de que la estrategia pacífica no servía para hacer la revolución y discutieron intensamente el paso a la lucha armada. Se formaron grupos violentos muy pequeños, dentro de lo que ya era un movimiento estudiantil minoritario. ETA, aunque en un contexto no democrático, mató por primera vez en ese año, y poco después lo harían la Fracción del Ejército Rojo alemana, las Brigadas Rojas italianas o el Ejército Rojo japonés. Sin embargo, ese año quizás el mayor grado de violencia lo ejercieron, además de los tanques del Pacto de Varsovia, las fuerzas del orden del Estado mexicano: el ejército y lo que seguramente fue un comando de la seguridad presidencial mataron a varios centenares de jóvenes que se habían congregado en la plaza de Tlatelolco para escuchar un mitin estudiantil.

Los acontecimientos de 1968 se produjeron en un contexto cultural, tecnológico e ideológico que se había ido fraguando durante toda la década de los sesenta. Los ‘hippies’. La aprobación en varios países de la píldora anticonceptiva. El impacto inconmensurable de la música pop y su mensaje hedonista y subversivo. La informalidad en la ropa o el corte de pelo. La filosofía de viejos maestros como Herbert Marcuse o nuevas estrellas como Guy Debord o Raoul Vaneigem, que afirmaban que el capitalismo era una mentira antidemocrática. La muerte y adoración del Che y la admiración por la Revolución Cultural que en ese momento Mao Tsetung estaba llevando a cabo en China (entonces aún no se conocían sus catastróficos resultados). El impacto de la televisión, que cada vez estaba en más hogares y permitió que las protestas se retroalimentaran de un país a otro. Pero por encima de todo, la guerra de Vietnam: un conflicto que para muchos jóvenes supuso la demostración de que Occidente no se había democratizado ni había abrazado el pacifismo tras la Segunda Guerra Mundial, y que seguía siendo el mismo lugar imperialista, racista y expansionista.

1968 fue un año caótico en medio mundo, aunque en España tradicionalmente el énfasis se haya puesto en el mayo francés. Las televisiones, los periódicos y las radios informaban de acontecimientos no coordinados ocurridos en lugares diversos, pero muchas veces sorprendentemente semejantes, con la sensación de que la revolución o el abismo eran inminentes. Sin embargo, las arquitecturas institucionales de los países donde se produjeron estas revueltas aguantaron casi sin inmutarse: por supuesto, no hubo revoluciones, pero tampoco cayeron gobiernos, no se produjeron grandes reformas fruto de las reivindicaciones estudiantiles y en muchos casos los partidos en el Gobierno se fortalecieron.

Pero, como decía, la influencia de las revueltas en las décadas posteriores fue trascendental, aunque no era la que preveían sus protagonistas. Los jóvenes trotskistas, socialistas, libertarios, anarquistas o maoístas que creían luchar por la izquierda dejaron un legado nítidamente liberal. Querían acabar con el Estado burgués, que consideraban aliado y coordinado con las grandes empresas y los resortes del capitalismo. Pero su lucha acabó dando pie a una mayor tolerancia moral, una menor jerarquía en las relaciones privadas y la disminución del papel del Estado en la ordenación social. También, aunque no fue un movimiento feminista, revolucionó el papel de la mujer en la sociedad. El resultado fue una mezcla fascinante de apertura moral y económica, frivolidad y cuentas claras. Muchos ‘soixante-huitards’ acabaron formando parte del ‘establishment’ político, cultural y económico de los países ricos de Occidente y lideraron ideológicamente a sus élites durante décadas; en muchos sentidos hasta hoy, aunque ahora su influencia ya sea decreciente y el aperturismo tolerante que acabaron defendiendo esté pasando por un mal momento.

Por un lado, no es sorprendente que los jóvenes rebeldes se acaben convirtiendo en adultos poderosos. Se trata, seguramente, de una constante histórica. Más notable es que aquellas revueltas acompañadas de pancartas con el rostro de Mao y el Che, lemas marxistas y provocaciones dadaístas acabaran dando pie al liberalismo contemporáneo. Es la gran paradoja de nuestro tiempo: querían acabar con el capitalismo, pero lo reforzaron y le dieron el aspecto actual. Lo que no sabemos es si la crisis financiera de 2008 acabó con ese legado y si los nuevos revolucionarios serán más peligrosos. En todo caso, esperen verlos en el poder pronto, si es que no están ya.

 

7.

 

Manuel CRUZ, “Cuando la revolución era inminente: a 50 años de Mayo del 68 y a dos siglos de Marx” a El Confidencial (29-04-18)

https://blogs.elconfidencial.com/espana/filosofo-de-guardia/2018-04-29/mayo-de-1968-especial-opinion-revolucion-inminente_1555447/

1. Matar al padre (para abrir boca).- Matar al padre está al alcance de cualquiera. Tanto, que incluso podría llegar a considerarse una perfecta vulgaridad. De hecho, es el empeño al que desde siempre se han dedicado todos los adolescentes (algunos de ellos incluso con saña) mientras lo eran. Lo que ya no está al alcance de todo el mundo es algo que, de producirse, lo hace en la edad adulta, y es la reconciliación (y el eventual perdón, en el caso de que proceda) con la figura paterna. Si el esquema pudiera trasladarse de escala y cupiera aplicar a la más general de la sociedad lo mismo que se predica de las personas individualmente consideradas, diríamos que en este país parece que vivimos en una adolescencia que no cesa, en la que las sucesivas generaciones que van irrumpiendo en la escena pública se muestran obsesionadas, casi sin excepción, por definir su especificidad en base a la determinación que exhiben por acabar de una vez por todas con el legado de quienes les precedieron.

La valoración de dicho legado ni se suele hacer con el necesario detenimiento ni, desde luego, constituye una tarea sencilla o fácil. Una de las situaciones que acostumbra a proporcionarnos la oportunidad de algún tipo de balance, por sumario que sea, suelen ser las conmemoraciones. Pues bien, por una de esas travesuras del calendario han venido a coincidir en el tiempo el 50º aniversario de Mayo del 68 y el 200º del nacimiento de Karl Marx. Por supuesto que podríamos resolver ambos echando mano de la liturgia académico/intelectual más frecuente, y limitarnos a aprovechar la oportunidad que nos proporciona la coincidencia de fechas para destacar la importancia teórica y política tanto del autor como del acontecimiento evocados.

Sin embargo, por más que resulte ciertamente relevante lo anterior, conformarnos con abordar dicha coincidencia en términos de mera yuxtaposición, o de curiosa casualidad, implicaría desaprovechar la oportunidad de plantear una cuestión ante la que importa no pasar de largo, a saber, la específica conexión entre el autor y el acontecimiento de los que estamos hablando. Pero para poder pensar en condiciones dicha conexión, es necesario considerar las realidades por conectar bajo una determinada perspectiva, que no es otra que la de ponerlas al servicio de la clarificación del presente.

Y conviene advertir que para ello no basta con constatar que las realidades que estamos evocando no son de la misma naturaleza, o con señalar que se trata de magnitudes decididamente heterogéneas. Si se quiere que el análisis no quede confinado en esta simple constatación, se impone dar un paso más y señalar por donde pasan las diferencias, tanto de orden cualitativo como cuantitativo, entre ambas. Tal vez sea esa la manera de convertir lo que de otro modo sería un mero artificio contable (los aniversarios) en instrumento que sirva para arrojar algo de luz sobre lo que nos está pasando en estos momentos.

2. Diferencia cualitativa: generación versus tradición.- A los efectos de lo que acabamos de plantear, la diferencia sustancial entre una y otra celebración podría resumirse, no sin cierta verticalidad, en los siguientes términos: mientras que en el caso del aniversario de Mayo del 68 estamos conmemorando el surgimiento de una generación, en el del nacimiento de Marx conmemoramos el surgimiento de una tradición (el marxismo, obviamente). O, por formular esto mismo desplazando apenas levemente los términos: uno de los aniversarios tiene que ver con los protagonistas de un determinado momento de nuestra historia reciente, mientras que el otro se relaciona con unas ideas, las de Marx, que constituyeron en gran medida el material teórico —en muchos casos sometido a profunda revisión, cuando no a furibunda impugnación, todo hay que decirlo— que dibujaba el marco mental desde el que gran parte de aquellos protagonistas interpretaba lo que estaba ocurriendo.

La referencia a la dimensión generacional no es casual ni, mucho menos, irrelevante (por más que, valdrá la pena repetirlo, podríamos describir los mismos hechos enfatizando otros aspectos). Con toda probabilidad, si le estamos concediendo importancia al hecho de que hayan transcurrido medio siglo desde la primavera del 68 es precisamente por el lugar simbólico que ocupa ese momento en una franja de la población que considera definida su identidad como generación por el vínculo imaginario que decidieron establecer con los sucesos parisinos.

Obrando así, dicho sector no hizo nada muy distinto a lo que habían venido haciendo generaciones anteriores y continuaron haciendo después otras que siguieron, esto es, considerarse definidas por un determinado suceso o acontecimiento (incluso hasta el extremo de aceptar ser denominadas a través de etiquetas con esos nombres: ‘generación de la Transición’, ‘generación de la movida’, etc.). Lo mismo, por cierto, que presumiblemente seguirán haciendo en el futuro las generaciones por venir (¿o tal vez alguien duda a estas alturas de que ya se está configurando una generación que gustará de calificarse a sí misma como “la generación del 15-M”?).

Algo parecido podría afirmarse respecto al aniversario del nacimiento de Marx. Lo que se inicia hace ahora doscientos años no finaliza con la muerte del autor de ‘El Capital’, sino que lo trasciende claramente. El conjunto de la obra de Marx constituye lo que se suele tipificar académicamente como marxiano, mientras que toda la riquísima producción teórica posterior que se reclama de dicha obra constituye lo que sería más propio definir como una tradición, el marxismo en su conjunto. También ella, como hace un momento veíamos que les sucede a las generaciones, necesita un ancla en el pasado. Y si para las generaciones ese ancla viene constituida por un determinado acontecimiento, su específico acontecimiento fundacional, para las tradiciones ese mismo referente, más o menos firme, en el pasado lo constituyen los textos de sus clásicos (Marx en este caso, aunque también Engels).

3. Diferencia cuantitativa o hay pasados con más futuro que otros.- Se desprende de lo anterior que, por lo que respecta a mayo del 68, nos encontramos, por así decirlo, ante el cumpleaños de una generación y ello implica de manera casi ineludible, al considerar esa distancia temporal, el análisis retrospectivo de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de todos estos años, cosa en la que ineludiblemente habrá que desembocar. No podrá ser un análisis convencional, como el que se llevaría a cabo en un cumpleaños cualquiera, sino que se encontrará severamente tutelado por el momento fundacional. Mayo del 68 no solo representa la particular manera de anclarse en el pasado de una generación, sino que, en cierto modo, constituye su particular ‘superyó’.

Pero es precisamente este hecho el que, necesariamente, está llamado a determinar la caducidad del aniversario, condenado a perder su sentido con el paso del tiempo, conforme quienes definían su identidad como generación por referencia a aquel mayo vayan retirándose del espacio público (y, posteriormente, de la faz de la tierra). No podría ser de otra manera, desde el momento en que decidimos valorar aquellos sucesos en clave biográfico-generacional. Porque de ello se desprende que el interés de su evocación irá menguando, hasta desaparecer, al compás de la declinante presencia de los biografiados y de su generación.

El aniversario del nacimiento de Marx, en cambio, responde a una lógica por completo diferente, una lógica que, frente a la biográfico-generacional recién comentada, bien podríamos calificar como lógica histórica. Hasta tal punto es distinto el signo de ambas que incluso podríamos sostener que, para el caso de Marx y la tradición por él fundada, durante mucho tiempo el interés siguió el signo contrario al que acabamos de señalar, esto es, creciente, dato que convendría no perder de vista ahora que el hundimiento del socialismo real tiende a ser leído en clave de fracaso de toda la tradición en cuyas ideas declaraba basarse y, por tanto, de pérdida de cualquier interés.

A efectos de no incurrir en este error de perspectiva, bastará con recordar una sola cosa. Si el corto siglo XX, por utilizar la expresión popularizada por el historiador británico Eric Hobsbawm, viene definido por el nacimiento y caída del imperio soviético, así también sus avatares en materia de ideas pueden ser dibujados a la luz (o al trasluz) de la doctrina de la que aquel se reclamaba, esto es, el pensamiento inspirado en la obra de Karl Marx. Una doctrina que, si ocupa un lugar destacadísimo en lo que se suele denominar la secular tradición emancipatoria, por no decir que constituye su episodio culminante, es, a partes desiguales, por su enorme potencia gnoseológica y por su extraordinario aliento moral. De los que, por cierto, parece difícil predicar que se encuentran por completo agotados, aunque no es este el asunto que ahora importa abordar aquí.

