Focus press setmanal número 81

Presentació

Nous comentaris valoren els debats del Fòrum de Davos (Joseph Stiglitz, Jordi Sevilla …), entre els que destaquem el de Jorge Díaz Lanchas [text 1] que posa l’èmfasi en la deriva cap a la desregulació i desinstitucionalització de les relacions internacionals alentada per l’administració Trump, que té com  a conseqüència l’afebliment del “soft power” nordamericà (Joseph S.Nye).

Jorge Tuñón [text 2]ens ofereix una mirada prospectiva sobre l’evolució d’Europa durant el 2018 i, amb un caire més especulatiu, Simon Kuper [text 3] gosa imaginar-se com serà l’Europa del 2025.

Molt més a tocar estan les eleccions legislatives italianes del proper 3 de març (Pablo Martín de Santa Olalla), en un moment d’especial fragilitat dels partits polítics (Giovanni Orsini), condemnats segons Angelo Panebianco [text 4] a fer política sense poder real.

I, finalment, s’ha produït l’acord per reeditar la Gran Coalició entre la CDU/CSU i l’SPD a Alemanya (Lluís Bassets, Josep Oliver, Carlos Carnicero). Gérard Grunberg i Daniel Vernet [text 5] expliquen el dilema de la socialdemocràcia alemanya en aquesta hora decisiva: optar per passar a l’oposició donant prioritat al clivatge tradicional dreta/esquerra, o bé decidir-se per governar en el marc d’un nou clivatge societat oberta vs societat tancada.

El baròmetre de gener del CIS confirma les tendències apuntades per altres sondejos i planteja amb força la hipòtesi d’un declivi irreversible del PP,  en convertir-se Ciudadanos en una alternativa sòlida per substituir-lo com a primer partit del centre-dreta (Oriol Bartomeus [text 6],  José Fernández-Albertos, Kiko Llaneras) …,  sense que des de les esquerres es percebin senyals de reacció (Esteban Hernández). Sobre la situació específica del PSOE, veure l’última crònica del malaguanyat Gonzalo López Alba [text 7] i la primera entrevista -en 29 anys!- que Felipe González ha concedit al diari El Mundo.

L’evolució positiva de les xifres d’ocupació no pot amagar el deteriorament de la qualitat del mercat de treball espanyol (Gonzalo López Molina), que esdevé un factor determinant en el creixement de les desigualtats socials … Al mateix temps que propostes com les de Ciudadanos de suprimir l’impost de successions no van en la direcció necessària per revertir  aquesta tendència (Lidia Brun [text 8], Kamal Antonio Romero, Ricardo Dudda).

En moltes de les anàlisis que es fan des del món sobiranista sobre el fracàs de la via unilateral a la independència es subratlla -amb sorpresa!- la fortalesa i determinació de les institucions de l’Estat espanyol. Una percepció que confirmen historiadors com Santos Juliá i José Álvarez Junco, i representants significatius de la dreta espanyola com Carlos Aragonés [text 9] Tota una altra qüestió és si aquesta reacció de l’Estat s’hagi vist contaminada per un excés de visceralitat emocional (Víctor Lapuente), com es deixa entreveure en algunes resolucions judicials (Jordi Amat, Javier Pérez Royo).

Mentre, el bloqueig polític i institucional a Catalunya es va allargant a l’espera que els diversos actors de l’independentisme resolguin les seves contradiccions. Per seguir el fil dels esdeveniments des de prismes diversos suggerim les cròniques de Guillem Martínez, Lola García, Enric Juliana, David Miró, Jordi Juan, Joan Tapia, Jordi Mercader , Jordi Barbeta … I comentaris com els de Kepa Aulestia i Albert Branchadell [text 10].

Són d’interès altre articles que aporten informació sobre algunes de les organitzacions més importants del procés. Així,  l’historiador Steven Forti [text 11] analitza les característiques de l’ANC; el periodista Cristian Segura crida l’atenció sobre el paper cada cop més actiu dels CDR; i des de Crític Marc Font  publica un informe sobre el “qui és qui” a Junts per Catalunya.

Transcendint la conjuntura, sembla pertinent la pregunta que es fan tant Josep Maria Colomer com Lluís Bassets [text 12] sobre la vigència del catalanisme després del sotrac que ha suposat el procés.

Com a reflexió final recomanem un article de José Luis Pardo – “El insensato furor del resentimiento”– [text 13] centrat en la nova censura cultural, que relaciona amb un gir identitari de la política. Sobre aquesta qüestió veure també Ian Buruma … i la sèrie d’articles (”Female Gaze”) de Manuel Arias Maldonado en curs de publicació a Revista de Libros (I, II, III, IV) en torn de la “primera guerra cultural global” que estaria redifinint les regles de les relacions sexuals entre homes i dones.

 

 

Jorge DÍAZ LANCHAS, “Davos, Trump y que cada uno haga la guerra por su cuenta” a Agenda Pública (5-02-18)

http://agendapublica.elperiodico.com/davos-trump-uno-haga-la-guerra-cuenta/

Sin lugar a dudas la sesión que más expectativas levantó en el World Economic Forum (WEF) de este año fue el discurso de cierre de Donald Trump. De entre todo el elenco de ponentes, lo que llegase a decir el polémico presidente desde luego que no pasaría sin pena ni gloria. Y así fue.

Con un discurso más claro y conciso de a los que nos tiene acostumbrado, Trump quiso explicar buena parte de la filosofía que subyace a ciertas políticas que ya ha realizado o a otras que tiene en curso. Entre ellas, defendió su reforma fiscal y sus medidas desregulatorias aludiendo al supuesto buen clima de negocios que éstas han generado en EE.UU. Además, dedicó buena parte de su discurso a las decisiones de política comercial que su Administración está tomando con el objetivo de que el comercio internacional sea “libre, abierto y justo” (“free trade opened and fair”, de acuerdo a sus palabras). Siguiendo la misma filosofía desde que se presentase a la carrera presidencial, Trump y la gente que le rodea consideran que EE.UU. sufre constantemente agravios comparativos en sus relaciones comerciales con otros países. De ahí que constantemente estén buscando la forma de fomentar las negociaciones bilaterales en detrimento de las multilaterales, pues en éstas el poder de negociación americano se vería relativamente aminorado. Es decir, el concepto de fair trade (comercio justo) de la Administración Trump, no es el tradicionalmente defendido por académicos de la talla de Joseph Stiglitz, los cuáles promueven la creación de un sistema de reglas internacionales que permitan el acceso a mercados en igualdad de condiciones.

Sin quitar relevancia a todas estas declaraciones, quizás lo más llamativo del discurso de Trump fuese su apelación a su famoso lema de política exterior: “America First” (América primero). Para Trump, los Estados y en especial sus dirigentes deberían de perseguir, en primer lugar y ante toda situación, el interés general de su país y el de sus ciudadanos. Pero es aquí donde surge el primer inconveniente para cualquiera que se dedique al análisis internacional. ¿Por qué? Básicamente porque esta forma de pensar estaría obviando que los diferentes pesos económicos y geopolíticos de los países, así como sus acciones, pueden tener efectos muy distintos a la hora de defender los intereses de sus ciudadanos. Esto es, las decisiones que pueda tomar un país pequeño como por ejemplo Dinamarca, no tienen las mismas consecuencias que aquellas tomadas por EE.UU. dada su envergadura económica, más aún cuando dicho país busca control geopolítico con sus acciones. Y eso es lo que la Administración Trump sabe muy bien, de ahí que abogue por el America First como estrategia de política exterior.

De todas formas, este tipo de pensamiento no sólo se ha mantenido en el marco político estadounidense o en partidos radicales europeos, sino que ha ido calando entre la opinión pública de las economías avanzadas, llegando a saltar al plano académico. Desde un punto de vista más formal, con mayor frecuencia se alude a “una vuelta al Estado-Nación” como forma de solucionar el malestar que la globalización está acarreando en las distintas sociedades, ya sea a través de los aumentos de la desigualdad o de la emergencia de los populismos. De hecho, el propio WEF fue una muestra de esta preocupación pues varias de sus sesiones estuvieron dedicadas a estos problemas, en concreto a “cómo salvar a la globalización de sí misma”. Bien es cierto que el mundo académico no persigue el concepto de Nación (Nation) que Trump y otros presidentes están continuamente evocando y que está íntimamente ligado al proteccionismo y al nacionalismo económico. Por el contrario, estos autores tienden a centrarse en el ideal del Estado (State) como forma de delimitar jurídicamente el alcance que las políticas deberían de tener si realmente pretenden atender los intereses de sus ciudadanos. O eso revindican economistas como Dani-Rodrik. De acuerdo a éste, como la globalización ha avanzado mucho y demasiado rápido sin atender a las preferencias de los individuos involucrados en el proceso, urge un giro de atención por parte de las instituciones nacionales hacia dichas preferencias, de modo que los gobiernos puedan recuperar las riendas de unas economías que imperiosamente se están dirigiendo hacia movimientos populistas y proteccionistas.

Que se propongan medidas para paliar el rechazo ante la globalización es una buena noticia. Pero no por ello todas las sugerencias han de ser positivas. Si atendemos a una definición estricta del Estado-Nación, deberíamos de poder admitir que los gobiernos nacionales llevasen a cabo multitud de políticas si éstas permitiesen eventualmente mejorar el bienestar de sus individuos o al menos atender sus preferencias. Pese a que actuar de esta manera pudiese tener consecuencias directas en las políticas de otros países. Así, si la Administración de Trump quisiera subir los aranceles a los productos chinos aludiendo a las preferencias de los estadounidenses, como efectivamente acaba de hacer, bien podría estar acarreando costes para otros países (China) y con ello generar un conflicto internacional. El mismo tipo de argumentos podría ser utilizado si un gobierno decidiese levantar barreras a la inmigración internacional si tal medida fuese en línea con los deseos de su sociedad.

Pese a lo que nos podamos pensar, la era de proteccionismo y rechazo a la globalización no es para nada nueva. Bien es conocido el proteccionismo que siguió al Crack del 29 y que acabó agravando dicha depresión. De esa época tan gris parece que algo aprendimos. Pero generalmente pasamos por alto que otras crisis más recientes también padecieron mucha tensión proteccionista, como fue el caso de los años 80. Tal y como nos cuenta Carl Green, en aquella época ya se percibió la emergencia de nuevas formas de proteccionismo por parte de las economías más maduras ante los riesgos que los nuevos países en desarrollo podrían tener en el bienestar de las sociedades más avanzadas. Este proteccionismo se basó en la búsqueda del aislamiento comercial de ciertos socios (la industria japonesa o y la incipiente asiática) o el fomento de las relaciones bilaterales en lugar de permitir las estructuras de negociación multilaterales bajo el marco del GATT. Curiosamente y pese a todos sus problemas, el mundo en su conjunto acabaría avanzando hacia estructuras de gobernanza multilaterales más sofisticadas e inclusivas a lo largo de los años 90. Por el contrario, ahora pensamos que la alternativa es volver a ese “Estado” (State) como origen último de la jurisdicción que defiende las preferencias de sus individuos. O por decirlo de otra manera, pareciese que la estrategia a seguir es la de hacer cada uno “la guerra por su cuenta”, pese a que la historia nos haya enseñado lo desastroso que puede ser.

 

 

Jorge TUÑÓN, “Europa 2018: escenarios, perspectivas y desafíos” a Agenda Pública (2-02-18)

http://agendapublica.elperiodico.com/europa-2018-escenarios-perspectivas-desafios/

Tal y como se sostenía, en idénticas conclusiones de la crónica de 2016 o incluso al inicio de la presente, 2017 venía a suponer una continuación de las prioridades programáticas de 2016, acentuadas por el clima de paulatina recuperación económica, pero sobre todo por la negociación del Brexit, el auge de los populismos y el euroescepticismo y su influencia en las elecciones de Holanda, Francia, y Alemania, o las propias tensiones territoriales dentro de la propia UE, con especial atención al caso de español, en relación a Cataluña. Y así ha sucedido, aquellos han sido los temas capitales, la mayor parte de los cuales cuenta con un denominador común, aunque en marcha, no han sido agotados durante 2017, sino que quedan como tareas pendientes para 2018. Efectivamente y a modo de ejemplo, el último Consejo de Ministros de 2017 tenía previsto tratar preferentemente el estado de las negociaciones del Brexit, pero también la situación política alemana, dadas las dificultades de encontrar una mayoría de gobierno estable a pesar de la victoria de la canciller, Angela Merkel en los pasados comicios.

Lo anterior, no quiere decir que no vayan a ser objeto de atención por parte de las autoridades europeas, toda otra serie de cuestiones también de cierto calado, que hunden sus raíces en el ejercicio 2017 e incluso en alguno anterior. De una parte, los acercamientos a Japón, México y al Mercosur para indagar sobre las posibilidades de suscribir o reformar acuerdos comerciales, tras el CETA con Canadá de 2016 y con motivo del estancamiento de un posible acuerdo comercial con los Estados Unidos tras la asunción de la Administración Trump; así como el reforzamiento de las relaciones comerciales con la propia China. De otra parte, el interés por la profundización en el Mercado Único Digital, ligado a una importante mejora de las redes de transporte europeas. Asimismo, y en materia de Seguridad y Defensa, la UE tiene pendiente el avance en la gestión conjunta de información, fronteras y justicia criminal (con especial atención a los casos de Libia, Siria y Oriente Próximo). Tampoco pasará por alto en 2018 la UE la gestión de la amenaza terrorista yihadista, tras un año copado por los luctuosos atentados terroristas de Estocolmo, Manchester, Londres, París y Barcelona.

Entre los retos incluidos para el ejercicio 2017 en la agenda europea, se encontraba subrayado en rojo el del replanteamiento de las problemáticas derivadas de las crecientes presiones populistas (principalmente de la extrema derecha en Francia) o/y euroescépticas (Reino Unido o Hungría, entre otros). Tristemente y a pesar de algunos movimientos, muchos de ellos liderados desde el propio Reino Unido que abogan por el “Regrexit”, el caso del Reino Unido, más allá de la mejor negociación posible para la consumación de la salida del Reino Unido de la UE, ya escapa en la actualidad y de cara a 2018 de la estricta agenda de la UE. Sin embargo, sí que quedaba todavía mucho por hacer por cuanto tenía que ver con la oposición a los populismos y a los euroescepticismos. Particularmente en relación a las elecciones holandesa y francesa (en menor medida en este sentido respecto a la alemana), comicios ante los cuales partidos decididamente xenófobos, eurófobos y populistas, tenían opciones de victoria y por tanto de dar un trascendente vuelco al tablero de actuaciones de la UE, tras la decisión de la salida británica y el proceso de implementación de la misma.