4. ¿Balance provisional o recuento de daños?.- Subrayando lo que podríamos llamar uso generacional de Mayo del 68 se pretende neutralizar un equívoco que podría propiciar el haber hecho referencia en lo precedente a protagonistas de aquel momento. Porque deberíamos estar advertidos de que esta condición no garantiza una posición de privilegio gnoseológico respecto a lo protagonizado, y que el coloquial “qué me vas a explicar si yo estaba allí” queda lejos de ser un argumento irrebatible. Más bien al contrario, a menudo es a quienes les toca vivir de cerca una determinada circunstancia a quienes más les cuesta interpretar adecuadamente su experiencia. Este principio general es de estricta aplicación al momento del que estamos hablando. Basta una superficial mirada a los planteamientos teóricos y políticos de aquel momento, especialmente en la izquierda, para certificar hasta qué punto constituía un convencimiento entonces generalizado que una transformación revolucionaria de la sociedad era no solo posible, sino incluso inminente; ilusoria expectativa que el tiempo se encargó de acreditar que significaba un notable error.

Efectivamente, si algo demostró el capitalismo tras la primavera parisina (valga la sinécdoque, porque no todo ocurrió en Francia) fue su formidable capacidad de adaptación a los nuevos escenarios que se fueron abriendo a partir de entonces tanto en la esfera política como en la económica, e incluso en la cultural o de costumbres, ámbito este último en el que los estudiantes europeos y norteamericanos presumían de haber sido particularmente rompedores con lo preexistente. Fábrica, escuela, familia, los tres pilares básicos del capitalismo se han visto sometidos a una profunda transformación (por resumir abruptamente los cambios a los que hemos asistido: no hay fábricas sino trabajo en red, la educación no es lo que era y las familias hoy se constituyen a la carta) que en cierto modo ha desactivado las profundas críticas recibidas en su momento.

Por supuesto que conforme aquellos jóvenes iban dejando de serlo, y constataban que los cambios que tenían lugar en la sociedad no iban en la dirección esperada por ellos, modificaban también sus puntos de vista. En la década de los setenta, por mencionar solo un par de datos, se produce en España el abandono del marxismo por parte del PSOE y en la misma Francia irrumpen con fuerza los entonces denominados “nuevos filósofos”, como Bernard Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann y Alain Finkielkraut, caracterizados precisamente por sus furibundas críticas a lo que consideraban los dogmas de la izquierda radical surgida de Mayo del 68. Podríamos proseguir, y recordar los efectos devastadores que tuvo sobre la izquierda el inicio de la hegemonía neoliberal en la década de Reagan y Thatcher, efectos que culminaron con la caída del muro de Berlín en 1989, que marcó el final del siglo XX.

Ahora bien, de la misma forma que haber vivido, en el modo que fuera, los acontecimientos de Mayo del 68 no garantiza, según hemos visto, interpretarlos adecuadamente, tampoco haber vivido el presunto fracaso de aquellos ideales garantiza que la subsiguiente reacción fuera la adecuada. La revolución no era inminente a finales de la década de los sesenta, eso quedó claro: casi tanto como que algunas de las respuestas que se presentaron después desde la izquierda se revelaron abiertamente insuficientes cuando no equivocadas sin más (¿alguien se atrevería a afirmar hoy que la tercera vía de Tony Blair señalaba el horizonte de futuro para la socialdemocracia europea?).

Nada más fácil en una tesitura así, cuando se constatan los reiterados errores de los protagonistas de la historia, que volver los ojos hacia sus ideas, hacia el ‘en nombre de qué actuaban’, confiando en encontrar ahí la explicación del desafortunado rumbo que acabaron tomando los acontecimientos. En el caso del marxismo, esta tentación ha adoptado dos variantes. Una, la más generalizada, ha sido la de considerar que el resultado final, el hundimiento político de las sociedades que se reclamaban del pensamiento de Marx (las llamadas de socialismo real), constituye una refutación en toda regla de su pensamiento, malinterpretando de esta manera la auténtica naturaleza de la propuesta marxiana, que no cabe reducir a mera ciencia.

Pero también, aunque no tan generalizada, está la otra variante, la de quienes consideran que lo que se ha producido es un mal uso de una propuesta inicial impecable desde todos los puntos de vista. Suelen ser los mismos que recurren al conocido expediente de defender a Marx y condenar a los marxistas. Casi todos proceden de idéntica manera: plantean volver a los textos de los clásicos, esperando encontrar ahí algún tipo de verdad incontrovertible. Como si el hecho de estar en el origen garantizara una especie de pureza teórico-política y como si cualesquiera errores posteriores solo pudieran ser achacables al uso torcido de los escritos canónicos, esto es, los de los fundadores de la doctrina, los de sus clásicos. En el fondo, este era el supuesto en el que se basaba el entero proyecto filosófico de Louis Althusser, como él mismo ya explicaba en el prólogo a la segunda edición de su ‘Pour Marx’ en 1965.

Se trata de dos variantes que, cada una a su manera, no consiguen dar cuenta de lo que pasa, ni en el mundo ni en materia de ideas. Salvar a Marx a toda costa, sea lo que sea lo que se haya hecho en nombre de sus ideas, expresa un recalcitrante numantinismo ideológico demasiado parecido al de quienes sostienen que el comunismo no ha fracasado porque en realidad nunca se implantó en ningún sitio. Difícil tomarse en serio semejante actitud. Claro que lo pensado por quienes se inspiraban en Marx constituye un ‘ismo’ (el marxismo), diferenciable de lo escrito por su inspirador. Pero la historia, la de las ideas y la otra, no es a fin de cuentas más que un gran ‘ismo’: es la historia de lo que hemos ido haciendo con el legado que nos dejaron en herencia nuestros antepasados, remotos y próximos, asunto en el que cada generación tiene su propia responsabilidad, por otro lado, ineludible. Probablemente sea eso lo más importante de lo que ahora está por pensar o, si se prefiere, el motivo de mayor calado por el que vale la pena reflexionar acerca de estos aniversarios.

5. Una conclusión poco concluyente.- Y es que, en esto, finalmente, se resume todo. O, mejor dicho, he aquí la forma en que se conectan o articulan ambos aniversarios, cuestión anunciada desde el primer instante. Mayo del 68 constituye un modo particular —el modo que corresponde a una determinada generación, hoy declinante— de hacerse cargo de la herencia recibida. Porque lo que distingue a fin de cuentas a unas generaciones de otras no es tanto el continuismo o el rupturismo que pretenden representar respecto al pasado, como la específica manera en que asumen dicho legado. Por eso, dando un paso más en el razonamiento, el mejor destino que le puede aguardar a una generación es el de terminar aportando algo a la tradición a la que se incorpora. Todo ello con independencia del estrépito o sosiego con el que haya irrumpido en su propio tiempo, de la actitud iconoclasta o plácida con la que se haya podido dar a conocer. Lo que nos devuelve al punto de partida del presente escrito o, lo que viene a ser lo mismo, nos aboca al punto final.

Permítanme que lo diga con toda claridad, aunque sea ya para terminar: lo que puede ser humanamente comprensible en el plano personal (una determinada variante de aquella reconciliación con el padre de la que se hablaba al inicio) no es de recibo en el plano colectivo y, menos aún, en el político. Me refiero en concreto a la que bien podríamos denominar reconciliación a título póstumo. Al utilizar en el presente contexto tal expresión estoy pensando en esa peculiar reconciliación que llevan a cabo quienes, sirviéndose de una fraseología difusamente inspirada en las afirmaciones más visitadas de Walter Benjamin, buscan volver a conectarse con el pasado declarando hacer suyas las promesas incumplidas, los sueños frustrados de quienes les precedieron, etc. Porque semejante planteamiento, si tuviera que resumirse en términos casi de atestado policial, equivaldría a lo siguiente: primero se mata al padre y, una vez muerto, se llora ante su cadáver aún caliente la sensible pérdida y se asume como pendiente de realización todos aquellos objetivos por los que ahora se reconoce que luchó (y cuyo presunto incumplimiento, por cierto, era precisamente lo que se le estuvo reprochando hasta que exhaló su último suspiro).

No parece este, ciertamente, un planteamiento que deje en muy buen lugar a quienes lo presentan. Porque nos induce a terminar pensando algo poco estimulante, precisamente aquello que toda la hojarasca de la retórica política pretendía ocultar. Formulémoslo de una forma tan sencilla como rotunda: tal vez tanto empeño en matar al padre siempre tuvo en realidad como objetivo, más que acabar de una vez por todas con su nefasta influencia, ocupar por fin su lugar.

 

8.

 

Bernardo BAYONA, “Cuatro preguntas para un balance político del movimiento 15-M” a Revista de Libros (2-05-18)

https://www.revistadelibros.com/discusion/cuatro-preguntas-para-un-balance-politico-del-movimiento-15-m?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20180502

Siete años después del estallido en las plazas, no puede decirse que el 15-M esté vivo, como aún parecía estarlo en 2016, cuando su energía animaba la ruptura del bipartidismo y su evocación alimentaba las expectativas de un futuro diferente. Y muy lejos quedan los numerosos y vibrantes artículos conmemorativos escritos en el cuarto aniversario de la movilización que sorprendió a España y trascendió nuestras fronteras. El año pasado se había convertido ya sólo en objeto de la nostalgia para los escasos protagonistas del mismo que le dedicaron algún artículo. Probablemente ha llegado la hora de confrontar el análisis de lo que quiso ser este movimiento con la posterior articulación de la política española. Y nos proponemos hacerlo respondiendo a las siguientes preguntas: 1) El 15-M, ¿fue un movimiento social o un movimiento político?; 2) ¿Qué significaba «democratizar la sociedad»?; 3) ¿Cómo ha influido el 15-M en la política española y qué ha quedado de él?; y 4) ¿Qué democracia puede defenderse hoy en sintonía con el espíritu del 15-M?

1. ¿Un movimiento social o un movimiento político?

No es fácil dar con una definición sólida del concepto «movimiento social». La amplia literatura especializada coincide en reconocer la pluralidad de actores implicados en los movimientos sociales y la informalidad de los lazos que vinculan unos con otros. Mario Diani formula una definición sintética y muy abierta: «un movimiento social es una red de interacciones informales entre una pluralidad de individuos, grupos y/o organizaciones»1. De acuerdo con ella, Cristina Monge, después de repasar los elementos definitorios de los movimientos sociales en la sociología política especializada, sostiene que el 15-M fue un movimiento social: la estructura de oportunidad política, las estructuras de movilización, los procesos de enmarcación y los impactos2.

1.1.No obstante, el 15-M no fue un movimiento social, según la caracterización más habitual, resumible en tres elementos: un colectivo que organiza campañas para demandar algo a una autoridad, un repertorio de actuaciones dirigidas a difundir esas demandas y un esfuerzo organizado para suscitar apoyos. No lo fue, porque el 15-M no partía de un colectivo existente antes, ni actuaba como sujeto organizado para plantear reivindicaciones ante las autoridades. Tampoco era un grupo homogéneo, circunscrito a un ámbito limitado, ni estaba motivado por unas demandas particulares, pues carecía de un objetivo concreto y no se dirigía tanto a los gobernantes como a la sociedad civil en su conjunto. Por tanto, no era un movimiento social sensu proprio, como sí lo era la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, con la que tenía evidentes conexiones; o como lo había sido, en la generación anterior, el Movimiento de Objetores de Conciencia, que logró acabar con el servicio militar obligatorio.

Tampoco le son aplicables los diferentes modelos que se desprenden del análisis de los movimientos sociales en las sucesivas etapas. Así, no cabe situarlo dentro de los nuevos movimientos que surgieron en las últimas décadas del siglo pasado, a partir de las revueltas estudiantiles de 1968; ni equipararlo a los movimientos ecologista o pacifista; ni a otros más recientes, como el movimiento okupa o el antiglobalización. Mucho menos puede ser encuadrado dentro de los movimientos de carácter identitario, tales como el feminismo o los de defensa de diversas minorías.

1.2.Sin embargo, en el 15-M se da la combinación entre un principio de identidad, un principio de oposición y un principio de totalidad que caracteriza todo movimiento social, y por la que los actores sociales se identifican a sí mismos frente a sus oponentes sociales ante aspectos conflictivos de las decisiones institucionales o normas organizativas en una sociedad3. También encontramos en él las tres dimensiones que permiten definir ese fenómeno colectivo específico que llamamos movimiento social: «una forma de acción colectiva que implica solidaridad […] que está inmersa en un conflicto y, por tanto, en oposición a un adversario que demanda los mismos bienes o valores […] y que rompe los límites de compatibilidad del sistema que éste puede tolerar sin alterar su estructura»4.

Al igual que los nuevos movimientos sociales, el 15-M tampoco era portador de un modelo de sociedad que deseara realizar. Este tipo de movimientos no responden a un proyecto histórico basado en la idea de progreso, ni pretenden representar al conjunto de la sociedad, sino que, en general, rechazan las ideologías holistas o totalizadoras, presentan una naturaleza fragmentaria y particularista, y reivindican cuestiones más relacionadas con valores morales que estrictamente políticos. Por ello emplean formas de participación no institucionales y cuestionan las vías regladas vigentes en las sociedades democráticas occidentales5.

Con mayor motivo podemos calificar el 15-M de movimiento social si aplicamos los criterios de aquellos autores que insisten en que los movimientos sociales contienen una innegable dimensión política. Por ejemplo, John D. McCarthy y Mayer N. Zald vinculan la emergencia de los movimientos sociales a un amplio «proceso político», donde los intereses excluidos buscan tener acceso a la política establecida6. Por su parte, Charles Tilly pone el acento en la dinámica general que determina la agitación social y sus características, y define los movimientos sociales como «series continuas de interacciones entre los detentadores del poder e individuos que reclaman con éxito hablar en nombre de un sector de la sociedad carente de representación formal, en el curso de la cual estas personas realizan públicamente demandas de cambio en la distribución o ejercicio del poder, y respaldan estas demandas con manifestaciones públicas de apoyo»7. Por fin, Sidney Tarrow contempla como una dimensión de los movimientos sociales la capacidad de producir las escisiones en el seno de las elites y la posibilidad de acceder al poder8. Desde esta perspectiva, el 15-M era un movimiento que tenía un objetivo claramente político y que estaría más cerca de las movilizaciones por la democracia en las plazas de la «primavera árabe» acaecidas unos meses antes.

1.3.Lo que más singulariza el 15-M es su carácter heterogéneo o plural, y, sobre todo, que tenía vocación de mayoría social, con fuerte sentido inclusivo: «somos el 99%», decían. Era un movimiento de la multitud, en sentido opuesto al de pueblo9. Como plantea Paolo Virno, en Gramática de la multitud, al analizar las formas de vida contemporáneas, «multitud» significa «muchos», pluralidad, conjunto de singularidades que actúan concertadamente en la esfera pública sin confiarse al «monopolio de la decisión política» que es el Estado, a diferencia del «pueblo» que converge en el Estado político10. La multitud es un modo de ser abierto a desarrollos plurales, incluso contradictorios, y corresponde a los trabajadores de la sociedad posindustrial. Según Antonio Negri, adopta la forma de una multitud espontánea, que aparece como una nueva clase social emergente, capaz de forjar una alternativa democrática, sustituyendo a la mayoría hasta ese momento silenciosa11. Una multitud que aprende el arte del autogobierno y tiene que inventar formas duraderas de organización social democrática, a partir del común, ya que todos compartimos y participamos del común. Lo común o, si se quiere, lo universal, no es un fin, no es lo universal-promesa, como lo es para el pueblo, sino el punto de partida de la acción pública.

1.4.El 15-M era un movimiento político, sólo que entendía la política de manera diferente a la convencional y promovía una participación ciudadana que no fuera meramente electoral. En realidad, fue un movimiento político desde su inicio, puesto que surgió en la semana central de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2011. Lo fue también en su apogeo, pues la mayor manifestación que organizó, el 28 de agosto, estaba dirigida contra la reforma del artículo 135 de la Constitución, acordada por el PSOE y el PP para limitar el déficit financiero de las administraciones públicas. Y lo fue finalmente en sus consecuencias, entre las cuales no es la menor la reestructuración del sistema de partidos políticos en España.

Pero no era un movimiento directamente político, que se hubiera organizado para tomar el poder en un proceso revolucionario, para «asaltar los cielos», según la antigua retórica comunista: no hablaba de revolución en el sentido de la tradición marxista, no usaba un lenguaje codificado y no se sentía vanguardia. Sus miembros carecían de un metarrelato del futuro deseable, no eran portadores de utopías o sociedades nuevas, ni tenían un diseño del futuro de acuerdo con una ideología, sino que convocaban a deliberar, dejando aparte las ideologías: no predicaban una doctrina, ni referenciaban los hechos y datos denunciados a un marco teórico preestablecido, sino que llamaban a tantear. En definitiva, el 15-M pretendía «cambiar el Estado, no apoderarse de él», dando prioridad a la organización de la sociedad frente a la ocupación del poder del Estado y siguiendo la estela de Proudhon más que de Marx12.

Como explica José Luis Villacañas, «las demandas de las mareas sociales en defensa de la educación, de la sanidad, de las mujeres, de los homosexuales, de los ecologistas, de los dependientes, de los desahuciados, de los afectados por la hepatitis, todas eran demandas sectoriales. No fueron equivalenciales. Tenían detrás colectivos de profesionales, intereses parciales, no reclamos populistas […]. Todas esas demandas no forjaron un reclamo populista. Todavía estaban guiadas por una aspiración moderna de dotarse de instituciones eficaces, públicas, funcionales, solidarias»13. Esas demandas sectoriales no eran demandas equivalenciales como las que caracterizan a un proyecto populista que se dedica a la formación hegemónica y aspira a la toma del poder.

En definitiva, el 15-M era «un movimiento político y antipolítico a la vez». Era antipolítico por expresar un «rechazo general de la política de los políticos», que consideraba totalmente subordinada a las exigencias de los poderes económicos, y de ahí que sus consignas fueran «No nos representan», o «Lo llaman democracia y no lo es» y «Vuestra crisis no la pagamos». La principal crítica se refería a la incapacidad de los políticos para actuar siguiendo las preferencias de la ciudadanía debido a la falta de autonomía del poder político, que se mostraba desnudamente sometido a un poder económico que no rendía cuentas en las urnas.

Pero el movimiento no se agotaba en la protesta o la indignación, ni siquiera en la demanda o la reivindicación, sino que quería construir, e intentó practicar, «una redefinición positiva de la política como posibilidad al alcance de cualquiera». Para el 15-M, el sentido positivo de la política consistía en hacerse cargo en común de los asuntos comunes, ocuparse de lo común abierto a cualquiera y producir de modo incesante un nosotros abierto, inclusivo, no identitario: la política de un nosotros que dejaba fuera de las plazas, del foro público, todo lo que separa y divide (siglas, banderas, violencia) y usaba para autorrepresentarse etiquetas abiertas y marcas colectivas: «nombres de cualquiera que no reenvían a ninguna identidad previa ‒sociológica, ideológica o política‒, sino que dependen de una decisión subjetiva, potencialmente accesible a cualquiera. Esa es la potencia de la etiqueta indignados, por ejemplo»14. Por ello evitaba también posicionarse en el tablero de ajedrez político (izquierda/derecha) y consideraba falsa esa polarización que venía organizando desde la Transición el mapa de lo posible en España exclusivamente bajo la fórmula del bipartidismo.

1.5 El 15-M no tenía ningún poder en el sentido sustantivo del término (poder físico, cuantitativo, institucional o económico), pero sí lo tenía en el sentido de potencial, de capacidad, de fuerza. La movilización se constituyó como una fuerza «capaz de alterar las corrientes subterráneas del deseo social y redefinir la realidad: lo posible y lo imposible, lo digno y lo indigno, lo importante y lo superfluo»15.

Esta forma de plantearse la relación con la política, junto con el papel desempeñado por las nuevas tecnologías de la comunicación en la movilización, sitúan al 15-M dentro los denominados «movimientos red», que «proponen y practican una democracia deliberativa directa basada en la democracia en red»16 y se caracterizan por su horizontalidad al prescindir de estructura jerarquizada. A juicio de Joan Subirats, sería más propio hablar de una «acción conectiva» que de una «acción colectiva», pues no lo convocó nadie, surgió sin pretensiones de organizarse, rechazó a quienes pretendieron organizarlo y ejercía una nueva forma de acción en común, estrechamente relacionada con Internet y con la dinámica de la «sociedad red»17. En efecto, el 15-M emplea las técnicas comunicativas del ciberactivismo, pero con el objetivo de trasladar su acción eficazmente a la vida real.

2.¿Qué significaba democratizar la sociedad?

2.1.El objetivo del movimiento 15-M era «democratizar la sociedad» y, de hecho, el primer manifiesto convocante fue Democracia Real Ya18. Si la meta del 15-M era llegar a la democracia real, el camino para democratizar la sociedad era la participación. Por tanto, para interpretar este movimiento es necesario descifrar cómo concebía la participación y cómo trató de ponerla en práctica. Su punto de partida es que lo que da legitimidad a la democracia no es sólo ni fundamentalmente el consentimiento a un modo de gobierno, sino la participación ciudadana. Democratizar significa participar de otra manera que no sea votando cada cuatro años, debatir en el foro público y adoptar decisiones colectivamente. Además, sólo participando se regenera una democracia viciada por partidos políticos que han monopolizado las estructuras de participación política y se han demostrado incapaces de abordar los problemas de la gente cuando el poder financiero les ha dictado sus recetas de austeridad. ¿Qué legitimidad tienen las instituciones representativas si no son capaces de regular la dinámica salvaje del mercado destructor de vidas humanas y del ecosistema?

En la sociedad del capitalismo global, cada vez menos cohesionada, los individuos, desarraigados al perder los anclajes tradicionales de pertenencia y excluidos del crecimiento de la riqueza, no se consideran ciudadanos con plenos derechos sociales y políticos, y no participan en los procesos electorales. La abstención es mucho más alta en los estratos inferiores de la población y crece en sentido inverso a la concentración de pobreza en los suburbios de las grandes ciudades. Pero la desafección política se extiende a las clases medias cuando las elecciones periódicas no representan correctamente a la ciudadanía atomizada, sino que benefician a quienes tienen capacidad y medios para diseñar y gestionar políticas que les favorezcan. Entonces los ciudadanos se sienten traicionados por sus representantes al ver cómo estos olvidan las promesas electorales y se alejan de los problemas y sentimientos de la gente, caen en el discurso de la antipolítica y quedan a merced de una explicación a su desplazamiento y resentimiento19.

Las acampadas en las plazas fue el inicio de una conversación colectiva en la que participaron miles de personas y que llegó a involucrar a muchas más, personas que necesitaban hablar con otros para comprender lo que estaba pasando, lo que les estaba pasando, a ellos o a sus hijos, y que no les contaban sus representantes ni los medios de comunicación. Fue el inicio de una conversación para concienciarse de las causas de la situación y para crear el escenario en que poder tomar las propias decisiones y producir un cambio social. Tomaban la palabra para empezar a democratizar la sociedad con la palabra y la acción, más allá de las elecciones ritualizadas y domesticadas. La movilización generaba energía colectiva y mucha gente que no se conocía personalmente llegaba a la convicción compartida de que había que darle la vuelta a la indignación caminando juntos en las «marchas de la dignidad» y actuando juntos.

Si la democracia se reduce a las elecciones y a los partidos integrados en el sistema político-jurídico, estos acaban monopolizando todos los aparatos del Estado e impiden que funcionen –o los hace totalmente inoperantes– los mecanismos de control y sanción de los representantes (comparecencias, comisiones de investigación, reprobación o revocación de cargos, iniciativa legislativa popular). Y cuando el sistema tiende a suprimir todo contrapoder y a criminalizar a todo aquel que muestra cualquier asomo de crítica o disidencia, la ciudadanía se sume en la impotencia y la democracia se convierte en una cáscara vacía. El 15-M no sólo reaccionó expresando su indignación y gritando «No nos representan», sino planteándose cómo ser mejor representados; cómo romper la distancia entre representantes y representados y concebir la «representación como identificación»; cómo mejorar las instituciones representativas, combinándolas al mismo tiempo con otras formas de democracia participativa o directa.

2.2.Después de cuarenta años de dictadura, la generación de la Transición logró que hubiera elecciones y libertades, pero se implantó una democracia necesariamente pobre y precaria. Habría que haberla enriquecido y fortalecido. No lo hizo la generación siguiente, que se desentendió de la política por comodidad o por desprecio, y el 15-M expresó una repolitización generacional y empezó a hablar de una Segunda Transición. Los jóvenes nacidos entre 1982 y 1995, que tenían entre dieciocho y treinta y un años en 2011 (ahora entre veinticinco y treinta y ocho), y que llegaron a la edad adulta con la gran crisis económica e institucional de las sociedades europeas, no se sienten en deuda con el relato de la Transición y no aprecian la Constitución de 1978, anterior a que ellos nacieran. Si la Primera Transición diseñó las instituciones democráticas y estableció que España es un «Estado social y democrático de derecho», la nueva Transición tenía que avanzar en la realización efectiva de los derechos sociales reconocidos en la Constitución y desarrollar la democracia en un sentido más inclusivo y participativo.