Por orden cronológico, Europa comenzó a respirar cuando como resultados de los comicios en los Países Bajos, el eurófobo Geert Wilders sucumbió ante el actual Primer Ministro Mark Rutte, dando un primer balón de oxígeno a Bruselas. Ni que decir tiene que, sin embargo, no fue hasta mayo cuando la UE pudo respirar tranquila. El auge del Front National, y el sistema francés a doble vuelta, hacía de los comicios franceses, tan imprevisibles como paradójicos. Por suerte para la UE, el fenómeno Macron (europeísta convencido), pudo frenar el auge de Marine Le Pen, que no obstante pudo disputar la presidencia en la segunda vuelta. Más relajadas desde la perspectiva europea se presentaban las elecciones alemanas, que volvieron a otorgar la victoria a la Canciller Angela Merkel, precisamente frente al antiguo presidente del Parlamento Europeo, el socialista Martin Schulz. Fuera de la partida el cleavage del Europeísmo o el Euroescepticismo, los quebraderos de cabeza para la UE, pueden venir por las dificultades aritméticas para formar coalición de gobierno tras los resultados electorales, lo cual puede retrotraer a Alemania a la situación española tras las elecciones de 2015 y hasta que logró formar gobierno a finales de 2016.

Desde el referéndum británico en 2016, el conjunto de los líderes europeos parece, por fin, haberse concienciado, de la necesidad de una profunda reflexión política acerca de la UE y del futuro (sin en el Reino Unido) de la misma, puesto que demasiados ciudadanos europeos no están contentos con la situación actual, ya sea a escala nacional o europea, y esperan mejores resultados. Evidentemente, la gestión del Brexit, así como el replanteamiento de las fallas de la propia UE, estaban anotados en mayúsculas en la agenda europea para 2017, algo que no cambiará de cara al ejercicio 2018. En definitiva y respecto a la cuestión británica, será necesario tiempo para digerir el referéndum británico y la salida del Reino Unido de la UE, para descifrar las potenciales consecuencias y disputas derivadas de la misma. Sin embargo, tiempo no será lo que sobre precisamente, ya que los tratados estipulan que las negociaciones de salida no deben sobrepasar los dos años desde la petición oficial, firmada por Theresa May el 29 de marzo de 2017. Ni que decir tiene, que no habiéndose avanzado demasiado en ese sentido durante el ejercicio que ahora finaliza, el grueso de los acuerdos deberá tomarse en 2018. Y no parece tarea fácil puesto que las posiciones están, por el momento, lo suficientemente alejadas.

En todo caso y más allá de lo estipulado por la cláusula del artículo 50 del Tratado, es de suponer que, si las partes no hubieran terminado de llegar a un acuerdo para finales de marzo de 2019, puedan concederse una prórroga, ya en cuanto a sujetos del Derecho Internacional más que del Derecho Europeo. Más allá de esa remota posibilidad, parece lógico que 2018 arroje luz sobre algunas de las incertidumbres actuales respecto al cómo y al cuándo de la implementación del divorcio, además de sobre las potenciales consecuencias negativas del mismo para ambas partes. El inconveniente esencial parece residir en el hecho de que los principales líderes europeos no parecen ver con muy buenos ojos una salida del Reino Unido de la UE “a la carta”, manteniendo algunas de las libertades y de los beneficios esenciales de la pertenencia a la UE. Por mucho que se haya ya admitido que las negociaciones de salida deben conducir a una futura relación privilegiada entre el Reino Unido y la UE, ello no incluye para los negociadores europeos (tal y como sí que verían con muy buenos ojos los negociadores británicos) el acceso “a la carta” al Mercado Único, que solo podría concederse a cambio del compromiso con las cuatro libertades básicas de la UE también en territorio británico, incluida la libre circulación de trabajadores, probablemente la detonante del Brexit. Dada la distancia actual de las posiciones negociadoras, 2018 se antoja como el ejercicio vital para poner las bases de lo que ya no parece poder ser en el mejor de los casos, sino un “divorcio feliz”.

Muy relacionado también con los populismos y dentro del marco de las tensiones territoriales en el propio territorio europeo, la agenda europea ha estado también dominada por el particular caso catalán. Lejos de haberse cerrado a la fecha escritura de la presente crónica, promete nuevos capítulos a desarrollarse en 2018. Efectivamente y como ya explicábamos hace un año, desde Bruselas se atendía con precaución y recelo a la escalada de tensión en el caso catalán. No en vano, la UE como organización supranacional, compuesta por Estados-Nación, no puede ver, sino con recelo todas aquellas tendencias disgregadoras y desestabilizadoras de sus estados miembros. Tristemente, 2017 ha supuesto el tablero de batalla entre las soflamas directamente independentistas y el estado español. Se celebró el primero de octubre un simulacro de referéndum por la independencia de Cataluña, previamente declarado inconstitucional, y que supuso disturbios principalmente en las calles de Barcelona, en unas imágenes que bien podían haberse ahorrado y que golpearon a la opinión pública internacional. A aquellos tristes acontecimientos se sucedieron infructuosas negociaciones entre el gobierno central y el regional que culminaron en la Declaración Unilateral de Independencia por parte del Parlamento regional el 27 de octubre y la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española (se destituía al antiguo gobierno catalán y se administraba la Comunidad Autónoma desde Madrid, a la vez que se convocaban nuevas elecciones regionales para el 21 de diciembre), al día siguiente.

Consecuencia de los resultados de dichos comicios, pero sobre todo del juego de alianzas y posibles mayorías de gobierno en el Parlamento catalán y de la relación y posible complicidad entre el nuevo gobierno regional y el gobierno español, se podrá (o no) reconducir la escalada de tensión en España y abordar una nueva reubicación y relación de Cataluña con el resto de España. Todo ello, está (por tanto) pendiente para 2018. En todo caso, la UE aguarda con preocupación la resolución del conflicto, y sobre todo la posibilidad de evitar el denominado efecto contagio a otros territorios, motivo por el que las instituciones europeas han venido desatendiendo todos y cada uno de los requerimientos de los dirigentes independentistas catalanes, incluida la mediación internacional y por mucho que el expresidente catalán pretendiese europeizar el conflicto auto-exiliándose en Bruselas desde principios de noviembre.

En relación con la situación en Oriente Medio, la UE debía y todavía debe tratar con fina intuición sobre dos asuntos capitales: la oleada de refugiados, de una parte; y la gestión de la respuesta común al fenómeno del terrorismo yihadista. De hecho, Europa lleva asistiendo durante los últimos dos años a un flujo migratorio sin precedentes, de refugiados sirios (situación en un primer momento bienvenida, pero más tarde, también motivo de desacuerdos acerca de su gestión por los estados miembros). “Ni que decir tiene, que tras aquella experiencia, la UE, a sabiendas de la imposibilidad de impedir las crisis migratorias de los refugiados, bien haría en pedir a sus dirigentes altura de miras suficiente, para ser capaz de dar una respuesta mejor argumentada, más gestionada, más solidaria y sobre todo más coordinada al fenómeno”. Por lo que respecta estrictamente al fenómeno del terrorismo yihadista, si ya resultaba a inicios de 2016 un desafío evidente y permanente el de la reorganización, tanto occidental como europea frente al fenómeno terrorista, los acontecimientos de 2017 han dado la razón a previsiones más agoreras. Tras los espectaculares atentados terroristas de 2015 y 2016 en París, Bruselas o Niza, entre otros, 2017 no ha supuesto una excepción y el yihadismo islámico ha vuelto a golpear en territorio europeo, con Estocolmo, Manchester, Londres, París y Barcelona, como muestras evidentes, quedando como asignatura pendiente, esperemos que solo para 2018.

Mientras que el terrorismo yihadista no ha podido evidentemente ser totalmente contrarrestado 2017 sí que ha asistido a un descenso de intensidad de la crisis de refugiados procedentes de Siria. Todo ello tendrá una influencia y una relación sintomática respecto a la crisis de los refugiados, y la gestión de la misma, siendo fundamental, entre otros, el desarrollo de acuerdos al respecto, como el certificado en 2016 con Turquía, o la misma revisión de la validez y eficacia del mismo, durante 2017. Precisamente, la UE, a sabiendas de la imposibilidad de impedir las crisis migratorias de los refugiados, bien haría en pedir a sus dirigentes altura de miras suficiente, para ser capaz de dar una respuesta mejor argumentada, más gestionada, más solidaria y sobre todo más coordinada al fenómeno”.

Avanzábamos en nuestra introducción que la presidencia Trump no parece ser especialmente empática con Europa o con la Unión Europea. De hecho, no hay rastro de noticias de aquel Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y la UE, que no pudo ser concluido durante la Administración Obama. Además, los desencuentros, tanto protocolarios como en materia de ciertas políticas como la climática y medio-ambiental, han sido más que evidentes en el marco del ejercicio 2017. Se trataba de un tema pendiente para 2017, muy lejos de ser resuelto y que parece que continuará pendiente a corto plazo, pero que engarza con la necesidad europea de replantearse sus relaciones con una Administración Trump parece que será bastante menos pro-europeísta que la Administración Obama, motivo tanto de preocupación como de reflexión para las autoridades europeas durante el ejercicio 2018.

Todos los anteriores constituyen los temas que han dominado la agenda durante el ejercicio 2017 a punto de terminar, algunos de los cuales constituirán también tareas pendientes para la UE en 2018. Tal y como se explicitó el pasado 25 de marzo en la Solemne declaración de Roma, para conmemorar el 60 aniversario de los Tratados fundacionales dela UE, el proyecto europeo se encuentra en un momento decisivo y nada baladí, puesto que más allá de una encrucijada económica, ahora la UE se halla ante una diatriba política. Todavía, “de la gestión de todas aquellas líneas de fractura, que suponen serias amenazas para la UE, depende su refundación o relanzamiento, o por el contrario su declive, condena al ostracismo y práctica irrelevancia geopolítica a escala mundial

 

Simon KUPER, “Europa 2025” a Letras Libres (1-02-18)

https://www.letraslibres.com/mexico/revista/europa-2025

Es 2025 y el Pacto de Varsovia celebra su cumbre anual en el Kremlin. El pacto de la era soviética, que desapareció al final de la Guerra Fría, fue resucitado en 2020 después de que los países de Europa del Este decidieran que tenían más en común con sus anteriores amos rusos que con Europa occidental. De todas formas, unirse era la única manera de frenar los ciberataques de Rusia. Firmar el pacto en Varsovia fue un deliberado acto de provocación contra la ciudad más liberal del bloque del Este.

El nuevo pacto se basa en una ideología mucho más popular que el comunismo. Es nativista, contraria a la inmigración, supuestamente entroncada en la cultura “cristiana” (el eufemismo “judeocristiana” se lo cargaron), antidemocrática y antioccidental.

En la cumbre de 2025, Vladimir Putin, que tiene 72 años pero ha rejuvenecido gracias a la terapia genética, sonríe con suficiencia al dar la mano a los invitados. Detrás de él, en una silla de ruedas dorada, incapaz de hablar pero reverenciado como el santo patrón del pacto, está Donald Trump. Después de perder la presidencia en 2020, salió de Estados Unidos para evitar que lo encarcelaran por blanquear dinero de gánsteres rusos durante sus años en el negocio inmobiliario. (La investigación sobre la colusión en las elecciones de 2016 llevó a varios socios de Trump a prisión, pero no tocó al presidente, quien llegó a referirse a su hijo encarcelado Donald Jr. como “un tipo que apenas conozco”). Trump y sus enfermeras viven ahora en una suite en la nueva Torre Trump de Moscú.

Los líderes del bloque occidental de Europa (o como los llaman los del Este, “los gais”) observan la cumbre en realidad virtual. Lo que les resulta especialmente irritante es que los autocráticos Polonia, Hungría y República Checa hayan permanecido en la Unión Europea. Para 2025, la UE es de hecho solo un mercado único.

Quizá, piensan los líderes occidentales para tranquilizarse, la reconquista rusa de sus exsatélites era inevitable después de que Trump abandonara la otan. Putin había observado que inmigrantes y empresas chinas tomaron efectivamente el Este de Rusia hasta los Urales (desatando un boom económico en la cada vez más derretida Siberia). Así que miró hacia Occidente, hacia donde millones de rusos jóvenes y educados huyeron.

Por mucho que el bloque occidental odie el Pacto de Varsovia, no puede argumentar que el Este ha fracasado. Al contrario, sus economías funcionan bien. Los índices de aprobación de sus líderes están realmente por las nubes; son astutos y resolutivos, y desdeñan el fallido populismo antiexpertos de la era de Trump y el Brexit. Como suele presumir el presidente vitalicio de Hungría Viktor Orbán: “Somos racistas. No somos idiotas.” Cuando creó documentos de identidad especiales para gitanos y musulmanes, y también cuando abrió “campos de espera” para elementos “no húngaros”, su popularidad aumentó. De todas maneras casi todos los húngaros liberales viven ahora en Berlín.

Y al contrario que en la Guerra Fría, el bloque occidental ya no puede considerarse un modelo a seguir. Los flujos de pensionistas del bloque occidental se dirigen ahora hacia Praga y Budapest cada semana para saborear cómo era el viejo mundo blanco.

El bloque occidental se enfrenta también a su propia y complicada brecha generacional. El primer partido juvenilista en obtener el poder en Europa fue el Partido Laborista de extrema izquierda de Jeremy Corbyn, en un Reino Unido pos-Brexit, pero los juvenilistas aparecieron por todas partes después de que el movimiento #MeToo echara a una generación de envejecidos políticos europeos envueltos en escándalos de abusos sexuales en 2018/2019. Las viejas glorias del populismo como el pvv neerlandés de Geert Wilders y el fpö austriaco fueron sustituidos. La participación joven en las elecciones se ha disparado, mientras que la participación de los ancianos se ha desplomado, por culpa del alzhéimer y de la negativa de los jóvenes a llevar a sus padres y abuelos a los colegios electorales. El gobierno juvenilista de Italia se plantea incluso permitir el voto solo por Snapchat –aunque un nuevo partido de los mayores de ochenta está respondiendo–. Los partidos juvenilistas piden un 50% de impuestos en las ventas de casas para financiar las universidades, y aspiran a aumentar inmediatamente la edad de jubilación hasta los ochenta para la generación baby boomer.

La división generacional es más hiriente en Alemania. En 2025, una cuarta parte de los alemanes tiene más de 65 años, y la mayoría de los pueblos se han convertido de facto en comunidades para jubilados. Tras la oleada de refugiados de 2015, la inmigración es políticamente imposible, así que robots japoneses y doctores filipinos cuidan de los ancianos alemanes mediante realidad virtual. Algunos pensionistas alemanes llevan años sin hablar con otro ser humano. La primera residencia de ancianos formada totalmente por robots abrió recientemente en Baden-Wurtemberg.

Los jóvenes alemanes no están de humor para arrepentirse. Siguen enfadados por el colapso económico posterior a la aniquilación de la industria automovilística. Primero, los constructores de coches apostaron desastrosamente por el diésel, un combustible mortal ahora prohibido en todo el mundo. Luego el surgimiento de los coches eléctricos convirtió los complejos motores alemanes en superfluos. Ahora, los coches personales están siendo prohibidos en el centro de las ciudades del bloque occidental, y son sustituidos por autobuses autónomos hechos generalmente en Francia. Volkswagen cerró en 2021, hundiendo a la Baja Sajonia en una recesión, y en 2024 Waymo, la empresa de Google de coches autónomos, compró por el precio simbólico de un euro la endeudada BMW. La nueva fábrica de Waymo en Múnich tiene solo un empleado: un vigilante con un perro, cuyo trabajo es asegurarse de que ningún humano toque los robots.

Angela Merkel está de facto en el exilio, y da clases de estudios energéticos en una universidad china. En Alemania se la recuerda como en Reino Unido a Tony Blair: una líder que se benefició de una buena época y que no hizo nada para prepararse para una mala. Los políticos alemanes están tan desacreditados que el candidato de la cdu para las elecciones de 2025 es el ex primer ministro francés Édouard Philippe, quien pasó su infancia en Bonn, donde su padre era el director de un colegio francés. Pero el favorito en las elecciones es Alternative für Deutschland. El partido quiere seguir a Austria y unirse al Pacto de Varsovia. Al menos, dicen los alemanes, no son Reino Unido. El Brexit aniquiló sus tres sectores líderes mundiales, la City, las universidades y la economía creativa de Londres. Entonces Corbyn ganó las elecciones anticipadas de 2020 con una mayoría aplastante, ayudado por la ruptura de los conservadores entre la extrema derecha comandada por los etonians de la facción Nuevo Imperio y los proeuropeos de ¡Basta!

La inversión extranjera se había secado al anticipar la victoria de Corbyn. Cuando se mudó a Downing Street ya no había dinero para nacionalizar nada excepto los agonizantes periódicos sensacionalistas, y eso hizo.

Gran Bretaña ha comenzado a conocerse como La Cada Vez Más Pequeña Bretaña. En el referéndum de 2023, Irlanda del Norte votó para unirse a Irlanda. Los partidarios de la unión eran casi todos católicos pero también había muchos protestantes jóvenes, desesperados por quedarse en la UE.

En 2025, el salario medio británico permanece por debajo del nivel de 2007. El trabajo más común de la población joven –que votó abrumadoramente por el Remain o se abstuvo en el referéndum de 2016– es cuidar de los votantes envejecidos del Leave. (Los corbynistas han prohibido los cuidadores robots, además de la mayoría del resto de robots.) Muchos británicos jóvenes sueñan con emigrar a Europa, donde los salarios de los camareros son mayores. Sin embargo, no pueden obtener visas. Cada semana, la policía fronteriza francesa descubre a británicos escondidos en el interior de camiones. Los juvenilistas presionaron a Corbyn para que pidiera reincorporarse a la UE, pero los 32 Estados miembros, en un acto inédito de unanimidad, se negaron siquiera a abrir negociaciones.

La única área donde Reino Unido lidera es en cultura juvenil. El merchandising del referéndum de 2016 –camisetas con la Union Jack a favor del Leave, pines de Nigel Farage, etc.– se ha convertido en un culto kitsch para los juvenilistas en todo el bloque occidental.

El mayor beneficiario británico del Brexit es Boris Johnson, una estrella en el circuito mundial de conferencias. Debido a que vivió suficiente tiempo en Bruselas como para obtener la ciudadanía belga, ahora pasa casi todo el tiempo en su mansión junto al río Loira. Sigue sin ser bienvenido en Reino Unido.

Francia está prosperando. Después de que Trump prohibiera toda la inmigración solo de China y la India, Silicon Valley cayó en una crisis. En 2019 la UE comenzó a regular Google, Apple, Facebook y Amazon como empresas proveedoras. Les subió los impuestos, las denunció como monopolios y las obligó a abrirse a la competencia. Esto permitió a sus rivales franceses emerger. Mientras, París también se convirtió en el centro de una industria floreciente de captura de carbono. En 2024 la ciudad superó a San Francisco como el centro tecnológico líder del mundo, con Lisboa en tercer lugar. Esto tuvo un lado negativo: el precio medio de un apartamento en París es ahora de 2,5 millones de euros.

El éxito de París proviene en parte de su decisión en 2021 de declararse una ciudad bilingüe. Buena parte de la economía creativa de Londres ha huido a los suburbios parisinos, que comenzaron a progresar incluso antes de que se pusiera en marcha el transporte público Grand Paris a tiempo para los Juegos Olímpicos de 2024.

La mayoría de las universidades francesas ahora imparten sus clases en inglés, a pesar de que el mayor beneficiario del declive de las universidades británicas ha sido Países Bajos. Los departamentos de física y biología de Cambridge se han mudado a Ámsterdam para poder seguir recibiendo fondos de la UE. Y en 2025 Leiden es la séptima ciudad en los rankings universitarios globales, desplazando a la eth de Zúrich como la número uno de Europa.

El presidente Macron, ahora de 47 años, tiene unos índices de popularidad del 60% en Francia y del 87% en Alemania. En 2027, cuando termine su segunda legislatura, planea dar el salto hacia su nuevo papel como ministro jefe de la Eurozona.

Mientras, las ciudades más bonitas del sur de Europa han rejuvenecido con hipsters del norte, que gracias a la realidad virtual pueden trabajar donde sea. La sustitución del coche por las bicicletas eléctricas ha hecho que ciudades históricamente sin coches como Palermo, Sevilla o Coimbra se vuelvan funcionales instantáneamente. Baratas, con buen tiempo y bendecidas con un buen café, se han vuelto irresistibles.

Pero el bloque occidental se siente cada vez más –literalmente– como un oasis en el desierto global. Casi toda África y Oriente Medio son regiones demasiado calientes y secas para vivir. Los drones europeos mutilan a la mayoría de los potenciales inmigrantes, pero pasa suficiente gente como para que el refugiado climático africano haya sustituido al terrorista islámico como el nuevo hombre del saco.

El bloque occidental tampoco tiene aliados externos fiables. China –que después de la “catástrofe de Corea” en 2018 se declaró “Nación de la Paz”– no es exactamente el enemigo del bloque. Pero tampoco es un aliado. Grecia (sobre el papel, miembro del Pacto de Varsovia) se ha convertido de facto en el vasallo pagado de China en Europa, y en su voto de bloqueo en Bruselas.

Y Estados Unidos ha abandonado a Europa. Los líderes del bloque occidental se limitan a ver las “guerras robóticas” de Trump en la televisión. Su sucesora demócrata lesbiana habla bien de Europa, y a veces queda con Macron en realidad virtual, pero no ha visitado el continente en dos años. Está demasiado ocupada luchando en la guerra civil de baja intensidad que tiene en casa, que surgió la noche de la elección de 2020, después de que Trump denunciara su derrota por 62 a 38 como un “amaño mexicano” mientras se subía al Air Force One en dirección a Moscú.

Los huracanes son acontecimientos anuales en los estados costeros del sur. Florida está casi totalmente abandonada, y los hoteles art déco de Miami Beach sumergidos en el océano. Tal es el estado de caos en Estados Unidos que se espera que Ivanka Trump (apoyada por su marido, Jared Kushner, desde su exilio en la Cisjordania ocupada por Israel) sea la nominada por el Partido Trump para 2028. Pero para los europeos el colapso de Estados Unidos es un ruido de fondo. Los gobiernos del bloque occidental han desaconsejado a sus ciudadanos viajar a la Unión Americana: es peligroso, y el comercio entre Estados Unidos y Europa ha disminuido desde que Trump sacó al país de la OMC.

Los europeos están ahora solos. Y, sin embargo, para los estándares globales su continente es feliz y frío (excepto por la cada vez más desértica España). Curiosamente, la visión tradicional británica de la UE ha prevalecido: una unión con demasiados miembros como para ser algo más que una simple zona de libre comercio, y que a pesar de la ausencia de los británicos realiza todos sus negocios en inglés. Podría ser peor, murmura la mayoría de europeos, y así es en casi cualquier otro sitio del mundo.

 

Gérard GRUNBERG et Daniel VERNET, “Suicide ou lent déclin: le dilemme de la social-démocratie allemande” a Telos (8-02-18)

https://www.telos-eu.com/fr/suicide-ou-lent-declin-le-dilemme-de-la-social-dem.html

Le SPD et la CDU ont signé cette nuit un accord de gouvernement. Cela n’allait pas de soi, comme l’ont montré les débats qui ont traversé le congrès du SPD, le 21 janvier dernier. Ces débats s’inscrivent dans la controverse historique qui traverse la social-démocratie allemande depuis le début du XXème siècle : faut-il participer au pouvoir au prix de quelques sacrifices idéologiques afin d’obtenir des progrès concrets pour les « travailleurs » ou préférer l’opposition pour sauver les principes ? Le président du SPD, Martin Schulz, a résumé  l’alternative en ces termes : « Mieux vaut 1% de quelque chose que 100% de rien du tout ».

Un parti divisé

À une courte majorité (332 voix contre 279), les délégués réunis à Bonn le 21 janvier ont approuvé l’ouverture de négociations avec la démocratie chrétienne en vue de former un nouveau gouvernement de grande coalition (GroKo). Ils ont posé des conditions mais c’est déjà la troisième fois sous le règne d’Angela Merkel, que le SPD sera le junior partner de la démocratie-chrétienne. Ce sera aussi la quatrième grande coalition dans l’histoire de l’Allemagne d’après-guerre.

La première date de 1966. Il s’agit alors pour le SPD de montrer qu’il est digne de gouverner. Depuis 1949, il a été tenu à l’écart du gouvernement bien qu’il eut opéré sa mue réformiste dès 1959. Au congrès de Bad Godesberg, il a rejeté le marxisme au profit de l’économie sociale de marché et annoncé son ralliement à la « petite Europe » (à l’époque celle des Six) contre le mythe d’une grande Europe réunifiée (qui se réalisera après 1989).  « Faire son Bad Godesberg » est devenu, pour les partis socialistes, synonyme d’acceptation des lois du marché.

Le dernier chancelier social-démocrate, Gerhard Schröder, est allé plus loin en ralliant la « troisième voie » de Tony Blair et en mettant en œuvre des réformes (lois Hartz) qui ont rétabli la compétitivité allemande mais entamé le consensus social. En 2005, après sept ans de pouvoir avec le Verts, le SPD a dû céder la chancellerie à Angela Merkel mais il a recueilli encore 34% de voix. Or depuis, la baisse a été pratiquement continue. En 2009, après quatre ans de partage des responsabilités avec la démocratie-chrétienne il n’était plus qu’à 23%. Aux dernières élections du 24 septembre 2017, son score dépassait à peine les 20%. Le petit regain enregistré en 2013 (25,7%) après une législature passée dans l’opposition n’est pas suffisant pour convaincre une majorité de sociaux-démocrates que le salut se trouve dans l’éloignement du pouvoir.

« L’opposition, c’est la merde », avait coutume de dire un ancien président du SPD, Franz Müntefering, pour convaincre ses amis de pactiser avec Angela Merkel. Les réformistes du parti ont des arguments. Au cours de la dernière législature, ils ont imposé des réformes sociales qui n’auraient pas été décidées sans eux : la création d’un salaire minimum, l’abaissement de l’âge de la retraite pour les longues carrières, une retraite pour les femmes au foyer, etc. Mais ils n’ont tiré aucun profit électoral de leurs succès politiques. Tout se passe comme s’ils avaient tiré les marrons du feu pour Angela Merkel. Dépourvue d’œillères idéologiques, la chancelière a récupéré à son profit les changements qui lui semblaient populaires. Ayant « social-démocratisé » la démocratie chrétienne, Angela Merkel a en partie asséché le vivier électoral du SPD. Les plus conservateurs de son parti lui reprochent d’avoir ainsi ouvert un espace sur sa droite où s’est engouffrée l’AfD (Alternative für Deutschland) mais c’est ainsi qu’elle a assuré ses douze années de pouvoir.

Dans le même temps, le SPD continue d’être tenu pour  responsable de la précarité organisée qui frappe une grande partie des salariés allemands à la suite des réformes Schröder. Il a du mal à concilier deux impératifs contradictoires : assumer l’héritage d’une politique qui a remis l’économie allemande sur la voie de la croissance et prendre ses distances avec des réformes qui ont déstabilisé sa base sociologique traditionnelle. A l’instar d’autres partis européens appartenant à la famille du socialisme démocratique, il n’a pas réussi à sortir par le haut de cette contradiction. Martin Schulz a essayé en mettant en avant la défense de la justice sociale. Le thème a fait long  feu. L’Europe, qui aurait pu animer la campagne, est une idée trop abstraite pour tenir lieu de substrat idéologique.