La urgencia del desafío constituyente se hizo más patente con la reforma exprés e impuesta del artículo 135 de la Constitución. Mostró que la decisión de dar prioridad a la reducción del déficit público sobre la garantía de los derechos constitucionales precariza el trabajo, reduce la gratuidad de la educación y menoscaba su calidad, elimina la universalidad de la sanidad y encarece los medicamentos, deja sin vivienda a más capas de la población, desahucia a muchas familias, etc. Descubrió que la tenencia efectiva de estos derechos exige un cambio en las prioridades para que las políticas públicas no estén sometidas al dictado del poder financiero. Reveló que la legitimación social de la política y del Estado requería la reformulación del acuerdo constitucional.

2.3.Para el 15-M no bastaba la legitimización liberal por el consentimiento para que haya democracia. Su idea de democracia implicaba la idea de una acción, de una participación, y reflejaba que el ciudadano ya no se contenta con ser un simple elector, sino que demanda una democracia que deje de ser un proceso de autorización electoral para gobernar y ser definida más como un gobierno democrático, como una acción democrática, en el sentido planteado por Pierre Rosanvallon en El buen gobierno20. Frente a la democracia liberal, en la que los ciudadanos participan sólo eligiendo a sus representantes en los procesos electorales, el activista del 15-M busca otras modalidades de producción democrática con más consultas y con mayor participación. La propuesta de democracia real, sin negar la necesidad del consenso sobre el marco institucional, tiende a completar la representación política con la participación ciudadana. Se trata de que la democracia representativa, sin dejar de serlo, adquiera también el carácter de democracia participativa.

La participación implica dos niveles: deliberación y acción. Primero es participación deliberativa, sinónimo de opinar, debatir y votar. Pero participar es también autoorganizarse, autogobernarse, diseñar proyectos colectivos y plasmar iniciativas: en una palabra, actuar. En vez de esperar que otros (el gobierno, los partidos, los sindicatos) te resuelvan los problemas, tiene que ponerse uno mismo a hacerlo. Es, dice Joaquim Brugué, la traslación «del discurso del make yourself» a la política21. El cambio comienza en ti es el título del libro en el que dos de los impulsores de Democracia Real Ya explicaban con numerosos ejemplos cómo el 15-M había transformado la indignación y el espíritu crítico en iniciativas para gestionar los asuntos de la comunidad y apelaban al lector a sumarse al cambio22.

Por eso el 15-M adoptó el lema «Sí se puede», porque apela a cada persona, activa sus capacidades y la empodera. Pero también porque puede condicionarse la agenda política y lograr que los parlamentos o los ayuntamientos aprueben medidas que ayuden a la gente. Para poder se necesita levantar contrapoderes sociales que actúen con una lógica diferente, espacios intersticiales con autonomía de gestión, para ensanchar las grietas y avanzar en el camino de Cambiar el mundo sin tomar el poder23, que apuesta por el poder-hacer (power to do), frente al poder-sobre (power over), el poder creativo frente al poder que domina y subyuga la creatividad. Poder creativo y emancipador en línea con la consigna de Eduardo Galeano, tantas veces repetida en el 15-M: «Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos».

En resumen, «democratizar la sociedad» significaba, antes que nada, crear las condiciones de posibilidad de la democracia, reavivar en las personas el deseo de participar y ser demócratas de verdad, dedicar las energías a construir contrapoderes democratizadores.

3.¿Cómo ha influido el 15-M en la política española y qué queda hoy de él?

El 15-M recibió un apoyo social incontestable que, entre otras cosas, obligó a los responsables del orden público a ser condescendientes y a no reprimir las acampadas. Según la encuesta de Metroscopia, el 66% de los españoles sentía simpatía por los concentrados, el 81% consideraba que los «indignados» tenían razón, el 84% añadía que el movimiento trataba cuestiones que afectaban directamente a los ciudadanos y el 90% compartía la demanda de que los partidos introdujeran cambios en su forma de funcionar para prestar más atención a lo que piensa la gente. Este aplauso casi unánime de la sociedad española mostraba que el 15-M era un movimiento transversal, social e ideológicamente, y que suscitaba un gran pacto intergeneracional.

Sin embargo, para afirmar que una movilización ha tenido éxito, debe constatarse que ha logrado los objetivos propuestos o que ha obtenido una respuesta satisfactoria a las reclamaciones que originaron la protesta. Y eso requiere que tales objetivos o demandas se hubieran formulado con precisión, lo que no hizo el 15-M, como hemos advertido. Mas el hecho de que un movimiento no triunfe en sentido estricto no significa que no pueda tener importantes resultados efectivos o consecuencias apreciables, tanto si han sido buscados como si son imprevistos24.

3.1.Si nos preguntamos qué ha sido del 15-M a fecha de hoy, hemos de tener en cuenta que no fue un movimiento con vocación de estructurarse para mantenerse. No lo fue porque «la identidad del 15-M no se basa tanto en el cambio del sistema como en el cambio del lenguaje con el que el sistema construye su relato. Nuevos cómos por encima de nuevos qués»25. El movimiento no pretendía la sustitución de las instituciones políticas, sino un cambio de las actitudes y comportamientos de sus actores. Por ello pueden considerarse herederos del 15-M partidos con posiciones ideológicas y programáticas enfrentadas, así como organizaciones sociales de ámbitos distintos y de muy variada naturaleza. Con otras palabras, nadie tiene derecho a arrogarse una continuidad directa con el movimiento, ni a capitalizar su legado, construyendo su propio relato del 15-M.

Es normal que el proceso acabara por defraudar a los políticamente más ingenuos y que alguno se lamentara de que «el espacio público que habíamos redescubierto ha vuelto a ser sustituido por una suma de espacios privados»26. La cristalización de los deseos es siempre más imperfecta que los sueños y era imposible que los efectos reales fueran tan bonitos e intensos como las emociones que se vivieron en las plazas en aquel mes de mayo. Las cándidas y difusas intenciones tenían que confrontarse con la rutina resistente y con la dureza de los hechos, y las idealizadas aspiraciones de renovación tenían que aterrizar en la materia escasamente flexible de las estructuras sociales. Las ilusiones son siempre más grandes que las organizaciones de cualquier tipo y no caben en las urnas, ni en las instituciones, ni siquiera en los instrumentos, por nuevos que sean. Pero la conciencia de que ya nunca será posible regresar a la autenticidad del momento fundacional es, en realidad, un signo de madurez. Y el movimiento tenía que dar el paso de la adolescencia a su madurez en forma de procesos organizativos y mecanismos de participación estable.

No sólo por el tiempo transcurrido, sino desde el principio, era inevitable que fuera perdiéndose parte del empeño y de las gentes por el camino. Mientras quienes estaban organizados previamente en movimientos o plataformas se incorporaron a diferentes estructuras de participación en barrios, círculos, etc., quienes no pertenecían antes a un grupo organizado fueron quedándose fuera de la actividad política o social. Y la política volvió a ser cosas de pocos. Especialmente ilustrativa es la entrevista a Andrea Gimeno, una de las primeras activistas en acampar en la plaza del Pilar de Zaragoza. Recuerda a dos chicas «que durmieron los tres primeros días al raso conmigo. Estaban estudiando, tenían muchas ilusiones […] pero desaparecieron cuando se incorporaron grupos de gente organizada, que acudieron cuando vieron que la acampada empezaba a ser fuerte. Los nuevos desaparecieron al ver que se empezaban a dar debates antiguos, en los que ellos ya no cabían»27. En términos similares se expresa Isabel Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y que militaba en Juventud sin Futuro: «Nosotros […] no estábamos muy metidos en las asambleas del 15-M y actuamos más desde fuera. Juventud sin Futuro tenía ya un rodaje y una forma de hacer política y teníamos dificultad en intervenir en un espacio como el 15-M, que era muy pesado […]. Pasada la primera semana, cuando se quedó en algo más reducido de la gente de los movimientos sociales de Madrid, sí que nos integramos más»28. Y, como «sólo los activistas con más tiempo disponible podían participar en las asambleas y gestionar las tareas diarias, lo que generaba diferencias de facto en el proceso deliberativo», al final, los profesionales del izquierdismo (bajo diferentes etiquetas, pero inspirados la mayoría en el centralismo democrático de raigambre leninista) iban a manejar los nuevos aparatos, a cruzar votos en las elecciones internas y a captar para su causa a los neófitos.

3.2.Incluso las herramientas de la tecnopolítica mostraron ser centralizadoras, habida cuenta de que dependen en última instancia del funcionamiento de un grupo gestor, de modo que «cada herramienta necesita tener un núcleo de administración que asuma los costes, la responsabilidad de dinamizarlo, etc.»29 Y, además –o quizá por eso mismo–, fracasaron. No están operativas casi ninguna de las páginas web, plataformas y herramientas on line, ni siquiera la web Democracia 4.0, que se convirtió en referencia para poner en marcha una democracia digital y para defender el derecho a votar directamente, mediante el voto telemático, las normas que se aprueban en una cámara legislativa30. Sigue abierta, pero no se actualiza desde hace años, Democracialíquida, que habría sido su continuadora y pretendía desarrollar el Parlamento Virtual y el Partido de Internet. Mayor desarrollo tuvo Democracia y Punto como herramienta del Partido X, que naufragó en la competencia electoral, aunque sigue en Twitter y mantiene activa la plataforma Xnet, formada por activistas en diferentes campos relacionados con la democracia en red y la defensa de la neutralidad de la red. Otras webs que se remontan al 15-M obedecen más al propio desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que a la movilización social. Y Tecnopolítica es, en realidad, es un grupo de investigación transdisciplinar sobre los movimientos en red y las prácticas tecnopolíticas emergentes, radicado en el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, que tiene una línea de investigación sobre el 15-M.

No obstante, gran parte de las ideas y de las personas de este movimiento se han vinculado al desarrollo del llamado gobierno abierto (Open Government), o se han incorporado a trabajar en las oficinas de transparencia y plataformas digitales de instituciones parlamentarias y gobiernos, o en plataformas como Change, para hacer viables sus reivindicaciones de mayor transparencia y participación democrática.

3.3.Ahora bien, si para movilizar hacia la crítica y el desmantelamiento no hace falta partido, construir lo que venga después de tal desmantelamiento es otra historia. No puede realizarse una política diferente, no pueden sacarse adelante las propuestas políticas, sólo desde la algarabía de una plaza pública o el anonimato de un foro de Internet. La complejidad de la propuesta política requiere de organización, liderazgos, pautas; y se diluye si no se vehiculiza mediante partidos políticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Tea Party, que ya cuenta con treinta y un diputados, ha ido logrando que sus ideas prevalezcan en el Partido Republicano, y tiene fuerza dentro del Gobierno de Donald Trump; en cambio, no queda prácticamente nada de Occupy Wall Street, que no quiso incorporarse al Partido Demócrata (su aliado natural), ni nombrar líderes propios. Por eso, al igual que el Movimiento Cinco Estrellas en Italia, se convirtió en partido para gobernar las instituciones, aunque era un movimiento inicialmente antipartido, y en España 15-M iba a desembocar en la construcción de nuevos partidos, aunque sean de naturaleza distinta, porque la vocación de gobierno que tiene un partido político es una ambición que estaba ausente en las asambleas de las plazas.

Fue la escasa o nula receptividad de los partidos tradicionales al reto que supuso el 15-M para el orden político establecido lo que abrió un espacio para nuevas formaciones políticas. No es nuevo el fenómeno de que un movimiento social se vea empujado por la falta de respuesta política a dotarse de instrumentos de actuación institucional e incluso a constituir nuevos partidos políticos, dando lugar a lo que se llama «nueva política»31.

Aunque Ciudadanos se autocalifica como nueva política y ha buscado aprovechar la simpatía generacional por el 15-M32, ha sido Podemos el partido que sin duda ha pretendido identificarse más con el 15-M. Su origen inmediato fue el manifiesto «Mover ficha: convertir la indignación en cambio político», firmado por una treintena de intelectuales y activistas del mundo de la cultura y del periodismo y presentado el 12 de enero de 2014. En realidad, sus promotores analizaban la crisis de representación en paralelo, desde fuera del 15-M, como señala Jaime Pastor, uno de ellos: «El equipo promotor de Podemos llevaba una reflexión paralela a los activistas, aunque había lazos y puentes entre ambos sectores»33. La estrategia de Podemos fue incorporar aquellas demandas sectoriales del 15-M como demandas equivalenciales características de un populismo en construcción, dedicado a la formación hegemónica y aspirante a la toma del poder en una deriva cada vez más neoleninista.

Por otra parte, Podemos, a pesar de llamarse en primera persona del plural, cayó pronto en el protagonismo de los nombres singulares, como se vio en los fichajes estrella de algunas figuras de la generación de la Constitución de 1978 (Carlos Jiménez Villarejo para el Parlamento Europeo, Manuela Carmena para el Ayuntamiento de Madrid, el exJEMAD Julio Rodríguez para las elecciones generales). Y, sobre todo, personalizó intensamente un liderazgo carismático en la figura de Pablo Iglesias, algo que para el 15-M era una obsesión evitar y que contrasta enormemente con la multitud anónima e igualitaria, compacta y porosa, del 15-M en la Puerta del Sol. Además, su fulgurante éxito inicial se debió al uso sistemático de los medios de comunicación, en total contraposición con la actitud y las recomendaciones del movimiento.