Le SPD, qui a fêté son 150e anniversaire en 2013, n’a-t-il le choix qu’entre un suicide, que représenterait la fuite devant les responsabilités par un retour dans l’opposition, et un lent déclin, s’il est condamné à être la roue de secours du centre droit ?

Le dilemme général de la social-démocratie

En réalité, ce parti est confronté au même dilemme que l’ensemble de la social-démocratie européenne. Cette famille politique s’est développée historiquement dans des sociétés qui sont aujourd’hui traversées par des clivages politiques nouveaux qui affaiblissent gravement son socle social et idéologique, l’obligeant, sous peine de disparaître, à effectuer des choix stratégiques majeurs. Jusqu’ici, les partis appartenant à la SD avaient prospéré politiquement dans le cadre du clivage gauche/droite, réussissant à conserver une large part de leur électorat populaire tout en devenant des partis de gouvernement, acceptant dès lors, au moins dans leur action gouvernementale, de se conformer aux règles de l’économie de marché et de soutenir le processus de la construction européenne.

La crise financière qui a frappé le monde occidental et relancé les critiques envers le système capitaliste, la nécessité de repenser l’Etat-providence et de prendre en compte les effets grandissants de la mondialisation, ainsi que l’enjeu désormais central de l’immigration ont frappé de plein fouet  cette famille politique. Ces évolutions ont en particulier amené une part croissante des classes populaires à réclamer une protection qu’elles estiment plus efficace au niveau national qu’européen et à voter de plus en plus fréquemment en faveur de partis populistes dont le développement remet profondément en cause la capacité du clivage gauche/droite à organiser le fonctionnement des systèmes politiques. Du coup, la SD ne peut plus différer des choix qu’elle a pu éluder dans le passé sur les enjeux du libéralisme économique et de la construction européenne, ce qui la conduit à repenser ses alliances  politiques et son rapport aux différentes classes sociales, les classes populaires et les classes moyennes s’éloignant de plus en plus les unes des autres sur cet ensemble de questions.

Face au développement conjoint de gauches radicales et de partis populistes anti-européens et anti-immigrés, un non choix de la SD, le plus commode, présente le rique de la marginalisation électorale de cette famille politique. Nous l’avons vu en Grèce, puis en France et aux Pays-Bas. En Allemagne, elle la menace à terme. Mais faire un choix clair est également risqué. Ce choix, compte-tenu de l’affaiblissement général des gauches en Europe, est en réalité le choix de gouverner ou non.

Deux stratégies sont en effet possibles. La première consiste à continuer de privilégier le clivage gauche/droite et à choisir en réalité de renoncer, au moins provisoirement, à gouverner, en espérant que le retour à l’opposition permettra de revivifier à la fois la SD elle-même et partant le clivage gauche/droite. Ce choix apparaît le plus risqué dans la mesure où la concurrence sur sa gauche confinera la SD dans un entre-deux dangereux électoralement et politiquement entre les gauches radicales et les partis de gouvernement du centre et de droite. De ce point de vue, il faudra suivre attentivement l’évolution du PSOE espagnol mais aussi de ce qui reste du parti français.

Si l’on considère que le nouveau clivage « société ouverte/société fermée » empêchera dans l’avenir le rétablissement du clivage gauche/droite comme clivage dominant, ce choix ne peut déboucher que sur un déclin accéléré, comme une forme de suicide, dans la mesure où la force de la SD depuis les années 1930 a été de s’affirmer en force de gouvernement. C’est cette propriété qui lui a permis de dominer les gauches européennes. Une longue station dans l’opposition, selon cette analyse, ne permettrait pas à la SD de se redresser mais au contraire elle accélérerait sa chute.

La seconde stratégie ne peut que se fonder sur l’analyse selon laquelle le nouveau clivage sans se substituer à l’ancien jouera un rôle plus structurant que lui  dans le fonctionnement de nos systèmes politiques. Dès lors, les partis pro-européens, attachés à l’économie de marché et à l’ouverture économique et ayant une approche humaniste de la question de l’immigration, seront opposés à ceux qui défendront des idées opposées. La stratégie de la SD consisterait alors à faire le choix de l’exercice du pouvoir en coalition avec les partis de centre-droit favorables à ces orientations.

Ce choix est lui aussi risqué dans la mesure où cette participation au pouvoir se fera le plus souvent comme junior partner, situation qui présente le double inconvénient pour la SD de pâtir de l’impopularité des politiques menées sans en avoir la pleine maîtrise. Un tel choix ne protége donc pas nécessairement contre la poursuite d’un lent déclin et il ne fournit pas de remède aisé à l’éloignement d’une part importante des couches populaires. Mais il comporte trois avantages majeurs par rapport au premier.

D’une part, il oblige la SD, comme elle l’a a fait depuis de nombreuses décennies, à rester en contact avec le monde réel et ses contraintes et donc à ne pas sombrer dans la pure idéologie, tendance que favorise une longue période d’opposition. Ensuite elle contribue à la poursuite de politiques et à la défense de valeurs qui sont celles de la SD et qui ont contribué, grâce à elle, au progrès de nos sociétés, participant au combat contre les partisans extrêmes de la société fermée. Enfin, la SD peut ainsi conserver son identité de parti de gouvernement ce qui lui laisse une chance faible mais réelle dans un avenir incertain de l’Europe de stopper son déclin dans la mesure où elle participera positivement au réaménagement politique et idéologique de nos systèmes politiques.

Tel est le véritable choix qu’a dû affronter la social-démocratie allemande, et que devra faire la SD dans son ensemble. Le choix, en définitive, d’être ou non un parti politique dont la vocation est d’abord de gouverner.

 

Angelo PANEBIANCO, “La politica senza potere” a Corriere della Sera (7-02-18)

http://www.corriere.it/opinioni/18_febbraio_07/politica-senza-potere-burocrazie-amministrazione-magistrature-3b6432d0-0b77-11e8-8265-d7c1bfb87dc9.shtml

Perché nessuno fra gli impegnati nella campagna elettorale parla del fatto che la politica rappresentativa pesa oggi molto meno, esercita molto meno potere, delle burocrazie amministrative e giudiziarie? Perché non si dice che la politica rappresentativa è costretta, quasi sempre, a subire i diktat di quelle burocrazie? Non lo si dice per due ragioni. La prima è che non puoi chiedere il voto dell’elettore dopo avergli detto che conti poco. Devi invece convincerlo che, se verrai eletto, sarai potente e in grado di fare tutte le cose che hai promesso. La seconda ragione è che se i politici dicessero la verità, ossia che amministrativi e magistrati (di ogni tipo) hanno più potere di loro, non verrebbero creduti dai più. Direbbero gli elettori: non siete voi politici quelli sempre in vetrina e che chiedono il voto? Coloro di cui parlate non hanno volto (con l’eccezione di alcuni attivissimi magistrati portati per le relazioni pubbliche), di loro conosciamo solo le inchieste e le sentenze (se sono magistrati di qualunque ramo) oppure gli effetti — in genere oscillanti, per noi cittadini, fra il fastidioso e l’intollerabile — del quotidiano procedere della macchina amministrativa. È solo vostra — pensano molti elettori — la responsabilità di ciò che non va. Se non che, i politici si dividono in due categorie: ci sono, da un lato,i complici, al servizio di quelle burocrazie, e, dall’altro, quelli troppo deboli per poter imporre cambiamenti.

Questa storia comincia sul finire della Prima Repubblica quando il vecchio sistema dei partiti entra in crisi. In seguito, arriva Mani Pulite ed è il diluvio. Il prestigio dei politici crolla ai minimi termini (e non risalirà più). È allora che si diffonde quella che chi scrive considera la madre di tutte le fake news, la falsa idea secondo cui questo sarebbe il Paese più corrotto del mondo o giù di lì. Per responsabilità dei politici, ovviamente. Un’idea che nessuno ha più tolto dalla testa di gran parte degli italiani. Si capisce perché. Alle suddette burocrazie fa comodo che i nostri concittadini lo pensino per tenere sulla graticola la politica rappresentativa, per mantenere deboli, ricattabili e al guinzaglio i politici.

La politica — siamo nei primi anni novanta — reagisce al crollo del vecchio sistema dando il via alla stagione maggioritaria (un modo per rafforzare il governo e contrastare così il vuoto di potere lasciato dai partiti). Si apre allora un lungo duello fra una politica che cerca di riconquistare il primato perduto e le burocrazie amministrative e giudiziarie che, grazie alla crisi dei partiti, hanno visto crescere i propri poteri e non intendono mollare l’osso. Credo che l’esito del referendum costituzionale dello scorso anno — con cui la stagione maggioritaria si è definitivamente chiusa — abbia sancito la vittoria di quelle burocrazie. Non è vero che la politica rappresentativa abbia la stessa forza in ogni circostanza. L’Italia è un esempio dell’oscillazione fra l’onnipotenza (Prima Repubblica) e una debolezza che, in certi ambiti, diventa impotenza.

Per un verso, la politica, come è provato dai tentativi falliti, non ha la coesione e la forza per riformare l’amministrazione o le magistrature. Basta che qualcuno ci provi e gli interessi minacciati sono in grado di mobilitargli contro un’opinione pubblica disinformata e pregiudizialmente ostile alla politica. Inoltre, quegli interessi dispongono (tra Corte costituzionale e tribunali amministrativi) di mezzi di difesa potenti. Non c’è possibile riforma del settore della quale non si possa dire che lederebbe qualche «diritto acquisito». E ciò permette di bloccarla. Per un altro verso, anche quando non osa toccare l’organizzazione amministrativa e giudiziaria, la politica ha comunque margini di manovra ristretti. È persino in discussione la liceità di quella «rappresentanza territoriale degli interessi» che, al netto di ogni retorica, è parte centrale della rappresentanza in tutte, nessuna esclusa, le democrazie. C’è in qualunque momento il rischio che venga catalogata — anche quando non lo è affatto — come illegale (voto di scambio, traffico delle influenze e quant’altro).

Il problema è che quando la politica cede il bastone del comando alle burocrazie amministrative e giudiziarie, un Paese rischia grosso perché esse sanno autotutelarsi ma non sanno governarlo. Lo provano i colpi di maglio giudiziari contro insediamenti industriali o contro l’export (affari di miliardi in fumo per procedimenti giudiziari su presunte tangenti finiti con assoluzioni) o contro lo sfruttamento del patrimonio energetico, che hanno vanificato tante occasioni di sviluppo. Per non parlare della capacità che ha l’amministrazione di rendere difficilissima la vita delle aziende. Si veda, ancora, cosa riescono a combinare le suddette burocrazie quando mettono le mani sul sistema educativo. Maurizio Ferrera ha raccontato (Corriere, 3 febbraio) della sentenza con cui il Consiglio di Stato (facendosi forte di una decisione della Corte costituzionale) ha proibito i corsi di laurea in lingua inglese del Politecnico di Milano. Per lesa maestà nei confronti della lingua italiana e perché vengono discriminati gli studenti che non conoscono l’inglese. Quei corsi di laurea sono una buona piattaforma per dare a ragazzi dotati qualche chance in più di trovare un lavoro post-laurea, ma perché mai ciò dovrebbe interessare ai «guardiani delle leggi»? Si noti che il no ai corsi in inglese fa il paio con il «non passi lo straniero» pronunciato contro i direttori non italiani dei musei. Urge, a quanto pare, la rivalutazione di Benito Mussolini: fu lui ad inventare l’autarchia.

Le burocrazie, amministrative e giudiziarie, spadroneggiano. I politici o sono al loro servizio o sono troppo deboli per tenerle a bada. Lasciate a se stesse quelle burocrazie ci preparano un futuro di autarchia e di declino economico e culturale. Chi fosse interessato a far restare il Paese nel mondo moderno dovrebbe porsi il problema di come tagliare loro le unghie.

 

 

Oriol BARTOMEUS, “¿EL PP ha entrado en declive?” a Agenda Pública (5-02-18)

http://agendapublica.elperiodico.com/pp-ha-entrado-declive/

No por esperado ha sido menos duro. Los datos del barómetro del CIS publicados hoy han puesto sobre la mesa la fragilidad de la posición del PP en la actual coyuntura política española. Dese el inicio de la legislatura los populares se han dejado casi tres millones de sus votantes de 2016. Hoy, los populares solo mantienen el apoyo del 65% de los electores que escogieron su papeleta hace casi dos años. El descenso ha sido continuo barómetro tras barómetro.

Según la estimación del propio CIS, en caso de celebrarse las elecciones este domingo, el PP obtendría un 26% de los votos, siete puntos menos de los que obtuvo en las elecciones de julio de 2016. En el mismo período posterior a la convocatoria de 2011, los datos del CIS pronosticaban al PP el doble de caída, doce puntos. La diferencia hoy respecto al verano de 2013 es que a los populares parece haberles salido un serio competidor en su espacio ideológico.

En 2013 los votantes del PP descontentos con el gobierno Rajoy se refugiaban en la abstención o en la indecisión. No tenían ningún otro sitio donde ir. Hoy parece diferente, y el grupo más numeroso de los que recuerdan haber votado al PP en 2016 y no declaran intención de volver a hacerlo se van a C’s. Concretamente 1,2 millones de votantes populares optarían hoy por los de Rivera. Hace un año eran apenas doscientos mil.

Estimación de voto, barómetros CIS 2015-2018

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Parece existir una cierta lógica evolutiva en la mayoría de los partidos políticos, que les lleva a reproducir una secuencia similar de crecimiento-estabilización-declive. Prácticamente todas las formaciones políticas han pasado por un ciclo de este tipo, o han encadenado ciclos parecidos de expansión y retroceso. No hay una ley universal perfecta que de alguna manera determine los ciclos vitales de los partidos, pero sí que parece existir una lógica general, visible en muchos casos concretos.

Al fin y al cabo, los partidos políticos actúan como seres vivos, adaptándose al medio e interactuando con él. Así, no es de extrañar que los partidos se beneficien de coyunturas favorables y sufran cuando éstas se vuelven negativas. E incluso puede observarse cómo la propia actuación del partido (de sus dirigentes) provoca en cierta manera el cambio de coyuntura, que en último caso llevará al propio partido al declive.