Por último, poco a poco, fue alejándose de la transversalidad y cayendo en una retórica y una dinámica política claramente de nicho. Las asambleas habían mostrado los problemas comunes de la gente, pero Podemos los envolvió en el lenguaje y el universo conceptual izquierdista («hegemonía», «heteronormatividad», «cultura de la Transición») y adoptó la actitud de tener la fórmula ganadora: «el tipo de lenguaje y la actitud que lleva a que la gente, en lugar de votarte, prefiera a cualquier otro partido». Y es que cuando los militantes de los partidos, o de las corrientes de los partidos (sean comunistas, anticapitalistas, trotskistas o cualquier otra cosa), desembarcan a capitanear la movilización surgida por un asunto de gran relevancia social, acababan convirtiéndola «en algo tan aburrido y desesperante como las formaciones de las que provenían», y el resultado final es que el movimiento queda «desactivado», «carente de influencia en la sociedad y relegado al nicho de siempre». De modo que, aunque Podemos no habría llegado a existir sin 15-M, es distinto de él y «cada vez tiene más cara de Izquierda Unida», pues la línea política que triunfó en la asamblea de Vistalegre II, celebrada en febrero de 2017, es continuadora en muchos aspectos de esa izquierda cultural e ideológica ya consabida y menos permeable y plural que las asambleas de 2011.

Cabe añadir que el enorme apoyo social que tenía el 15-M contrasta con el rechazo que siempre ha acompañado a Podemos. En enero de 2015, cuando alcanzó su máximo histórico en intención de voto (23,9%), la cifra de quienes nunca lo votarían (41,8%) era superior a la que entonces obtenía el PSOE, y en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de enero de 2018 esa cifra (58,8%) es superior a la de cualquier otro partido, incluido el PP. Además, la valoración de su líder es ahora más baja que nunca y la más baja de todos (2,54 sobre 10).

Por tanto, diríamos que el 15-M ha sido derrotado en el sentido de que «se han reinstalado en el imaginario social las lógicas de centralización, delegación y representación que fueron cuestionadas por el impulso 15-M». El tipo de política que realizan los nuevos partidos es muy retórica, se circunscribe a sus líderes, se polariza en torno a espacios y tiempos privilegiados (los partidos y las elecciones) y está enfocada a la conquista de la opinión pública en el plano mediático. Predomina la atención a los estímulos que proceden de arriba (televisión, dirigentes, partidos), descuidando cada vez más lo que sucede alrededor, entre la gente normal. Nada que ver con la idea política de las plazas del 15-M, «mucho más basada en la acción, al alcance de cualquiera, desarrollada en espacios y tiempos muy heterogéneos (autodeterminados y pegados a la materialidad de la vida) y que se dirige al otro, no como a un votante-espectador, sino como a un cómplice, un igual».

3.4.Sin embargo, el 15-M triunfó en la medida en que amplió el campo de lo posible y modificó un mapa electoral que parecía inmutable. En primer lugar, creó una preocupación por lo común y una sensibilidad en la que era posible sentir a los otros y con los otros, como semejantes. Gracias a este movimiento surgió un clima social general que abrazaba, conectaba, visibilizaba y amplificaba cada acción, cada iniciativa, ya fuera ante un desahucio, en una protesta en un hospital, en un acompañamiento de un migrante sin papeles, en un encierro en un colegio amenazado de recortes. El espíritu del 15-M pervivió, así, en las mareas, plataformas y otros grupos sociales que surgieron simultáneamente o se vieron impulsados por él34. Los dos sindicatos mayoritarios se sintieron interpelados, incluso desbordados, por esos movimientos, se vieron obligados a renovar sus cúpulas y siguen lastrados por los cambios que la revolución digital ha producido en el mercado laboral y en la estructura social. Pero, sobre todo, el 15-M inauguró un nuevo ciclo político y social en España, porque puso la política en el centro, recuperó el debate público, rompiendo la inercia de la política apoltronada y sacudiendo los cimientos de la Transición. Desde la instauración de la democracia no se había vivido un momento tan político como aquel, con una exigencia tan fuerte de que había que repensar el sistema y con una voluntad tan viva de participación ciudadana al margen de las urnas. El 15-M fue el escenario donde cientos de jóvenes tomaron la palabra en público por primera vez en su vida y aquellas asambleas en las plazas sirvieron de escuela de formación de los nuevos cuadros y dirigentes, como lo habían sido a principios de los años setenta las asambleas universitarias ilegales o las reuniones obreras clandestinas.

De resultas de ello, creció la participación electoral, porque había ganas de cambio y una percepción general de que las cosas tenían que ser de otra manera y había que ir a votar para hacer que eso pasara. Ese encuentro del movimiento con las urnas redujo la abstención y produjo cambios relevantes en la escena política y en la representación institucional, con la aparición y el éxito de nuevas opciones electorales. Hoy gobiernan las principales ciudades españolas plataformas municipales que decían llegar con un mandato claro: «Por delante, la gente» («Ahora Madrid», «En Común» en Barcelona, Valencia y Zaragoza, las Mareas gallegas en Santiago, A Coruña y Ferrol). Y los partidos de la «nueva política», Podemos y Ciudadanos, son necesarios para gobernar casi todas las Comunidades Autónomas y para formar mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, salvo que el PP y el PSOE voten juntos.

En segundo lugar, el 15-M traumatizó y convulsionó a los partidos tradicionales. Unos desaparecieron, como UPyD o Unió Democràtica de Catalunya. Otros se han travestido, como Convergència Democràtica de Catalunya (ahora PDeCAT) o Izquierda Unida (coaligada con Podemos después de que su actual coordinador general, Alberto Garzón, crecido al tamiz del 15-M, apartara a los dirigentes anteriores). El PSOE, tratando de adaptarse y democratizarse, experimentó la dimisión forzada del secretario general, Pedro Sánchez, seguida de su regreso triunfal en unas primarias que se interpretaron, en clave del 15-M, como una insurrección democrática de las bases frente a la elite de viejas glorias y barones territoriales, apoyada por el poder financiero y los medios de comunicación tradicionales. La crisis de representación denunciada por el 15-M derivó en un cambio del sistema de partidos ‒cuyo resultado no ha cristalizado todavía‒, en una mayor fragmentación parlamentaria y en una mayor dificultad para alcanzar acuerdos amplios y sólidos.

El 15-M abrió un nuevo ciclo político y, sobre todo, cambió el lenguaje político. Los políticos convencionales se ven obligados a presentarse como lo que quizá no quieren ser, pero no les queda otro remedio que fingir que son. Ahora es habitual hablar de participación, de rendición de cuentas, de consulta a los ciudadanos, de transparencia. Es innegable que el 15-M ha contribuido a fomentar la transparencia de las instituciones; a que se aprobara en 2013 la Ley de Transparencia, aunque muchos siguen considerándola «insuficiente»; a que haya mayor control del ejercicio de los cargos públicos y hoy conozcamos mejor sus actividades, retribuciones, viajes o reuniones; y hacer casi imposible que un «investigado» ‒antes «imputado»‒ vaya en una lista electoral o se aferre al cargo.

El impacto cultural del movimiento repercutió asimismo en la configuración de los medios de comunicación. Ya la revolución tecnológica había empezado a romper el monopolio de los medios tradicionales, arrinconando a los periódicos impresos y potenciando nuevos medios digitales más horizontales e interactivos35. El periódico que estuvo más cerca del 15-M, Público, dirigido entonces por Jesús Maraña, cerró en febrero de 2012 para convertirse en periódico digital. En ese espacio apenas existía cuarto poder y en el plazo de un año salieron otros medios digitales con un peso creciente, como La Marea, Diario.es, Infolibre; y, luego, CXTX y numerosos periódicos de ámbito autonómico o local.

Hubo otro impacto no menor en las entidades financieras, que se vieron sacudidas por sucesivas sentencias y por las modificaciones legislativas sobre las ejecuciones hipotecarias y la dación en pago. A ellas se llegó después de numerosas protestas y movilizaciones contra los abusos de los bancos y contra la corrupción de las cajas de ahorros, que desembocó en sucesivos y escandalosos procesos judiciales. Sirva como botón de esas movilizaciones muestra la plataforma ciudadana «15-MpaRato», creada por miembros que participaron en el 15-M e impulsada por el colectivo Xnet, que interpuso una querella particular que impulsó el Caso Bankia. La plataforma consiguió recaudar los quince mil euros para la querella contra Rodrigo Rato en apenas veinticuatro horas a través del portal de crowdfunding Goteo. Lo que le valió el galardón de los oXcars (otorgados por Xnet) en la categoría de «nuevos modelos de financiación». De hecho, tampoco es ajeno al 15-M el auge de iniciativas de economía colaborativa, crowfunding, banca ética, etc.

Otro aspecto relacionado paradójicamente con el espíritu del 15-M es el feminismo, que ha culminado con la huelga y la movilización del pasado 8 de marzo y que ha puesto la igualdad de género como prioridad en la agenda política. Paradójicamente, porque el 20 de mayo de 2011, cuando se desplegó sobre la fachada de un edificio de la Puerta del Sol una gran pancarta con el lema «La revolución será feminista o no será», la reacción fueron abucheos y gritos de «fuera, fuera», hasta que un chico trepó al andamio y la retiró entre aplausos. La pancarta se interpretó como un gesto de división, una grieta en el clima de fiesta y consenso. Aquel mensaje resultaba desagradable, porque «no era sólo una apelación al mundo, sino que también era un primer aviso a los manifestantes y, en realidad, a todos los hombres con los que se compartían otros valores». Las mujeres de la plaza estaban notando lo que tantas veces habían vivido en su trabajo, en sus casas, en sus grupos de amigos y también sus grupos de activismo: que había algunos hombres que no cruzaban propuestas en asambleas sino que gritaban, sin atenerse a límites de tiempo, consignas fuera de lugar para ser aplaudidos; que había algunos hombres que ponían en riesgo la seguridad y la continuidad de las concentraciones para llamar la atención con un petardo a destiempo, un contenedor quemado para nada, una provocación inútil; hombres que querían dominar las decisiones pero que se ponían de perfil para limpiar la plaza o dar de comer a los acampados; y unos pocos hombres que, de noche, intimidaban a otras compañeras. «Así que “La revolución será feminista, o no será” era un mensaje a los que miraban desde fuera pero también una advertencia interna a los que miraban desde abajo». También los fundadores de Podemos recibieron críticas porque veían inconveniente dividir a la sociedad con la defensa de algunas reivindicaciones feministas como el aborto, porque parecían aceptar la discriminación de la mujer al anteponer el feminismo de la diferencia al feminismo de la igualdad, o por el tono y la figura de su líder, tan diferente al tipo de liderazgo blando y colectivo que habían reivindicado el 15-M o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca36. Pero lo cierto es que gracias al 15-M empezaron a despuntar nuevas voces de mujeres en la primera línea (Mónica Oltra, Irene Montero, Rita Maestre, Tania Sánchez) y que, gracias a las «candidaturas del cambio», las dos mayores capitales españolas están regidas por dos mujeres: Manuela Carmena y Ada Colau. Y, por fin, el 8 de marzo, el feminismo ha desbordado desde dentro a los propios partidos y sindicatos y ha traspasado todos los círculos concéntricos de inseguridad, miedo, censura y acoso que tienen que traspasar las mujeres antes de ser escuchadas. Así, siete años después, el movimiento feminista, con un funcionamiento horizontal, intergeneracional, transversal y apartidista, ha sido capaz de crear un discurso político transformador y ha logrado un triunfo cultural sin precedentes, que arrincona al machismo y abre el camino a la igualdad en todos los ámbitos.

3.5.Más discutible es el que parecía ser uno de los mayores impactos, el de la aparición de un nuevo eje político, un nuevo eje de ordenación de las preferencias de voto: el de «lo nuevo y lo viejo», «los de arriba y los de abajo», «la casta y la gente». En realidad, los nuevos partidos han perdido transversalidad y se sitúan claramente a la derecha y a la izquierda37. Si bien los conceptos de izquierda y derecha son insuficientes para explicar una realidad sociopolítica más intrincada que esas categorías y ciertamente se necesitan otros ejes, sobre todo el de globalistas (cosmopolitas) y nacionalistas (soberanistas), para el realineamiento del sistema de partidos, «lo más razonable sea concluir que ninguno de esos ejes desplaza al otro, sino que lo suplementa y complica».