Así, se pueden identificar los elementos que componen los momentos “de subida” y “de bajada” de un partido. En el primer momento parece que todo se conjura para beneficiar al partido, las encuestas le sonríen, los apoyos se multiplican, sus iniciativas encuentran eco en los medios y los votantes se acercan, el liderazgo se refuerza y la paz interna se asienta. En los momentos “de bajada”, en cambio, todo parece alinearse para perjudicar al partido: sus actos parecen no tener efecto, sus decisiones no encuentran eco o incluso descarrilan, los apoyos huyen, los medios le dan la espalda, el liderazgo flaquea y las tensiones internas suben a la superficie.

Todo lo que en el momento “de subida” parecía beneficiar al partido, se vuelve negativo en la etapa “de bajada”. Es como si hubiese caído sobre la organización una especie de maldición de la que no puede sustraerse. Es más, en el momento “de bajada” cualquier acto, cualquier decisión, tiene el efecto contrario del que se buscaba. Todo sale mal. El partido va de tropiezo en tropiezo, y se instala en sus dirigentes el miedo y las prisas, que no hacen más que profundizar en la tendencia hacia abajo. El partido entonces entra en una espiral negativa que parece no tener fin. El estadio final de este proceso es la desbandada. Para eso es necesario que los votantes encuentren una alternativa en la que refugiarse, a la que huir.

¿Ha entrado el PP en una espiral de este tipo? Sus últimas actuaciones parecen insinuarlo: todas sus iniciativas se cuentan por tropiezos. El PP lleva un tiempo disparándose en el pie. Por señalar sólo las últimas: la terrible entrevista a Rajoy en Onda Cero y la impugnación del gobierno a la convocatoria del pleno de investidura en el Parlament de Cataluña, rechazada por el Consejo de Estado y salvada con coscorrón incluido por el Tribunal Constitucional.

El PP parece haber entrado en terreno resbaladizo y no son pocos los que apuntan a una fase terminal de declive. Es cierto que Rajoy ya ha vivido varios intentos de entierro y ha salido de todos ellos vivito y coleando. Esta vez, no obstante, podría ser que la Fortuna hubiera dictado su sentencia. El destino ya no sonríe a Rajoy y los suyos, y empiezan a evidenciarse las primeras fugas de antiguos aliados.

La situación actual del PP recuerda a la del PSOE de los primeros noventa. Hay elementos coincidentes en ambos períodos. Al PSOE también lo atrapó la ciénaga de la corrupción, de la que no pudo escapar (el caso Juan Guerra como primer capítulo de una retahíla inacabable). Luego vino la fractura interna, la batalla entre guerristas y renovadores. El liderazgo de Felipe González empezó a perder brillo en medio del hartazgo general. Y luego vino el relato, la construcción de la necesidad del cambio, de regeneración, de la imprescindible “oxigenación democrática”, por parte de unos medios capaces de imponer su agenda a un gobierno acorralado. El eslabón final fue la aparición de un rival, de una alternativa posible: el nuevo PP de José María Aznar, que supo abrir la puerta del coto electoral socialista donde nunca pudo entrar Manuel Fraga y su Alianza Popular.

Obviamente, en la primera mitad de los noventa el PSOE obtuvo éxitos. Revalidó el gobierno en plena crisis postolímpica en 1993. Pero la espiral negativa se había puesto en marcha y no parecía que hubiera forma humana de pararla. Las elecciones municipales y autonómicas de 1995 fueron la puntilla, y las generales de un año después la confirmación.

¿Ha entrado el PP en una espiral similar a la del PSOE en la primera mitad de los noventa? Es difícil de decir, pero hay indicios que parecen apuntar en esa dirección. Por lo pronto, los populares están atrapados en el laberinto judicial de la Gürtel, con derivaciones que les auguran una buena temporada de imágenes de tribunales, testigos, jueces, acusados, y las consabidas declaraciones de antiguos socios, amigos y conocidos. El control que el PP supo ejercer sobre Bárcenas no ha funcionado con Correa y sus socios. El control de daños parece imposible, y en algún momento deberá caer una pieza de caza mayor. Mientras tanto, los consabidos “yo no sabía nada” o “son cosas del pasado” afectan de lleno a la credibilidad del presidente, que no dispone de fusibles.

La recuperación económica pregonada por el gobierno tampoco parece surtir efecto. He ahí otra coincidencia con el escenario de los primeros noventa. La salida de la crisis postolímpica tampoco salvó al PSOE. Rajoy intenta constantemente centrar el debate político en las buenas cifras macroeconómicas, pero a pesar de una cierta mejora en la opinión ciudadana (las opiniones negativas acerca de la situación económica han caído más de treinta puntos desde 2012), la valoración del gobierno y de su presidente siguen bajo mínimos (sólo el 11% valora positivamente la gestión gubernamental, y sólo un 20% dice confiar en Rajoy, si bien es cierto que es su mejor marca desde el verano de 2012).

Por lo que respecta a la cohesión interna en el PP, es más que evidente que existe un conflicto entre la vieja guardia popular y los tecnócratas agrupados bajo el liderazgo de Soraya Sáez de Santamaría. Es un conflicto con cierta raíz generacional, pero también lo es entre partido y gobierno, lo que le da un cierto aire de similitud a la pugna entre el aparato y los renovadores en el PSOE de hace veinticinco años. Gestión frente a esencias. Cada grupo defendiendo su trinchera y sus espacios de poder (en el partido y en el gobierno). Y cada uno filtrando las miserias de los otros, celebrando sus tropiezos y defendiendo a muerte a sus alfiles, sin que el líder parezca capaz de poner paz a una guerra que desgasta al conjunto del partido.

Ni tan siquiera el tema catalán, el gran salvavidas al que se agarró el PP, parece salirle bien. Si bien en un principio Rajoy consiguió maniatar al PSOE y a C’s, obligados a seguir la senda del gobierno en un “rally round the flag” de manual, el enquistamiento del tema ha expuesto con crudeza los límites de su estrategia. Primero, la incapacidad del gobierno para interceptar las urnas en la votación del 1 de octubre, después la imposibilidad de acabar con la mayoría independentista en el Parlament, para acabar con el embrollo judicial en el que se ha metido el gobierno, y en el que ha metido al Constitucional, a cuenta de la impugnación de la posible investidura de Puigdemont.

Por si esto no fuera poco, del problema catalán ha surgido la alternativa que puede darle la puntilla al PP. Lo hemos visto en todas las encuestas posteriores al 21D y el CIS lo ha ratificado: C’s se lleva una porción importante de voto popular. Ya lo hizo en las elecciones catalanas. Uno de cada tres votantes del PP de 2015 habría apoyado esta vez a la lista de Arrimadas. El voto del PP descontento ya tiene donde ir. El 21D puede haber sido el pistoletazo de salida de la desbandada. Lo podremos ver en las municipales y autonómicas de la primavera del año próximo.

Evolución de la intención directa de voto, según ubicación en el eje izquierda-derecha. Barómetros CIS, enero 2017-enero 2018

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La Historia no se repite pero se parece. El PP podría estar describiendo una evolución similar a la del PSOE de mediados de los noventa. Podría haber entrado en ese punto de no retorno a partir del cual se van perdiendo apoyos a una velocidad creciente. No sólo entre los electores. Eso viene luego. Primero se pierde el aura de gobernante eficaz. Luego se empiezan a apartar los antiguos amigos, los opinadores que se mostraban favorables, los medios que te jaleaban. Vienen los nervios, se toman decisiones a la desesperada. Cuando éstas salen mal, afloran las tensiones internas, aireadas sin rubor. Aparece entonces la alternativa, apoyada por aquellos que parecían tus amigos hasta ayer. Y ahí es cuando empieza la centrifugación del electorado. 2019 podría traernos aires de 1995.

 

Gonzalo LÓPEZ ALBA, “Primeras grietas en el equipo de Sánchez a 8 meses de su formación” a infoLibre (4-02-18)

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2018/02/04/primeras_grietas_equipo_sanchez_los_ocho_meses_formacion_74872_1023.html

Ocho meses después de la reconquista del liderazgo por Pedro Sánchez, el PSOE es un barco a la deriva, sin rumbo ni proyecto definido, sin pulso político en el timón de mando que debería gobernar el capitán, que prefiere estar a refugio en la cabina, con una tripulación menguante y desconcertada, y con claros indicios de que el bloque sanchista ha empezado a cuartearse, aunque todos lo nieguen y se esfuercen en evitar que trascienda.

En el balance positivo, hay unanimidad interna en que, después de casi tres años con el partido en ebullición, hasta que estalló como una olla a presión en el Comité Federal que forzó la renuncia de Sánchez a la Secretaría General y su posterior regreso tras las primarias de mayo de 2017, la vida interna se ha pacificado y el PSOE ha dejado de desangrarse en peleas internas, algo a lo que desde Ferraz se concede extrema importancia porque “sin esa premisa es imposible hacer nada”. “Se ha disipado la idea creada interesadamente de que la gente se iba a ir en masa, el partido se iba a romper y todo iba a ser un caos. Nada de eso ha ocurrido”, subrayan fuentes de la dirección. Pero, aunque para que ello sea así ha sido muy importante el papel desempeñado por el secretario de Organización, José Luis Ábalos, al igual que en el giro de Sánchez hacia el pragmatismo, es sobre todo el fruto de que todos han tenido que plegarse a la contumacia de la realidad. Sánchez ha aprendido que el secretario general tiene que convivir, sí o sí, con los líderes territoriales, a los que no logró desbancar en los congresos regionales que se celebraron tras el que ratificó su elección, y éstos han aprendido que tampoco les conviene el pulso con el secretario general.

La paradoja de Sánchez

La gran paradoja a la que se enfrenta Sánchez es que construyó su capital político con el “no es no” a Mariano Rajoy, pero desde el estallido de la crisis catalana los planteamientos que defiende no son los que le devolvieron al trono de Ferraz, sino aquellos que defendía la gestora encabezada por Javier Fernández con el respaldo de la inmensa mayoría los barones: la abstención que permitió la investidura del candidato del PP se justificaba en la situación de excepcionalidad provocada por el bloqueo político del país producto del terremoto sufrido por el sistema de partidos, la consiguiente fragmentación parlamentaria y la imposibilidad numérica de formar un gobierno alternativo sin contar con el apoyo de fuerzas que ya estaban emprendiendo el camino hacia la ruptura unilateral de Cataluña con el resto de España. En suma, por una razón de Estado, la misma que, una vez que el trabajo sucio de romper el bloqueo político lo hicieron los susanistas, invoca ahora el líder socialista para dar un apoyo sin fisuras al Ejecutivo de Rajoy no solo en la intervención del autogobierno catalán a través del artículo 155, decidida a sabiendas de que otra actitud habría provocado la explosión del PSOE, sino también en los aspectos más controvertidos con los que lo ha ejecutado el Gobierno. Pero entonces Sánchez seguía enrocado en un “no es no” que solo podía abocar a una segunda repetición de las elecciones generales.

Desde la dirección se sostiene que, gracias a ese alineamiento sin fisuras en contra de cualquier pretensión de romper España, Sánchez ha logrado el reconocimiento de Moncloa como el interlocutor más válido de la oposición, es decir, “como la única alternativa real al gobierno del PP”. Pero este ir del brazo de Rajoy en la puesta en marcha y aplicación del 155 es precisamente lo que más disgusta a los sanchistas más radicales y, en realidad, Sánchez está siendo utilizado por Rajoy para ningunear al que considera su auténtico rival, Albert Rivera, a quien, según personas conocedoras de su relación, el presidente “no soporta”, pese a ser su único aliado parlamentario, porque, hoy por hoy, es la auténtica amenaza para el PP.

En las primarias, que más que ganar Sánchez perdió Susana Díaz por una inconcebible acumulación de errores, se impusieron las tesis del príncipe destronado por el golpe de los coroneles ejecutado en el ya histórico Comité Federal del 1 de octubre de 2016. Pero, repuesto en el trono por el pueblo de los militantes, la estrategia que está siguiendo ante los asuntos de raíz democrática es la que defendían los perdedores de aquellas elecciones internas, que ni mucho menos fue únicamente la baronesa andaluza. La tozudez de los hechos le ha obligado a rectificar. Sánchez, a juicio de los que son críticos con él, “solo acierta cuando rectifica”; sin embargo, para muchos que le apoyaron en las primarias, es justamente al contrario, “son las rectificaciones las que nos hunden”.

El dilema

Y este empieza a ser el gran dilema al que ahora se enfrenta el secretario general porque lo que le fue útil para ganar las primarias, tanto en términos de relato como de personas, puede no serlo para ganar las elecciones y convertirse en presidente del Gobierno, su única y exclusiva ambición.

Lo negarán todos, pero en los cenáculos socialistas se comenta que Sánchez ha empezado a darse cuenta de que para ganar las elecciones no le basta con rodearse de su club de fans; que ya está arrepentido de haber incluido en la Ejecutiva a algunos a los que tuvo que pagar la deuda de su apoyo en las primarias; y que, a su vez, algunos de estos empiezan a sentirse desencantados con Pedro II porque ellos sí querían cambiar de raíz el funcionamiento del partido y actualizar el proyecto socialdemócrata. En estos cenáculos se interpreta como un claro indicio de estas grietas el intento de empujar a la candidatura del Ayuntamiento de Madrid a Margarita Robles, lo que delata —junto a la propuesta lanzada por la federación madrileña de hacer una lista única de la izquierda— la falta de capital humano y confirma que la diputada independiente no ha cuajado como portavoz parlamentaria. Y se habla también de los roces entre Ábalos y la vicesecretaria general, Adriana Lastra —cuyo papel nadie sabe explicar con claridad, pero que hubiera querido ser secretaria de Organización— por el control de los resortes orgánicos del partido. Además, es fácilmente presumible que Sánchez, que como economista siempre estuvo muy próximo a las tesis del ala liberal encarnada por Miguel Sebastián o Carlos Solchaga, no ha de estar muy cómodo teniendo como responsable de esa área a Manuel Escudero, que nunca formó parte de esos círculos de economistas y se ha erigido ahora en guardián de unas esencias históricas de la socialdemocracia que para los liberales del PSOE están periclitadas desde hace mucho.

El desconcierto de la militancia

Aunque no sea de su competencia, tampoco debe estar muy entusiasmado Escudero, que siempre ha estado en los movimientos de vanguardia para la democratización interna, viendo que nada se ha avanzado en el prometido empoderamiento de las bases —como tampoco los cuadros intermedios han ganado capacidad de influencia— por más que se intente ocultar bajo el marketing propagandístico de las asambleas abiertas con las que Sánchez arrancó el año. Las comprometidas consultas a las bases para decidir sobre los asuntos importantes, después de utilizarse como instrumento de refuerzo al líder en el pacto que suscribió con Ciudadanos, se guardaron en el cajón cuando llegó el momento de decidir sobre algo auténticamente importante: la unidad de España.

Desde Ferraz se argumenta, contradiciendo los planteamientos con los que Sánchez sedujo a la militancia, que “hay determinadas decisiones en las que se tiene que ejercer el liderazgo y no pasar la pelota a las bases”. Sin embargo, lo cierto es que el secretario general, en línea con los usos y prácticas de Podemos, era partidario de convocar esa consulta a las bases sobre el respaldo a la aplicación del artículo 155 y fue Ábalos, el secretario de Organización y la persona más sólida de la Ejecutiva, quien le convenció de que, además de que un partido como el PSOE no puede someter ni a debate ni a votación la defensa de la legalidad constitucional sin traicionarse a sí mismo y abdicar de su historia, era imposible en la práctica porque su aplicación estuvo pendiente hasta el último minuto de la posibilidad de que Puigdemont decidiera convocar nuevas elecciones y todo el proceso que se hizo para la consulta sobre el pacto con Ciudadanos llevó un mes. No obstante, sí se reconoce como un error que, en julio, Margarita Robles hubiera proclamado un no rotundo del PSOE a este recurso para frenar la secesión catalana, un error que Sánchez ha anotado, junto con algún otro, en la columna del debe de la portavoz parlamentaria.

Y así, la militancia está de nuevo sumida en el desconcierto porque durante la campaña de las primarias se le dijo que quienes decidieron permitir con la abstención socialista la investidura de Rajoy eran unos “traidores”, y ahora resulta que Sánchez está poniendo en práctica las ideas de esos “traidores”. “Yo ya no entiendo nada”, es un comentario frecuente entre militantes, ante los que, atenazado por la imposibilidad práctica de mantener el no es no”, con lo que ha perdido la mitad del relato que le permitió volver a la Secretaría General y la parte consiguiente de credibilidad, Sánchez intenta ahora recuperar con las asambleas abiertas el otro as con el que ganó las primarias, el de presentarse como el candidato de las bases”.

En estos ocho meses, y esta es la segunda gran paradoja de Sánchez, el capitán de la nave socialista, que siempre quiso ser diputado, se ha refugiado en la cabina del barco porque ha descubierto que sin estar sometido a la presión cotidiana de los periodistas que implica para un político estar en el Congreso, se vive más cómodo y hay mucho menos riesgo de meter la pata porque solo aparece y habla cuando él quiere, aunque esto genere un sentimiento de orfandad entre los votantes socialistas.

El referente y el proyecto

En ese desconcierto influye también que unos días Sánchez quiere ser la versión española del británico Jeremy Corbyn y otros la del portugués António Costa, mientras que la referencia histórica del PSOE, el SDP alemán, está a punto de reeditar la gran coalición con Ángela Merkel; unos días quiere representar el PSOE de toda la vida y otras convertirlo en una versión podemita; unos días se presenta como el líder de un partido de Estado y monárquico y otros apela el asambleísmo de Podemos; unos días (hasta el estallido de la crisis catalana) dice que España es un Estado plurinacional y otros (ahora) pone pie en pared contra el independentismo sin máscaras del nacionalismo catalán y revindica la Declaración de Granada; y hay días en los que hasta es capaz de señalar como objetivo prioritario del PSOE combatir la desigualdad y, al mismo tiempo, poner el foco de atención en los pensionistas, el colectivo menos castigado por la crisis, en lugar de empezar por la pobreza infantil que ha alcanzado niveles de récord, los millones de jóvenes en precario o en el exilio y/o los mayores de 50 años que han visto cercenada su vida laboral sin posibilidad de encontrar empleo ni de acogerse a una jubilación anticipada. Y, en definitiva, cuando se corre la cortina del eslogan “somos la izquierda”, se ven algunas propuestas deslavazadas, pero no un proyecto, que no es la mera acumulación de propuestas sino la clara definición de qué España propone construir el PSOE a medio plazo.

Desde Ferraz se alega que pretender que tengan ya ese proyecto definido —aunque solo sea esbozado con algunos trazos nítidos, sin vaivenes y de forma coherente— es una exigencia desmedida para una dirección que apenas ha cruzado el ecuador de su primer año de mandato. Se argumenta también que la extrema gravedad de la crisis catalana ha impedido hasta ahora desarrollar otra agenda política, al tiempo que se reconoce que este conflicto le está sirviendo para sentar su primer pilar: fijar la base territorial del proyecto, y el consiguiente relato, con la defensa de la unidad de España y, al mismo tiempo, de una reforma pactada de la Constitución que facilite el encaje de Cataluña, habiendo conseguido de paso que el PSC abandone sus coqueteos con el llamado derecho a decidir”, expresión eufemística del derecho a la autodeterminación.

Y se anuncia que 2018 será “un año de siembra”, durante el que el PSOE se propone desplegar y dotar de contenido lo que ha bautizado como 10 acuerdos de país”, que, según la información disponible hasta ahora, pretenden dar respuesta a “los tres grandes retos que tiene hoy España: el combate contra la desigualdad, la regeneración democrática y una recuperación económica justa”, para lo que se formularán compromisos “centrados en pensiones, educación, ciencia y reindustrialización, pacto de rentas, igualdad de género, rescate a los jóvenes, política de agua o ingreso mínimo vital, y “tendrán su reflejo en los presupuestos alternativos que se presentarán a principios de febrero y en otras iniciativas parlamentarias”. Tiempo habrá para analizar su contenido cuando, en mayo, culmine su elaboración tras un proceso de “conversación con los colectivos sociales” que ya está en marcha, pero, como ya está señalado, un proyecto no es una mera acumulación de iniciativas ni tampoco una carta a los Reyes Magos, y sin proyecto no es posible construir un relato, porque éste no es otra cosa que argumentos sólidos para conquistar el apoyo de la mayoría social.

La descapitalización de inteligencia

Para lograr esto es necesario atraer y captar a “los mejores”, como en su momento hicieron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, aunque este último pecó en exceso en la selección de algunos nombramientos por su simbolismo más que por su competencia como el primero pecó en fijarse únicamente en la gente de su generación. Aun así, si en los años 80, los de la época dorada del PSOE, había un puñado de personas que, por su trayectoria y conocimientos aportaban un plus al partido, como José María Maravall, Javier Solana, Carlos Solchaga o Joaquín Almunia, ahora es el PSOE el que aporta un plus a muchos de los que están en la dirección porque de no ser así apenas serían nadie. Incluso muchos de los jóvenes talentosos que se acercaron al PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, captados en la mayoría de los casos por Ramón Jáuregui, acabaron tan desencantados que algunos se acercaron a Podemos y, ahora, decepcionados también con este partido, algunos han sucumbido al atractivo de Ciudadanos. Y así, al final, con algunas notables excepciones, los que se han quedado en el PSOE son  “los de toda la vida” y nunca antes habían accedido a puestos de relevancia.

Cierto es que colectivamente la nueva dirección y la inmensa mayoría de sus miembros no lleva ni un año en el cargo, muy poco tiempo como para exigirle la definición de un proyecto, pero no menos cierto es que, a pesar de las muchas zancadillas internas que sufrió entonces, Sánchez no puede borrar de su cómputo los dos años y tres meses de su anterior mandato al frente del partido, como tampoco puede borrar que, a pesar de la evidente dificultad de la situación, ha comenzado su segundo mandato con una derrota en Cataluña, igual que acabó el primero tras un racimo de derrotas electorales. Hoy por hoy, la mejor baza de la que dispone Sánchez es que no tiene alternativa, pero la historia demuestra que cuando uno no cumple con las expectativas creadas, aparece otro. Acuérdense de Almunia —a muchos años luz de Sánchez en consistencia intelectual y política— y de Zapatero.

 

 

Lidia BRUN, “Impuesto de sucesiones: una herramienta esencial para combatir la desigualdad” a Agenda Pública (4-02-18)

http://agendapublica.elperiodico.com/impuesto-sucesiones-una-herramienta-esencial-combatir-la-desigualdad/

El pasado viernes, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, desataba la polémica con unas declaraciones donde se mostraba partidario de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones porque según él “es injusto pagar dos veces por lo que es tuyo”. Estas declaraciones tuvieron una respuesta inmediata en las redes, con multitud de argumentarios que desmontan la falacia de la doble imposición y la falsa injusticia del impuesto. En este artículo intento completar todas estas razones arrojando luz sobre sus consecuencias macroeconómicas. Y es que el impuesto de sucesiones es una herramienta imprescindible para acotar la desigualdad y su transmisión generacional en nuestra sociedad.

Antes de hablar de las consecuencias del impuesto de sucesiones sobre la desigualdad, no quiero dejar de repasar brevemente algunos argumentos. Para empezar, es importante decir que el impuesto de sucesiones y donaciones tasa una transferencia de patrimonio, y la persona beneficiaria está pagando por primera vez. Decir que el impuesto de sucesiones es doble imposición sería lo mismo que decir que lo es el IVA porque ya hemos pagado el IRPF sobre nuestro sueldo. Por otro lado, afecta a una pequeñísima parte de la población, la de mayor patrimonio, mientras que la amplia mayoría de herencias están exentas o cuentan con importantes bonificaciones. En una sociedad como la española, donde el 10% más rico posee más de la mitad de la riqueza, y la mitad baja de la población apenas el 6.6%, Rivera atiza el discurso del miedo, que cala en el pequeño ahorrador que ha conseguido acumular gracias al fruto de su trabajo y no de rentas, generando una narrativa de falsa injusticia, minando paulatinamente la legitimidad recaudatoria del Estado, que es el al fin y al cabo el seguro colectivo de que el progreso se convierte en Bienestar compartido. El argumento de Rivera no es técnico, es ideológico.

Es cierto que el diseño del impuesto dista de ser óptimo y cabría tener un debate amplio sobre cómo mejorar su diseño para hacer su recaudación más progresiva y efectiva. Un campo de mejora evidente es su armonización, tanto de mínimos exentos como de tipos impositivos. Y es que este es un tributo cedido a las comunidades autónomas, y las condiciones de tributación cambian mucho de CCAA a CCAA. Esta situación propicia el dumping fiscal o la competencia desleal, por la facilidad de los residentes de otras comunidades para empadronarse donde la fiscalidad sea más conveniente. Allí dónde el capital se mueve libremente, debe enfrentar la misma fiscalidad.

Pero entrando en materia: Albert Rivera comete una grave incongruencia. En palabras del economista Branko Milanovic, es incompatible defender una sociedad meritocrática y estar en contra del impuesto de sucesiones. Como señalaba el economista David Lizoaín en un hilo de twitter, el respaldo al impuesto de sucesiones tiene una larga historia dentro de la tradición del liberalismo progresista, que ponía énfasis en la igualdad de oportunidades y la necesidad de igualar las condiciones en la que los ciudadanos de distintas procedencias “entran” en la sociedad. Quienes lo hacen sobre un colchón de patrimonio heredado, tienen ventajas “inmerecidas” sobre el resto, y más probabilidad de tener mejor fortuna por la simple razón de que el capital genera rentas. Sin olvidar que además del patrimonio material, las familias con más recursos ya han proporcionado a sus descendientes una formación de calidad, y un gran bagaje de capital social y cultural (red de contactos, empoderamiento, etc.), cuya igualación es una quimera y sólo puede contribuir a ello un sistema educativo eficaz y de calidad. Borja Barragué y César Martínez desarrollan aquí la idea de que el impuesto de sucesiones es un instrumento para la igualdad de oportunidades.

Pero creo que con este debate de las sucesiones, a menudo los árboles no nos dejan ver el bosque: entramos en discusiones morales sobre méritos e injusticias, y no vemos el panorama general y el papel fundamental que tiene este impuesto a la hora de acotar la desigualdad ¿Y qué si los grandes patrimonios tributan 2, 3 o las veces que haga falta? No hay razón para que no lo hagan si ello conlleva una mejora colectiva. Y los expertos en desigualdad saben que las herencias y donaciones inter-vivos son el mecanismo más importante de perpetuación de la desigualdad entre generaciones, permiten la acumulación de grandes patrimonios y minan los principios básicos de una sociedad liberal y democrática.

Para entender por qué, hagamos un pequeño ejercicio de contabilidad. El primer dato es que las personas con mayor patrimonio suelen tener mayor tasa de ahorro: esta es una realidad que se conoce en economía como mínimo desde la Ley de Engel. El gráfico siguiente muestra las tasas de ahorro del 1% y el 10% más ricos y el 90% más pobre (Saez y Zucman, 2014). Vemos como el 90% más pobre de la población apenas ahorra, mientras que el 1% más rico ahorra hasta un 40%. Esto significa que en un período determinado, el 90% de la población sólo dispondrá de sus ingresos, mientras que el 1% dispone de sus ingresos del período y del 40% de sus ingresos del período anterior.

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Por otro lado, es fundamental reconocer que el capital genera rentas. Estos mayores ahorros de la parte alta de la distribución de riqueza se convierten en inversión. Es decir, que el 40% de ahorros del gráfico anterior generan un rendimiento de un período al otro. Supongamos que dos personas que necesitan 1000€ al mes para sobrevivir, cobran 1000€ y 1500€ al mes respectivamente. Supongamos que los ingresos crecen al 2%, es decir, el año siguiente cobrarán 1020€ y 1530€ respectivamente. La persona que cobra 1500€ consume 1000, ahorra e invierte 500€ y recibe un rendimiento del 4%. Los ingresos de la persona 1 el año que viene son 1020€, mientras que la persona 2 cobra 1530€ por un lado, y 4%*500€ = 20€ por el otro, un total de 1550€. Supongamos que el coste de la vida también subió un 2%, así que la persona 1 consume sus 1020€ mientras que la persona 2 puede ahorrar 530€ un 2% más que el período anterior en términos reales. Vemos que de periodo en periodo, la desigualdad irá en aumento sucesivamente, sólo por la capitalización de la diferencia r (4%) – g (2%) que tanto ha enfatizado el trabajo de Piketty. En una sociedad donde el rendimiento del capital es mayor que el crecimiento del ingreso, la riqueza acumulada crece más rápido que los ingresos del trabajo.