Al final, el eje de la política española no ha cambiado tanto, pues la representación política en todos los niveles institucionales sigue dividiéndose en un bloque de izquierda y otro de derecha, sólo que cada bloque está formado ahora por dos partidos en vez de uno: gobierna el PP allí donde el PSOE y Podemos no suman mayoría absoluta; y gobierna el PSOE o Podemos allí donde el PP y Ciudadanos no alcanzan a impedirlo. El bipartidismo es ahora de dos bloques y dentro de cada uno de ellos el partido nuevo lucha con el antiguo por la hegemonía.

Tampoco las aspiraciones y pretensiones del 15-M fructifican en cambios reales en las políticas y en la vida de la gente. El 15-M era el inicio de un cambio radical en la política española, pero la consecuencia directa es que el PP ganó las siguientes elecciones generales y gobierna desde entonces. Y, si repasamos el listado de las propuestas más repetidas del 15-M 38, vemos que no se han resuelto «ninguna de sus grandes demandas», según reza un título muy expresivo. En efecto, no se ha derogado ni modificado la reforma laboral, ni la LOMCE; no se ha hecho más justo y redistributivo el régimen fiscal; no es más accesible el alquiler de la vivienda; no se fomentan las energías renovables, ni se abarata el coste de la electricidad. Si la separación de poderes era una propuesta central del 15-M, constatamos lo contrario: que el Gobierno controla las decisiones de la Mesa del Parlamento y que ha aumentado hasta extremos insospechados la sumisión de la fiscalía y del Poder Judicial a los intereses del partido del Gobierno. También se ha deteriorado la libertad de expresión hasta niveles desconocidos desde la Transición, debido a una sesgada interpretación del Código Penal y a una Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana –conocida como «Ley Mordaza»–, que no existía cuando el 15-M y que en gran medida se aprobó para reprimir sus efectos.

Además, no avanza ninguna de las reformas institucionales reclamadas por el 15-M, que la mayoría de la sociedad consideraba imprescindibles y casi todos los partidos acogieron en sus programas y declaraciones. No se vislumbra la reforma de la Constitución, ni del Senado, ni de la Ley Electoral, ni del Reglamento del Congreso. No se ha facilitado la Iniciativa Legislativa Popular, ni se han regulado los referendos y las consultas populares. No se ha limitado la repetición de mandatos, ni se han reducido siquiera los aforamientos. No se han suprimido las Diputaciones Provinciales, ni se han denunciado los Acuerdos con la Santa Sede.

Por ello, persiste la idea de que la política dejó de servir para mejorar la vida de la gente y sirve para mejorar la vida de quienes la ejercen. Los ciudadanos perciben que los partidos políticos, en vez de ser el vehículo de participación política, se dedican a controlar todas las instituciones públicas o parapúblicas, conformando un único conglomerado de poder, que acaba con la separación de poderes, con la neutralidad de los órganos supervisores y con la imparcialidad del Poder Judicial. La actividad parlamentaria de los nuevos partidos y sus responsabilidades en los ayuntamientos no han hecho cambiar esa percepción, sino que la han intensificado.

Si comparamos el barómetro del CIS de marzo de 2018 con el realizado en el momento del 15-M, advertimos: 1) la situación política es valorada ahora peor que entonces (la califican de muy mala o mala el 74,9% frente al 66,5% en 2011; y de buena o muy buena solo el 2,9% frente al 3,4% hace siete años) y peor que la económica, cuando hace seis años era a la inversa; 2) son más los ciudadanos que creen que la situación política es peor que un año antes (56,9% frente al 49,3%) y disminuye la esperanza de que mejore (en 2011, el 14,2% creían que dentro de un año sería mejor, ahora el 10,2%; y quienes creen que será peor pasan del 21,7% al 29,1%); 3) los ciudadanos señalan que los mayores problemas, después del paro, son la corrupción y el fraude (34,5%) y los políticos, los partidos y, en general, la política (26%), cuando entonces estaban en tercer lugar los problemas de índole económica (47,3%) y la corrupción (5,1%) se situaba en décimo lugar; 4) y, a pesar de haber mayor oferta política, hay más ciudadanos que no simpatizan con ningún partido (31,2%) que seis años antes  (29,6%) (en el barómetro de octubre de 2017, la cifra era ligeramente superior que la de marzo de 2018: 31,6%). En general, todos los resultados recogidos en la serie de datos del CIS muestran de modo constante, desde enero de 2006, que el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia no ha aumentado, sino que va disminuyendo.

Del 15-M ha quedado una conciencia más aguda de exigencia democrática. Pero no ha habido cambio político y no hay realmente nueva política. Y el problema no era el bipartidismo: el problema es la incapacidad de los partidos, no sólo de los tradicionales, para comprender que ellos por sí solos no bastan ya para representar la sociedad y que no pueden conectar con las preocupaciones y las inquietudes de los ciudadanos si no cambian su forma de entender la política. Existe una demanda social, nacida de la indignación por la desigualdad y la corrupción, que no son capaces de representar y encauzar, porque sus hábitos organizativos obstaculizan que surjan dentro de ellos personas con impulso renovador, con nuevas ideas y visión de conjunto; y porque su modo de actuar favorece la mediocridad de sus liderazgos, la perspectiva endogámica y la distancia respecto a la realidad social.

4.¿Qué democracia defender desde el espíritu del 15-M?

La representación democrática, a diferencia de la representación liberal, no se limita a la elección de los representantes, sino que prioriza el ejercicio de las funciones representativas de los elegidos y rechaza que alguien decida lo que considera mejor para la comunidad, al margen de la voluntad real de los ciudadanos representados39. La legitimidad de un sistema representativo, así como la crisis que siempre lo acecha, reside en «la problemática relación entre representación y democracia»40. El problemático proceso de legitimación democrática de la representación se inicia con la elección de los representantes, pero no se cierra con ella, sino que exige que los elegidos, en el proceso de adopción de decisiones, expresen la representatividad que portan. Pierre Rosanvallon explica que la democracia liberal organiza el tiempo electoral, pero no organiza el tiempo gubernamental; y que las elecciones dan a un partido o partidos un «permiso de gobernar», pero este permiso de gobernar no está vinculado a un «código de gobierno», como ocurre, por ejemplo, cuando obtenemos el permiso de conducir y debemos respetar el código de circulación. Asimismo, las organizaciones en que se libran las batallas sociales y en las que hay que militar para mejorar las políticas públicas, ya no son sólo los partidos, sino las de buen gobierno. Si el futuro de la política democrática depende de las prácticas e instituciones de buen gobierno, volviendo a la razón de ser del 15-M, ¿qué democracia habría que defender hoy en sintonía con el espíritu de ese movimiento democratizador?

4.1.La respuesta no es, desde luego, simple y no puede ser unívoca, porque no hubo uno, sino muchos 15-M. Los hubo espacialmente porque en cada plaza y en cada ciudad hubo un acento; y los hubo temporalmente, porque, como ya hemos señalado, el cansancio fue expulsando a quienes tenían menos experiencia de lucha política y dejando el movimiento en manos de los más ideologizados y de quienes estaban más curtidos en los entresijos de la organización de grupos. Por eso se habla de las dos almas del 15-M, en referencia a las dos posiciones mantenidas ante las instituciones representativas de la democracia vigente, que coexistieron en un complejo ejercicio de construcción de consensos, no sin episodios de confrontación entre ellas41.

El 15-M como tal no era un movimiento antisistema, ni anarquista, pero en él participaron pronto e intensamente activistas de esas ideologías. No puede afirmarse que fuera contra el capitalismo, pero albergó a militantes de organizaciones declaradamente anticapitalistas y antiglobalización que tenían una amplia experiencia de protestas en la calle y de enfrenamientos con la policía. Tampoco surgió contra el Estado, ni contra la democracia representativa, sino más bien contra el hecho de que las instituciones no cumplieran su función de representación política como consecuencia de estar «secuestradas» por el poder del dinero. Más que atacar el sistema, se proponía reparar los desajustes del sistema que, en manos de un poder inmisericorde, cuando no corrupto, condena a las personas a la indignidad. Fue más bien una reivindicación de la política frente a la economía, de la representación popular frente a la tecnocracia.

El 15-M quiso tomarse la democracia en serio y hacer de la política una lucha por la democracia en vez de una profesión. El espíritu del 15-M es una actitud de rebelión contra el hecho de que, en las democracias europeas, la tríada poder, dinero y éxito haya reemplazado a la tríada libertad, igualdad y fraternidad; una actitud de lucha por compensar el poder del dinero con el poder de la dignidad, empoderando a los ciudadanos frente a la lógica de la máxima rentabilidad a costa de una mayor desigualdad. Ser demócrata es tener un espíritu de disidencia permanente contra la baja calidad de nuestra democracia y empeñarse en recuperar la credibilidad y la confianza en la política, que son imprescindibles en una democracia representativa.

Ese anhelo, el de una nueva democracia más auténtica, es «una antigua aspiración, nunca lograda, de la humanidad»42. Pero la democracia ‒al igual que la libertad, la paz y la felicidad‒ no ha logrado materializarse nunca y quizá no pueda hacerlo realmente. Quizá debamos preguntarnos si la democracia «ha servido (¿y podría seguir sirviendo?) como contrapeso decisivo a lo que de otro modo no pasaría de ser una concepción tenebrosa de las posibilidades del colectivo humano». Quizá la democracia «no puede verificarse sino en forma de protesta», porque quizá sea más una forma de resistencia que una forma de gobierno43. O, con palabras de Paolo Flores d’Arcais, «sabemos lo que es la democracia, porque sabemos lo que no es, lo que la traiciona, la eclipsa, la frustra» y por eso la democracia consiste «en una revuelta permanente y jamás satisfecha por acercarse a la democracia», consiste en ser intransigentes con que la ley no sea igual para todos, y en estar alerta y expresar hostilidad hacia todo privilegio que no pueda exhibir patentes de utilidad para el común que estén bien argumentadas. Por eso «la democracia es, antes de nada y siempre, lucha por la democracia», en un pulso constante con los intereses creados y particulares, para ampliarla, consolidarla, reforzarla con pasión cívica44.

4.2.Ahora bien, sería un error pensar que los problemas derivan de que los políticos son corruptos, o son todos unos canallas, y que basta con que sean reemplazados por otros que sean buenos y honestos. No es una cuestión moral, sino política, es decir, de instituciones más que de personas45. El 15-M veía la raíz de los problemas en el mal funcionamiento de las instituciones y creía que la solución pasa por mejorar los procedimientos y las reglas de funcionamiento de las mismas. Es decir, ponía el foco más en las instituciones que en los actores. El reproche del «¡No nos representan!» había que entenderlo «no como la negación de las instituciones representativas, sino como la denuncia de que no cumplen de manera democráticamente aceptable las premisas que justifican su existencia»46.

La crisis de representación se da en todas las democracias y se debe a la crisis misma del Estado moderno. Berta Barbet ha indagado las causas de la crisis de legitimidad social del sistema democrático y de las instituciones parlamentarias, analizando los datos procedentes de decenas de países incluidos en la Encuesta Mundial de Valores y en la Encuesta Social Europea, y muestra cómo, dentro de la variedad entre los países, gran parte de la actual insatisfacción ciudadana con la democracia está relacionada con deficiencias en las instituciones intermedias (partidos y parlamentos) a la hora de canalizar demandas ciudadanas e incorporarlas al sistema político47.

4.3.El 15-M pretendía democratizar la sociedad sin inventar otro régimen político porque tenía prevención ante las ideologías, consciente de que no puede construirse una alternativa democrática a partir de un diseño ideológico, compacto y dirigido por un partido que actúa según un plan definido. No predicaba una democracia adjetivada, como las que históricamente han servido para justificar el poder ejercido de facto, desde la «democracia orgánica» del fascismo a la «democracia popular» del bloque soviético. Por dos razones: porque no hay un sujeto privilegiado que defina qué es la democracia y porque la democracia por sí sola no soluciona ningún problema concreto de los que sufren los ciudadanos.

Por una parte, el sujeto del cambio no puede ser ya una clase social, ni una vanguardia consciente del sentido de la historia, sino todo tipo de individuos y grupos, guiados por un imaginario de valores diferentes a los que impone el sistema, practicando la cooperación sin mando en un proceso de empoderamiento desde abajo. La democracia permite que las políticas las definamos entre todos y no se impongan desde arriba. Así pues, la democracia no es más Estado, sino más sociedad. El 15-M no quiso pensar el cambio social con las recetas revolucionarias, burguesas u obreras, de la sociedad industrial, sino que tenía una idea «flexible» del cambio, como un proceso en continua construcción, a partir de diferentes iniciativas, múltiples experiencias e interconexiones que van creando nuevas formas de confluencias. Por otra, la democracia no tiene recetas para los problemas, sino que se refiere al modo de participar, es decir, de debatir y decidir políticas. Cuando el 15-M quería democratizar la sociedad, proponía una suerte de democracia permanente, en contraposición al carácter intermitente de las convocatorias electorales y, más que definir metas, buscaba trazar rutas sin mapas48.