Pero esto no es todo. Además, a mayor inversión, mayor retorno a la inversión. La razón es que los pobres suelen ahorrar en depósitos (de bajo rendimiento) mientras que los ricos invierten en el mercado financiero (mayor rendimiento). Hay multitud de razones. Una es la necesidad de aportar un patrimonio mínimo para hacer una inversión (por ejemplo, comprar una casa, empezar un negocio, o acceder a según qué vehículos de inversión). Otra es la mayor aversión al riesgo de las personas con menos patrimonio, y es que una inversión de alta rentabilidad también conlleva un riesgo asociado. Si te sobra para vivir, es más fácil de arriesgar que si tienes justo lo necesario. La asimetría de información y su abuso hacen el resto: recordemos el caso de las preferentes, que casualmente no había comprado ningún fondo de inversión.

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El gráfico muestra la distribución de la inversión por tipos de activos y percentil de renta para Francia, elaborada por Piketty. La economista Clara Martínez Toledano ha calculado la composición de la cartera de ahorros en activos de distinto rendimiento por percentil de renta en España. El gráfico es similar, si bien la propiedad inmobiliaria tiene más peso en los percentiles más bajos, comparado con Francia, fruto de la burbuja inmobiliaria. Los resultados se pueden encontrar en una publicación suya reciente. Martínez calcula que para España el rendimiento de la vivienda es de un 2%, el de la actividad económica un 3.5% mientras que el de los activos financieros es el 9%.

En resumen, que cuanto más rico eres, más tiendes a ahorrar. Cuanto más ahorras, más tiendes a inviertir. Cuanto más inviertes, mayores rendimientos tiendes a tener. Es decir, que la distribución desigual de la riqueza no sólo tiende a perpetuarse, sino a aumentar… ¿Hasta el infinito y más allá? No. La transmisión de la riqueza entre generaciones es uno de los momentos cruciales para que el sector público intervenga, acotando el aumento de la distribución personal de riqueza. Por lo tanto, nos conviene ampliar el foco y no quedarnos en el juicio moral del micro-ejemplo. La verdadera elección moral aquí es qué sociedad queremos: ¿Queremos una sociedad más igualitaria? Necesitamos un impuesto de sucesiones fuerte y efectivo.

Pero tampoco quiero evitar coger el toro por los cuernos. Por mucho que el impuesto de sucesiones sea uno de los mecanismos más efectivos de redistribución, existen, creo, dos razones por las que es percibido como injusto. La primera es que la evasión fiscal de las grandes fortunas se traslada también al impuesto de sucesiones: existe quizás la sensación de que el impuesto recae sobre los pequeños ahorradores, que han conseguido acumular un pequeño patrimonio fruto de sus rentas del trabajo, mientras que los grandes patrimonios se heredan sin tributar. Los resultados de la investigación de Alstadsæter, Johannesen and Zucman, 2017 sobre la incidencia de la evasión fiscal en función de la cantidad de impuestos debidos, muestra como son los grandes patrimonios los que evaden más impuestos. Pero esta no es una razón para eliminarlos, sino para incrementar la lucha contra el fraude fiscal, para garantizar que las grandes herencias tributan lo que deben. Una buena línea de acción es controlar los grandes despachos de abogados y contables que lo hacen posible.

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La segunda es la desvinculación entre la recaudación de impuestos y su distribución en forma de servicios públicos, mediada por unas élites políticas parasitarias y corruptas.Este último aspecto es bastante inevitable en un Estado del Bienestar, pero hay fórmulas que consiguen poner el vínculo de manifiesto: la Seguridad Social, por ejemplo. Por ello, a mí me resultan interesantes propuestas como las de Tony Atkinson, uno de los economistas de la desigualdad más importantes del siglo XX (y padre académico de Piketty y compañía). Atkinson propuso, entre otras medidas, una “Herencia Mínima Universal”. Podría estar financiada por la recaudación del impuesto de sucesiones y repartida a partes iguales a todas las personas que cumplan la mayoría de edad cada año, por ejemplo.

Huelga decir que no sólo se puede actuar sobre la desigualdad interpersonal de la riqueza. Mejorar la participación de las rentas del trabajo en el reparto del PIB o aumentar la riqueza que poseemos entre todos colectivamente, son otras dos grandes líneas de actuación. En relación a la distribución capital-trabajo, la financiarización de la economía, los cambios regulatorios como las reformas laborales que tuercen la balanza en favor de los empresarios y quitan poder de negociación a los sindicatos, o la globalización, con sus amenazas de deslocalización, están poniendo los salarios bajo presión y se está produciendo una reducción global de la parte de los ingresos percibidos por el trabajo. El periodista Javier Jorrín analizada los datos recientes para España aquí.

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Por lo que respecta a la riqueza pública, esta ha ido perdiendo peso frente a la riqueza privada, que ha aumentado. El siguiente gráfico muestra esta tendencia para varios países a raíz de los resultados del World Inequality Report. Además de garantizar un estado más solvente, la riqueza pública es patrimonio colectivo, es decir que está mejor distribuida que el capital privado. Cuando aumenta la riqueza privada y decrece la pública, está aumentando la desigualdad.

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En todo caso, eliminar el impuesto de sucesiones conlleva una sociedad más desigual. Si vamos a tener un debate serio sobre la desigualdad, y no mirar hacia otro lado, como denunciaba aquí el economista José Moisés Martín, hay que decir las cosas como son. Y una sociedad más desigual es una sociedad con menor igualdad de oportunidades, más insegura y de menor calidad democrática. Al fin y al cabo, como no se cansan de repetir quienes estudian la desigualdad económica a fondo, como Thomas Piketty o Branko Milanovic, el nivel de desigualdad no es una característica inevitable de nuestra sociedad. Es una decisión política.

 

Entrevista a Carlos ARAGONÉS a Crónica Global (4-02-18)

https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/conversaciones-sobre-cataluna/aragones-nacionalismo-espanol-ciudadania_117533_102.html

Carlos Aragonés Mendiguchía (Leganés, 1956) contesta la pregunta, pero tras un rodeo en el que surgen más incógnitas, inquietudes nuevas y dos o tres referencias que consiguen la complicidad con el interlocutor. Es senador del PP y atesora toda la experiencia que ofrece haber sido el jefe de gabinete de José María Aznar en sus ocho años de gobierno. Colaboró con Aznar desde años atrás y formó parte de aquel famoso clan de Valladolid. Licenciado en filosofía y letras, analiza la realidad y resulta imprescindible para cualquier político catalán que desee, realmente, lograr el desbloqueo de la actual situación. ¿Por qué? Por su apego a cuestiones que siempre se dejan de lado, como la geografía. Aragonés incide en que Cataluña debe mucho a su lugar estratégico en la península ibérica. Y eso simplemente se tiene, pero se debe ser consciente de ello, desde una mayor predisposición a conocer idiomas, por ser zona de paso, hasta una mejor situación económica de partida por los flujos comerciales históricos. Lee e interioriza las lecturas, algo poco frecuente en estos tiempos. Quiere comprender a su adversario pero pide que éste también sepa ponerse en la piel del otro, algo también poco común. Y tiene claro que sí ha existido un nacionalismo español y que puede resurgir con nuevos ropajes. “El nacionalismo español no tardará en adquirir carta de ciudadanía”, responde, para lamentar que Madrid y Barcelona no hayan sido capaces de trabajar conjuntamente por el bien de toda España, algo que se pudo haber conseguido con la oferta que presentó Aznar a Pujol, y que éste rechazó en dos ocasiones. En una entrevista con Crónica Global, en Madrid, Aragonés lanza reflexiones que el independentismo podría aprovechar, pero también el Gobierno de su propio partido, con Mariano Rajoy al frente.

-El soberanismo tomó carta de naturaleza con la Diada de 2012, con el argumento de que era necesaria una reacción tras la sentencia del Estatut de 2010. ¿Es para usted ese el detonante real?

-La famosa sentencia usa un lenguaje cuidadoso con el nuevo Estatut, lo interpreta, le invita a decir lo que no afirmaba taxativamente, el tribunal quiere encajarlo en la Constitución, se nota que le habla a una ley fundamental ya refrendada. No se tuvieron esos miramientos con otra norma clave, la LOAPA de 1981.

-Entonces, ¿lo ve como un elemento que encaja en el populismo que se ha desarrollado también en otros países? 

-Protestar que la sentencia fuese un pronunciamiento contra el pueblo, fue populismo de manual, como bajar las escaleras de las instituciones a la calle. Pero ese desliz le pasa a cualquier gobernante, lo malo fue que la Generalitat, la de José Montilla y de Artur Mas, se encontró con que la calle agitada no era suya, y quedó atrapada en una espiral hasta el 1-O. Ha sido una suerte de populismo identitario, muy influido por el proceso inglés hacia el Brexit, con en esa fijación por el referéndum como técnica de ruptura con el poder central, sea Bruselas o Madrid.

¿Es una reacción al desdén del PP, que gana las elecciones en 2011?

-Si el Alto Tribunal no podía hacer apenas otra cosa que guardar la compostura del defensor de la Constitución, tampoco el Partido Popular dispuso de mucho margen, mesas petitorias al margen. Porque ese Estatut no se quiso consensuar con quien tenía capacidad y representación para frenarlo, no se quiso en Barcelona, pero es que tampoco se reconoció en Las Cortes, donde éramos la oposición mayoritaria. No hace falta ser maquiavélico para imaginar lo que hará un actor con derecho a veto, en tal caso.

¿Y la entrevista entre Mariano Rajoy y Artur Mas, era posible otro resultado?

-Mas, que le había salido bien la cumbre con un Rodríguez Zapatero bien dispuesto a desapoderar el Estatuto de ERC, esta otra cita dos años después no podía ganarla. Daría escalofríos en Moncloa oírle hablar de un acuerdo marco, que erigiera la Hacienda propia, con el dragón de la autodeterminación rampante, y sin poder lucir el caballero a espada las victorias siderales de Pujol sobre ERC, que permitiera hacerse ilusiones de controlar el proceso en marcha.

-Por tanto, para usted no podía haber otra respuesta por parte de Rajoy.

-Quizá, lo dejamos para leerlo en sus memorias. Los jefes de gobierno disponen de información puntual que a los demás nos está vedada.

-Mirando al futuro inmediato, se dibujan dos posibilidades, por lo menos. Un no definitivo a la llamada política del contentamiento o una apertura hacia una reforma constitucional. ¿O queda alguna otra alternativa?

-A futuro, salta a la vista el retroceso, en derecho y convivencia, de los cambios operados por gobiernos tan heterogéneos como el tripartito y parlamentos divididos en mitades polarizadas. Son demasiados padres, demasiadas manos para un acomodo constitucional duradero. Como también que, a las normas del bloque de constitucionalidad, les sienta bien la participación de la oposición, adversario hoy y futuro mandamás.

¿Entonces?

-Vale imaginarse que, sin el fallo del Tribunal Constitucional, una catarata de recursos suspensivos de las otras Comunidades Autónomas, incluso por los nuevos partidos llegados al Gobierno, habría entorpecido el desarrollo legislativo y administrativo del Estatuto catalán, en un clima de discordia creciente en la España territorial.

¿Aguantar, como salida, y ganar tiempo?

-Hagamos cambios a cotas más bajas. Sin ir más lejos, la financiación territorial es una de ellas, la sostenibilidad de la deuda pública catalana y española merecerían la incorporación y el acuerdo.

-El catalanismo se ha volcado siempre en la construcción y desarrollo de España. ¿Puede recuperar su espacio, o lo da por superado y fallecido?

-Depende, el espíritu de la autodeterminación seca de raíz los afanes constructivos. De los meses camino a la perdición del 1-O me llamó mucho la atención el desentendimiento profundo porque la Agencia Europea del Medicamento viniera a Barcelona. Difícil pero posible, su I+D es un maná en el desierto del presupuesto para desarrollo científico. Caray, bien hubiera venido una tregua olímpica, apaciguar el contexto político de la candidatura de Barcelona, “disimular un poco” el catalanismo “enragé”. Nada de ello, en esas semanas de presentaciones en las capitales europeas. La Generalitat airada dio el salto cualitativo de enfrentarse directamente a una Unión Europea, como si del imperial segregacionismo inglés se tratara.

-Intuyo, por tanto, que no le ve mucho futuro a ese catalanismo histórico. ¿Fue determinante, usted que lo vivió, el no de Pujol a Aznar en 1996 y en 2000 como una fórmula para corresponsabilizarse de la gobernabilidad de España?

-Ese compromiso histórico lleva pendiente cien años, y claro que cambiaría el pulso español. El ofrecimiento de Aznar fue sincero pero senequista de fondo, y no menos la respuesta de un incómodo Pujol. Lo interesante fue la resignada decepción de otros dirigentes de CiU a esa entrada en el Gobierno central.

-Pujol pensó en el fracaso de Cambó. Siempre quiso evitar ese compromiso. ¿Lo entiende?

-Lo entiendo, porque quien, como Cambó, tantea una coalición en Madrid sufre el  fuego amigo inmediato en Barcelona. Los palos por la espalda duelen siempre más. Hay que añadir que no sería el catalán el único mandatario afectado por fuego amigo, también el socio castellano de esa coalición arriesgaría su reputación patriótica por Valladolid, Sevilla, etc., a derecha y a izquierda. Esa diferida desconexión entre Madrid y Barcelona lleva a un derroche de energías formidable en un país de pocos recursos naturales. A nuestra modesta escala, debería valernos la imagen aquella del gran Papa polaco acerca de los dos pulmones con que respira una Europa verdaderamente entera.