Esta propuesta de ahondar en la democracia mediante la participación desde abajo requiere más deliberación y más participación previa, más asociacionismo, más sociedad civil y exige más responsabilidad de todos, también, y sobre todo, de los representados, y no sólo de los representantes. Sin sociedad participativa no puede haber democracia participativa. Se necesita tejido social, espacios públicos de reflexión y debate, asociacionismo reivindicativo, medios de comunicación al servicio de la verdad y no del hooliganismo político, el espectáculo y la trifulca.

4.4.La incorporación de instrumentos de consultas y de democracia directa no puede sustituir a las instituciones de la democracia representativa, ni puede tampoco confundirse con la democracia participativa. Porque la democracia no es sólo votar. Votar es parte de la democracia, pero el hecho de votar no construye por sí mismo democracia. El elemento crucial de la democracia representativa y participativa es el flujo continuo entre los procesos de toma de decisiones que une a los ciudadanos con sus representantes y que sitúa el eje democrático no en el momento electoral, pero tampoco en el momento de la voluntad, la decisión o el voto, sino en el juicio y la deliberación; es decir, en los procedimientos que reflejan las múltiples influencias y canalizan las discusiones que construyen las decisiones políticas: «En este sentido, la representación es entendida como un proceso cuyos referentes centrales no están ni en las elecciones y los parlamentos, ni en los sistemas de control, sino en el intercambio discursivo entre ciudadanos e instituciones, en el ir y venir de las razones que permite tomar conciencia de la relevancia de las cuestiones sometidas a debate, en un proceso constitucionalmente reglado en el que intervienen distintos actores, en diferentes roles»49.

En consecuencia, no cabe hablar de democracia directa frente a democracia representativa, sino que sería más correcto hablar de democracia participativa, que debe ejercerse por medio de representantes y no sólo de forma directa. Precisamente por ello, la calidad democrática no puede medirse por el número de referendos o por la facilidad para celebrarlos. Por ejemplo, no es más democrático que un gobernante convoque un referéndum para sacar adelante lo que el entramado representativo no le facilita, empleándolo como arma para suprimir la resistencia de otros poderes y para imponerse sin el contrapeso del parlamento, del poder territorial, de los tribunales, o de sus propios ministros. Los poderes unipersonales y las dictaduras (desde Napoleón hasta Franco) suelen acudir a los referendos, apelando a la conexión directa entre el líder y el pueblo, para plebiscitar su poder, eliminar cualquier alternativa política o atisbo de contrapoder y dejar maniatada a la oposición50. Por eso dos de las democracias que más consultas celebran, Estados Unidos y Alemania, tienen vedados los referendos nacionales51. Los referendos aparecieron en la política local como invento democrático en Suiza y en Estados Unidos. En este ámbito, es un instrumento adecuado de participación y sirve para acercar a los vecinos a la adopción de decisiones. Pero la experiencia reciente de las consultas promovidas por los ayuntamientos españoles regidos por plataformas herederas del 15-M, independientemente de la perspectiva normativa, es muy desigual en cuanto a la participación y no siempre está consiguiendo resultados significativamente relevantes ni eficaces.

Además, las consultas directas, en las que el peso de lo emocional hurta el debate real, se prestan a la manipulación demagógica y recortan la disponibilidad a participar en los procesos con ideas divergentes. Este tipo de participación espasmódica es estéril, no es creativa; acaba con el contenido deliberativo de la democracia al negar la complejidad política, donde las cosas no son blancas o negras; no compromete la aportación de los ciudadanos; fomenta la irresponsabilidad de los representantes, que pasan la pelota de las decisiones difíciles a las bases, lavándose las manos, como Pilatos cuando preguntó «¿A quién preferís: a Jesucristo o a Barrabás?»; ahonda en la ineficacia de las instituciones; niega la mediación y la capacidad de representación; es, en fin, la negación misma de la política.

Por eso mismo tampoco las redes sociales son la panacea de la participación, porque no ayudan a deliberar, sino que sirven para crear comunidad, es decir, para sumar adictos: para situarse conmigo o contra mí, para elegir entre el blanco o negro, para declararse «anti», pero no para construir. Y menos en un país tan sectario como España, advierte Jesús Maraña52. La inmediatez de las redes sociales, como lo plebiscitario, apela más a las emociones que al raciocinio, a expresar la ira o la indignación, a identificarse con el líder o con la bandera.

En cuanto a la democratización de los partidos políticos, la solución tampoco es votar más, sino debatir de verdad. Las primarias personalizan en exceso, dividen y enfrentan visceralmente, e impiden deliberar y fijarse en las propuestas políticas. De modo que sus implicaciones internas pueden llegar a resultar perversas, sin que sus consecuencias positivas lleguen a compensarlas53. Las primarias sí parecen favorecer la circulación de las elites, pero no está demostrado que tengan un impacto positivo en la participación interna o en los resultados electorales, pues la normalización de las primarias, una vez pasada la euforia de la novedad y el desborde de los aparatos, se asocia con un descenso notable de la participación interna y con un debilitamiento de su impacto en las elecciones generales.

4.5.Para el 15-M, el encuadramiento ideológico no representa bien el pluralismo, y la división partidista no se corresponde ya con la sociedad actual, que es mucho más compleja y rica. Joan Subirats señala que muchos de los activistas del 15-M no se identificaban de forma excluyente, ni pertenecían a una sola organización, sino que declaraban expresamente tener múltiples identidades y pertenencias54. En la concepción del 15-M, la política no va de identidades, ni de militancia fiel en una organización a modo de iglesia verdadera, ni de identidad cultural o nacional, como los partidos nacionalistas. Esa multipertenencia conecta con el hecho de que no hay identidad sólida que pueda ser la base común de las políticas públicas y de que, en nuestra sociedad digital, la identidad puede ser algo tan efímero como una etiqueta de Twitter.

Hoy todos tenemos identidades múltiples y es posible, y conveniente, la multipertenencia a diversas estructuras de participación y encuadramiento político. Cada vez hay menos electores que tengan una fuerte identificación con un partido al que consideren agente exclusivo de sus intereses. El voto partidista está decayendo, porque la correspondencia tradicional entre el perfil sociodemográfico de los ciudadanos y su voto se ha debilitado, sobre todo en relación con el voto de clase. Los nuevos ejes de división y alineamiento de los ciudadanos según intereses contradictorios (favorables o contrarios a la globalización, ecologistas o desarrollistas, identitarios o multiculturalistas, pluralidad religiosa, antagonismo intergeneracional, etc.) actúan simultáneamente, cortando transversalmente la fractura tradicional de clases, y convierten las sociedades en conglomerados más complejos.

La sociedad cambia y la democracia debe progresar complicándose, no simplificándose; y si, en la primera era de la democracia, los partidos eran las organizaciones ciudadanas fundamentales para canalizar el vínculo entre el poder y la sociedad, hoy deben ser acompañados de más organizaciones cívicas y democráticas. El 15-M proponía trascender las instituciones, pero no en el sentido de prescindir de ellas y sustituirlas por una democracia directa, que fuera la alternativa completa a la representación institucional de la pluralidad social. Las instituciones siguen siendo necesarias, pero hay que pensar en una multiplicación de las instituciones democráticas: los parlamentos tienen su función, que debe potenciarse y redefinir su interacción con el gobierno, pero también deben desempeñar un papel de propuesta y de control otras instituciones públicas externas e independientes, así como otras organizaciones ciudadanas que hay que poner en marcha.

4.6.La participación democrática o, como la llama Pierre Ronsanvallon, la «democracia de ejercicio», exige un rol muy activo de parte de los ciudadanos y conduce a hacer renacer una definición del «ciudadano activo» de la tradición filosófica del republicanismo. Por eso el 15-M vendría a ser el último intento en España de crear una cultura «republicana». El «nosotros» que se identifica como democrático más allá de las ideologías –«ni de izquierdas ni de derechas»– son los ciudadanos que quieren participar en las decisiones legislativas y de gobierno como sujetos políticos. El 15-M se considera a sí mismo como «escuela política», «escuela de participación»55, porque no hay democracia sin ciudadanos educados cívicamente, «virtuosos» en el sentido de virtud cívica. Y entiende la participación como deber, porque no hay democracia sin demócratas, es decir, sin ciudadanos dispuestos a participar y a comprometerse en el aprendizaje del autogobierno; sin ciudadanos que piensan lo común por encima de los intereses particulares y que defienden los servicios públicos por el bien de la comunidad. Si falta esta cultura republicana, es más difícil combatir la corrupción, y triunfa la picaresca, el cinismo, el pasotismo político, el «todos los políticos son iguales», y la crítica mordaz, pero inocua, al resultar políticamente ineficaz.

Epílogo

Si, en el momento del 15-M, la profunda crisis económica acarreó una crisis política y de representación, la crisis actual es esencialmente política. La política española no está hoy a la altura de los retos. Casi todas las propuestas para resolver la parálisis institucional en el Congreso y en Cataluña consisten precisamente en bajar los brazos: renunciar a hacer política y renegar de sus actores para resolver conflictos. Si el 15-M criticaba la impotencia democrática de los políticos atados de manos ante el poder económico, hoy son los propios políticos quienes se declaran impotentes y dispuestos a renunciar a la gestión de la parcela de poder en que siguen teniendo soberanía, justo cuando la política es más necesaria que nunca. Por otra parte, si algo demostró el movimiento 15-M de forma nítida es «la necesidad de contar con una sociedad democrática que sostenga un Estado democrático»56. La democracia, más que una forma de Estado, es una forma de sociedad. Y no puede haber Estado democrático sin una sociedad democrática.

Por desgracia, la salida de la crisis económica está haciéndose a favor de las fuerzas más insolidarias del sistema, profundizando y consolidando la precariedad existencial general, la insolidaridad y el sálvese quien pueda, sin apenas oposición de los nuevos partidos ‒que han perdido sensibilidad y contacto con la realidad‒ ni resistencia de movimientos sociales de indignados, como hace unos años. Después de las últimas y repetidas elecciones generales, el Parlamento se ha mostrado políticamente improductivo, «cada vez más decorativo a la par que ruidoso», y parece que su «único fin consiste en escenificar desacuerdos, representar agravios y alimentar el espectáculo». La agenda política, protagonizada por el independentismo catalán, está causando una creciente polarización identitaria, la sustitución de la política por los tribunales de justicia como única respuesta, una deriva regresiva de la Constitución con una dilución de la separación de poderes y un deterioro de los derechos y libertades, en un sentido total y radicalmente inverso a las demandas democráticas del 15-M.

Abunda en la sociedad española un deseo reactivo de orden y mano dura contra todo lo que se desvíe o desestabilice la ficción de normalidad, no sólo en el caso del conflicto catalán, sino también en la exigencia de la prisión permanente o en la persecución penal de las expresiones consideradas ofensivas o injuriosas. El fondo de este retroceso y polarización es que las emociones negativas (miedo, amargura, soledad, resentimiento, frustración) han pasado a dirigir las conductas, han endurecido la percepción y la sensibilidad y han hecho que los ciudadanos se desanimen, dimitan de su responsabilidad democrática y se refugien en el victimismo o en el afán de venganza. Podría pensarse que sería necesario otro 15-M, pero, ¿acaso es aún posible?

__Notas al pie del artículo completo

1. Diani ofrece esta definición tras recapitular las diferentes teorías y revisar sus trabajos anteriores: Mario Diani, «The Concept of Social Movement», Sociological Review, vol. 40, núm. 1 (1992), pp. 1-25; Donatella della Porta y Mario Diani, Los movimientos sociales, trad. de Eduardo Romanos, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas y Editorial Complutense, 2011. ↩

2. Cristina Monge, 15-M. Un movimiento político para democratizar la sociedad, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017, pp. 45-60. La autora ha elaborado un cuadro comparativo de las diferencias entre el 15-M y el viejo paradigma de los movimientos sociales con diez aspectos distintos (p. 49). ↩

3. Véase Alain Touraine, Los movimientos sociales hoy, trad. de Alfred Juliá, Barcelona, Hacer, 1990. ↩

4. Alberto Melucci, Nomads of the Present. Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society, Londres, Hutchinson, 1989, pp. 29 y 60; Ídem, «Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales», Zona abierta, núm. 69 (1994), pp. 153-180. ↩

5. Claus Offe, Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, Sistema, 1992, pp. 164 ss.. ↩

6. John D. McCarthy y Mayer N. Zald, «Resource Mobilization and Social Movements. A Partial Theory», American Journal of Sociology, vol. 82, núm. 6 (1977), pp. 1212-1241; Ídem, «Social Movement Industries, Competition and Cooperation Among Movement Organizations», en Research In Social Movements, Conflict and Change 3 (1980), pp. 1-20; y John D. McCarthy, Mayer N, Zald y D. McAdam, (eds.), Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oortunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales, trad. de Sandra Chaparro, Madrid, Istmo, 1999. ↩

7. Charles Tilly, «Social Movements and National Politics», en Charles Bright y Susan Harding (eds.), Statemaking and Social Movements. Essays in History and Theory, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1984, p. 303. Del mismo autor, véanse «Modelos y realidades de la acción colectiva popular», Zona Abierta, núm. 54/55 (1990), pp. 167-195; «Social Movements as Historically Specific Clusters of Political Performances», Journal of Sociology, núm. 38 (1994), pp. 1-30; y Contentious Performances, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. ↩

8. Sidney G. Tarrow, El poder en movimiento, Movimientos sociales, acción colectiva y política, trad. de Francisco Muñoz de Bustillo, 2ª ed., Madrid, Alianza, 2004. ↩

9. En la Baja Edad Media, cuando se empieza a pensar filosóficamente la política como autónoma del poder eclesiástico se emplean los dos términos, populus y multitudo. Véase Bernardo Bayona, El origen del Estado laico desde la Edad Media, Madrid, Tecnos, 2009, pp. 182, 218-219, 340, 379 y 384. Pero en el siglo XVII, constituidos ya los Estados modernos, la disyuntiva entre ambos conceptos fue objeto de controversia filosófica. Para Spinoza, el concepto de multitud indica pluralidad que persiste como tal en la escena pública, en la acción colectiva, en lo que respecta a los quehaceres comunes comunitarios, sin converger en un Uno. Es la forma de existencia social y política de los muchos, en tanto que muchos. Y la potencia de la multitud constituye al Estado por la vía de su propio poder, y no por la efectuación de una voluntad soberana por encima de la misma, pues «este derecho que se define por el poder de la multitud suele denominarse Estado» (Benedictus de Spinoza, Tratado político [1677], trad. de Atilano Domínguez, Madrid, Alianza, 1986, cap. II, § 17, p. 93), así como «el derecho de la sociedad se define por el poder conjunto de la multitud», por lo que «el poder y el derecho de la sociedad disminuye en cuanto ella misma da motivos para que muchos conspiren» (cap. III, § 9, p. 106). Por ello, la multitud es la base, el fundamento de las libertades civiles. En cambio, Hobbes detesta la multitud como el mayor peligro para el monopolio de la decisión política que corresponde al Estado: «No saber cuál es la diferencia entre el pueblo y la multitud es estar preparando el camino para la sedición» (Thomas Hobbes, Del ciudadano [1642], trad. de Enrique Tierno Galván y Manuel Sánchez Sarto, Madrid, Alianza, 1987, pp. 203-204) y levanta su teoría sobre el concepto unitario del pueblo, superador de la multitud, en la línea que seguirá luego Rousseau. ↩

10. Paolo Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, trad. de Adriana Gómez, Juan Domingo Estop y Miguel Santucho Madrid, Traficantes de sueños, 2003, pp. 19-23. ↩

11. Véanse Michael Hardt y Antonio Negri, Multitud. Guerra y democracia en la era del imperio, trad. de Juan Antonio Bravo, Barcelona, Debate, 2004; Antonio Negri, El devenir Príncipe de la multitud, trad. Daniel Jiménez Sánchez, Sevilla, Ediciones en Huida, 2014. ↩

12. Daniel Innerarity se refiere al contraste entre estos dos revolucionarios en la entrevista incluida en Cristina Monge, op. cit., pp. 292-294. También Ignacio Lacasta recuerda la herencia proudhoniana en el pluralismo y la concepción de la participación tanto en los indignados del 15-M como en los brancosos del movimiento portugués. Véase Ignacio Lacasta Memoria colectiva, pluralismo y participación democrática, Valencia, Tirant lo Blanch. 2013, p. 173. ↩

13. José Luis Villacañas, Populismo, Madrid, La Huerta Grande, 2015, p. 118. ↩

14. Ibídem. ↩

15. Ibídem. ↩

16. Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de Internet, Madrid, Alianza, 2012, pp. 217-218. ↩

17. Entrevista incluida en Cristina Monge, op. cit., pp. 299-301. ↩

18. Este grupo, conocido también por sus siglas DKY, se autodefine como apartidista, asindical, pacífico y contrario a formar parte de cualquier ideología, pero no apolítico. Se gestó en febrero de 2011 en Internet, asociado al impacto que tuvo el Cablegate (filtración de documentos diplomáticos de Estados Unidos, dados a conocer el 28 de noviembre de 2010) y las revueltas árabes que comenzaron en 2010. El grupo se escindió en la primavera de 2012, porque uno de sus fundadores, Fabio Gándara, junto con Pablo Gallego, Miguel Yarza, Olga Mikhaylova y Carlos Paredes formaron la «Asociación Democracia Real Ya», buscando mayor capacidad de organización y de actuación y proponer iniciativas políticas y judiciales. Pero encontraron gran resistencia y fueron acusados de atentar contra la estructura horizontal de la organización. ↩

19. Véase Jordi Borja, «Democracia, insurrección ciudadana y Estado de derecho», La Maleta de Portbou, núm. 12 (2015), pp. 77-83. ↩

20. Pierre Rosanvallon, El buen gobierno, trad. de Horacio Pons, Buenos Aires, Manantial, 2016. La apuesta de Rosanvallon por una democracia de apropiación o de ejercicio y una democracia de la confianza es la que mejor conecta con el 15-M. ↩

21. Entrevista incluida en Cristina Monge, op. cit. p. 306. ↩

22. Pablo Gallego y Fabio Gándara, El cambio comienza en ti. Cuando la imaginación se transforma en contrapoder, Barcelona, Destino, 2013. ↩

23. John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy, trad. de Marcela Zangaro, Barcelona, Ediciones de Intervención Cultural, 2003. ↩

24. Jesús Casquette (Política, cultura y movimientos sociales, Bilbao, Bakeaz, 1998, p. 203) los denomina «impactos». Y Cristina Monge (op. cit., pp. 157-172) analiza los impactos del 15-M y ofrece dos cuadros muy útiles: uno con las categorías de Jesús Casquette y el otro identificando los ítems propuestos por Ángel Calle, «El estudio del impacto de los movimientos sociales, Una perspectiva global», Reis, núm. 120 (2007), pp. 133-153. ↩

25. Cristina Monge, op. cit., p. 170. ↩

26. Manuel Castells, op. cit., p. 145. ↩

27. Cristina Monge, op. cit., p. 276. ↩

28. Ibídem, p. 280. ↩

29. La cita es de Alejandro Rivero, experto en Internet y redes sociales y uno de los responsables de elaborar, desde el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, el mapa de tuits de los días centrales del 15-M, incluido en Cristina Monge, op. cit., p. 284. ↩

30. Francisco Jurado, «Democracia 4.0. Desrepresentación en el voto telemático de las leyes», Revista internacional de pensamiento político, núm. 8 (2013), pp. 119-138. ↩

31. Ferdinand Müller-Rommel, «Nuevos movimientos políticos y partidos defensores de una “nueva política” en la Europa occidental», en Russell J. Dalton y Manfred Kuechler (eds.), Los nuevos movimientos sociales. Un reto al orden político, Valencia, Alfons El Magnànim, 1992, pp. 287-313. ↩

32. Albert Rivera presumió de haber plasmado algunas demandas del 15-M en el acuerdo de gobierno presentado en el Congreso el 25 de octubre de 2016. Carolina Punset, siendo portavoz de Ciudadanos en las Cortes valencianas y miembro de la ejecutiva nacional, se confesaba afín al 15-M y reconocía entre sus votantes a «cientos de miles de personas de los que gritaban en la plaza “No nos representan”» (Cristina Monge, op. cit., pp. 317-319). Y el vocal de Ciudadanos en la Junta de Distrito Centro de Madrid, Ignacio Perelló, cuando se puso la placa de homenaje al 15-M en la Puerta del Sol, dijo: «Todos somos hijos del movimiento 15-M. Es un movimiento grande, de la gente […]. Somos resultado de ese movimiento, posiblemente estemos aquí por él» y añadió que el gancho de Ciudadanos con los votantes se debe a que esta formación apuesta por la «universalidad de ese movimiento».  ↩

33. Entrevista incluida en Cristina Monge, op. cit., p. 303. ↩

34. Véase José Luis Sánchez, Las diez mareas del cambio, Barcelona, Roca, 2013. ↩

35. Periódicos digitales anteriores al 15-M eran El Confidencial (fundado en 2001), El Plural (2005) o República (2010), a los que se añadieron Vozpopuli, El Español, Okdiario y El Independiente, entre otros. ↩

36. Hasta el punto de que Pablo Iglesias que tuvo que responder en Vistalegre I a una acusación directa: «Yo no soy un macho alfa». ↩

37. Ya lo advertía Daniel Innerarity: «Decían que no eran de izquierdas ni de derechas, aunque luego se han ido decantando hacia esos discursos clásicos de la extrema izquierda». Y añadía: «la eclosión de Ciudadanos», en paralelo al surgimiento de Podemos, «ha demostrado que el eje izquierda-derecha es muy resistente» (Entrevista incluida en Cristina Monge, op. cit., p. 293). ↩

38. Véase Cristina Monge, op. cit., p. 142. ↩

39. Miguel Ángel Presno Linera, «¿Nos representan o no?», en Manuel Contreras y Enrique Cebrián (eds.), La crisis contemporánea de la representación política, Zaragoza, Comuniter, 2016, p. 59. Sobre la representación política, véase el tercer número de Fundamentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional. ↩

40. Hanna Fenichel Pitkin, El concepto de representación, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1985, p. XI. ↩

41. Cristina Monge, op. cit., p. 103. ↩

42. Manuel Castells, op. cit., p. 232. ↩

43. Wendy Brown, «Ahora todos somos demócratas», en Giorgio Agamben et al., Democracia en suspenso, trad. de Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar, Madrid, Casus Belli, 2010, p. 77. ↩

44. Paolo Flores d’Arcais, ¡Democracia! Libertad privada y libertad rebelde, trad. de Coral Romà, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013, pp. 115-117. ↩

45. Incluso Louis de Saint-Just, jacobino fiel a Robespierre, afirma: «las instituciones son la garantía de la libertad pública, moralizan al gobierno y al estado civil […] asientan el reino de la justicia […] porque sin instituciones, la fuerza de la república se basa sobre el mérito de los frágiles mortales»; y pocos días antes de subir al patíbulo evocó a los grandes derrotados de las luchas de emancipación que «habían tenido la desgracia de nacer en países sin instituciones; en vano se apoyaron en todas las fuerzas del heroísmo» (Louis de Saint-Just, «Institutions républicaines», Œuvres complètes, París, Gallimard, 2004, p. 1087). ↩

46. Miguel Ángel Presno Linera, cap. cit., p. 73. ↩

47. Berta Barbet, «La crisis de representatividad del poder legislativo», en Varios autores, ¿Quién manda aquí? La crisis global de la democracia representativa, Madrid, Debate, 2017, pp. 131-166. ↩

48. Emilio Santiago Muíño, Rutas sin mapa, Horizontes de transición ecosocial, Madrid, Libros de la Catarata, 2015. ↩

49. Andrea Greppi, La democracia y su contrario. Representación, separación de poderes y opinión pública, Madrid, Trotta, 2012, p. 61. Véase también Nadia Urbinati, Representative Democracy. Principles and Genealogy, Chicago, The University of Chicago Press, 2006, p. 4-28. ↩

50. Los adversarios de Charles De Gaulle se sentían tan frustrados que el exprimer ministro Pierre Mendes-France dijo: «¿Plebiscitos? No se discuten; se combaten» y Vincent Auriol, expresidente de la IV República: «El referéndum es un acto de poder absoluto. […] Mientras que ostensiblemente se inclina ante la soberanía del pueblo, es, de hecho, un intento para privar al pueblo de su soberanía, en beneficio de un hombre», George Tsebelis, Jugadores con veto. Cómo funcionan las instituciones políticas, trad. de José Manuel Salazar, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 169. ↩

51. Alberto Penades, «Referéndums y democracia representativa», en Varios autores, ¿Quién manda aquí? op. cit., pp. 215-242. ↩

52. Entrevista contenida en Cristina Monge, op. cit., p. 297. ↩

53. Alejandro Saiz Arnáiz, «Elecciones primarias, representación política y democracia interna en los partidos, entre la ilusión y el escepticismo», Anuario de derecho constitucional y parlamentario, núm. 12-13 (2000-2001), pp. 179-202. ↩

54. Entrevista incluida en Cristina Monge, op. cit., p. 301. ↩

55. Cristina Monge, op. cit., p. 176. ↩

56. Cristina Monge, op. cit., p. 240. ↩

 

 

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