-Ese no de Pujol a Aznar llevó al líder del PP a proyectar su idea de España, sin cortapisas. ¿Existe el nacionalismo español?

-Claro que existe, lo natural es propender al nacionalismo en todas partes Que el nacionalismo tienda a la guerra y la rapacidad solo significa que hay que civilizarlo y combinarlo con otras patrias, moralizarlo. Por ahí nos gustaría que fuera la Unión Europea, ¿no? Al español le faltaba, por causa del militarismo de Franco y su Estado confesional, una reelaboración, pluralista y constitucional, la que se ha ido gestando en estos 40 años de libertades, y que no tardará en adquirir carta de ciudadanía. Algo de ese futurible hemos visto llegar por la antigua estación de Francia. En el Congreso he convivido con nacionalistas catalanes moderados que articulaban con facilidad el sentimiento de cuna con el patriotismo constitucional. En el Senado todavía no he tenido la misma suerte.

¿Tiene proyecto el PP de hoy?

-Conozco más de cerca el proyecto del Aznar. Rajoy tiene mucho más de administrador de unas magras rentas y muchas deudas. Pero juzga mal el que olvida que el PP ha hecho un aprendizaje entre una salida traumática del poder, la del 11-M, y la vuelta a la Moncloa en otoño del 2011, en un país minado por el paro masivo. Rajoy, un moderado a ultranza, es elegido para templar el clima electoral por un Aznar, bastante más excitator hispaniarum que el sucesor, cuyo papel queda varado en esos tres días fatídicos de marzo de 2004.

¿Por qué?

-Porque al perder las elecciones y de mala forma, mi partido no disponía de alternativa personal ni programática para la nueva circunstancia, ni se permitió el lujo de improvisar líderes y pescar ideas, como veíamos que le estaba aquejando al PSOE desde el difícil relevo de Felipe González por un Almunia sobradamente preparado.

¿Cree realmente que puede haber un sorpasso o reemplazo del PP por Ciudadanos?

-Creíamos que el intocable sistema electoral del 77 era un mayoritario encubierto, pero, tras dos elecciones consecutivas, resulta que puede acoger a cuatro partidos. La ley electoral, pieza esencial del sistema, es más imprevisible y elástica de lo que cabía suponer. Mientras la izquierda se ha subdividido en dos fuerzas parejas, Albert Rivera podría llegar a lo mismo en el hemisferio de la derecha, por más que duela a cuantos seguimos al PP. Pero, para un sorpasso a lo Julio Anguita, las siglas de Rivera no han dispuesto del tiempo de crecimiento orgánico muy provincial que tuvo el PP en su larga espera del poder. Bienvenido un rival que nos incite a salir de las viejas rutinas, pero, mientras jugamos esa carrera electoral, vale mirar atrás, a otra partitocracia en problemas, la italiana de los años 90, para contemplar que la mala reputación que colapsó la Democracia Cristiana de allí ha sido reemplazada por epónimos como Berlusconi, Renzi y Grillo ¿Dónde está el progreso democrático con tales hombres fuertes?

-Usted vivió y colaboró con Aznar en su idea de que España tuviera una proyección internacional anclada al eje atlántico. ¿Fue un error o una gran oportunidad perdida, visto ahora con perspectiva, y teniendo en cuenta que tampoco se ha logrado un papel decisivo en la Europa que ahora recupera el tándem franco-alemán?

-A ese dossier le ha caído toda la corrección política del mundo encima. Más bien, el error fue verse arrastrado por la fuerte dinámica de la Administración de Bush en respuesta al desafío del 11-S. Pero fue una oportunidad como pocas, y el fondo del asunto espera a un presidente de vocación internacional. Sin América Latina, España aportará al eje europeo no mucho más que la frontera sur. El Muro berlinés cayó para todos. Si el factor español apalanca al continente no una, sino algo de las dos Américas, damos una profundidad impagable a la política exterior, comercial y de seguridad, de la UE, y a su cultura, como pocos Estados europeos, con la excepción de Alemania, por supuesto. Tuvo algo de hermosa oportunidad rechazada por el otro presidente, a fuerza inexperto en la arena internacional. Otro factor poderoso fue que el mandato no solo coincidió con Bush, sino con la presidencia nacionalista del gaullista Chirac. Está muy por discutir y contar la política exterior que incitaba Aznar.

 

 

Albert BRANCHADELL, “Dos governs sense comparació” a El Periódico (6-02-18)

http://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20180205/dos-governs-sense-comparacio-article-albert-branchadell-formula-dos-governs-catalunya-6603523

En els últims dies diferents veus d’ERC han advocat per sortir de l’impàs de la investidura amb la tècnica del doble Govern: un Govern «simbòlic» de Puigdemont a Brussel·les i un Govern «efectiu» a Barcelona. La idea, en realitat, no és nova: en la passada campanya, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, ja va dir que el seu partit trobaria una fórmula per reconèixer el Govern «legítim» de Puigdemont, però que al mateix temps s’hauria de crear una estructura «clarament executiva» radicada a Catalunya.

La veritat és que, en aquella entrevista, Rovira va anar més aviat per lliure, perquè en el programa electoral el seu partit només prometia un Govern «fort» (no pas dos). A falta de concreció en el programa d’ERC, una possibilitat és buscar inspiració en la política internacional.

Al llarg de la història són nombrosos els exemples de dobles governs. El cas més típic és dels gabinets a l’exili creats arran d’invasions o cops d’Estat militars i l’erecció de Governs diguem-ne intrusos als països afectats. Un període especialment fructífer va ser la Segona Guerra Mundial, quan Londres es va convertir en la seu de molts governs a l’exili de països ocupats pels nazis. El més longeu és la Rada de la República Democràtica Bielorussa, una raresa que aviat complirà els primers 100 anys.

En tots els precedents, els governs a l’exili no són complementaris, sinó oposats als que ostenten el poder efectiu

En tots aquests casos es pot apreciar que els governs a l’exili no són complentaris dels que ostenten el poder efectiu, sinó els seus oposats. A simple vista, doncs, els precedents no serveixen per il·luminar el cas català, on es plantegen dos Governs del mateix signe polític. I aquí és on resulta complicat entendre l’actual estratègia independentista. Els governs a l’exili es formen perquè no és possible fer-ho on toca. En el cas català, no és necessari formar un Govern independentista a Brussel·les perquè és possible formar un Govern independentista a la mateixa capital catalana.

La insistència en Puigdemont és desconcertant: per aixecar el 155 es proposa el mateix polític que va desencadenar la seva aplicació. Com que la història no hi ajuda, en aquest assumpte potser s’hauria d’apel·lar al sentit comú. Ja no es tracta només de desbloquejar la investidura sinó d’aclarir cap on va el país. En la seva presa de possessió, el president del Parlament, Roger Torrent, va expressar el seu desig d’ajudar a cosir” la societat catalana. La pregunta és si la presidència de Puigdemont contribuirà a les bones intencions del sastre.

 

 

Steven FORTI, “La ANC, el peronismo.cat que agita el independentismo catalán” a Atlántica XXII (26-01-18)

http://www.atlanticaxxii.com/la-anc-peronismo-cat-agita-independentismo-catalan/

No hay quien no hable de Cataluña últimamente. Y no solo en España. Sin embargo, poco se ha escrito acerca de una de las piezas más importantes del proceso soberanista: la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Es cierto que en las últimas semanas ha sido portada en todos los periódicos tras decretar la Audiencia Nacional prisión incondicional y sin fianza para su presidente, Jordi Sánchez, junto al presidente de la otra gran asociación independentista, Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Pero demos un paso atrás sin ceñirnos tan solo a los últimos acontecimientos e intentemos entender qué es, cómo nace y qué representa la Assemblea Nacional Catalana. Un invento interesante para estos tiempos líquidos.

No es baladí recordar que fue la ANC, junto a Òmnium Cultural, quien organizó la primera gran manifestación a favor de la independencia de Cataluña en la Diada del 11 de septiembre de 2012. Ese fue el estreno público de la nueva entidad de la cual en aquel entonces muchos no habían ni oído hablar. La manifestación fue un éxito abrumador: alrededor de un millón de personas salieron a la calle detrás del cartel “Catalunya, nou Estat d’Europa”. Al cabo de pocos días, las presidentas de las dos asociaciones, Carme Forcadell y Muriel Casals, fueron recibidas por el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas. A partir de ahí Òmnium Cultural y sobre todo la ANC cobrarán un protagonismo mediático impensable para unas asociaciones de la sociedad civil y se sentarán en la sala de mando del proceso soberanista. Las dos entidades organizarán las grandes manifestaciones de las siguientes Diadas, siempre multitudinarias y muy impactantes a nivel visual, y participarán en las reuniones del Gobierno junto a los partidos independentistas.

Pero al contrario que Òmnium Cultural, histórica entidad creada en 1961 para promover la difusión de la lengua catalana, la ANC se fundó tan solo unos meses antes de la Diada de 2012. El proyecto se fraguó el 11 de septiembre de 2009 en Arenys de Munt, donde se celebró la primera consulta sobre la independencia de Cataluña. Ahí, un pequeño grupo de independentistas de toda la vida, liderados por Miquel Strubell y Pere Pugès, decidió dar nuevo vigor a las plataformas soberanistas que habían nacido a mediados de la primera década de este siglo, tras el complejo proceso de reforma del Estatuto de Autonomía catalán.

“Había mucho friki. Era algo como una especie de 15-M de comarcas. En algunos pueblos se juntaban tanto los nietos de los fusilados de la Guerra Civil como los nietos de los fusiladores. Lo que los unía era Cataluña”, explica el periodista Guillem Martínez, autor de La gran ilusión. Mito y realidad del proceso indepe (Debate, 2016). En abril de 2011, en el Palau de Sant Jordi de Barcelona, se convocó la Conferencia Nacional para el Estado Propio, donde se eligió un consejo asesor que llevó las riendas de la entidad hasta el 10 de marzo del año siguiente. Entonces, en el mismo Palau, se celebró la asamblea constituyente. Esa se puede considerar la fecha de nacimiento de la Assemblea Nacional Catalana.

¿Asociación, movimiento o lobby?

Más allá de esto, todo es incierto. O casi. Aún no está del todo claro, por ejemplo, que es la ANC. ¿Una asociación? ¿Un movimiento social? ¿Un lobby? Según Andrew Dowling, profesor de Historia catalana y española en la Universidad de Cardiff y autor de The Rise of Catalan Independence: Spain’s Territorial Crisis (Routledge, 2017), la ANC es “más que un lobby o un grupo de presión, pero menos que un movimiento social, ya que no tiene planteado ningún cambio de estructura de poder, que es el elemento clave para definir un movimiento social”.

Guillem Martínez define a la ANC como “un movimiento civil vertical que ofrece una sensación de horizontalidad, pero que en realidad repite consignas gubernamentales”. Según Enric Ucelay-Da Cal, catedrático emérito de Historia Contemporánea en la Universitat Pompeu Fabra y autor de obras como El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España (Edhasa, 2003), es un poco de todo esto, pero “con una capacidad de influencia muy reforzada por el cambio tecnológico que se junta a la idea de la independencia como una utopía disponible”.

No es posible entender qué es la Assemblea Nacional Catalana sin tener en cuenta el rico tejido asociativo catalán. Según Dowling, “la cultura existente en Cataluña era la de una sociedad civil participativa. La Assemblea se ha construido a partir de esa base”. También Jordi Amat, escritor y colaborador de La Vanguardia, subraya este aspecto: “La ANC ha tenido una capacidad de captación enorme del asociacionismo que ya existía. Sobre todo fuera de Barcelona y del área metropolitana consiguió sumar a su proyecto un tejido civil que ya estaba construido”.

Sin embargo, solo con esto no podemos entender la consolidación de esta peculiar experiencia. “La ANC”, continúa Dowling, “ha aprendido de la experiencia de los movimientos independentistas de los años ochenta y noventa, que eran marginales, y ha buscado la centralidad”. No es casualidad, como recuerda Jordi Amat, que exista una continuidad con la experiencia de la Crida a la Solidaritat, movimiento activo durante todos los años ochenta, que organizó acciones de protesta innovadoras centradas sobre todo en la defensa de la lengua catalana. “Que Jordi Sánchez, que estuvo en la Crida, sea el actual presidente de la ANC es ejemplo de esta continuidad”, apunta Amat. Lo mismo puede decirse de otros activistas de la primera hora.

Según Amat, que a la historia de la cultura y la política catalanas ha dedicado un importante ensayo, El llarg procès. Cultura i política a la Catalunya contemporània, 1937-2014 (Tusquets, 2014), tampoco se debe olvidar el precedente de la Assemblea de Catalunya de los años setenta. “Más de un impulsor de la ANC había estado en la Assemblea de Catalunya. Para la nueva operación han intentado buscar el referente histórico de la mítica plataforma del antifranquismo, a partir del mismo nombre: Assemblea”, aunque, evidentemente, las diferencias son enormes.

Ucelay-Da Cal apunta que la ANC sale del colapso de otras experiencias: “Una de las características del juego nacionalista durante el siglo XX era la existencia de grandes partidos moderados estables mientras todo lo demás era muy inestable. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) lo resuelve en los años treinta convirtiéndose en un inmenso paraguas para infinidad de pequeños grupos. Hay algo de continuidad con este modelo, en cierta manera”. Lo que hay que remarcar, según Ucelay-Da Cal, es que la ANC es un “organismo político que no es una fuerza política, una cosa muy catalana, del mismo modo que la Lliga Regionalista a principios del siglo pasado. Esto permite una transversalidad que es muy difícil de encontrar en el contexto español”.

Amat añade que para entender el éxito de la ANC se debe tener en cuenta el cambio que vive el catalanismo en la última década: “La Assemblea Nacional Catalana es una herramienta efectiva para socializar esa mutación ideológica del catalanismo que asumen los partidos mayoritarios del nacionalismo, Convergència y Esquerra”. Convergència i Unió (CiU), el partido de la centralidad en Cataluña durante toda la etapa autonómica, empezó esta transformación tras la reforma del Estatuto de Autonomía, aprobado en referéndum en junio de 2006. Lo asume de manera programática ya en 2007 con el famoso discurso sobre la Casa Gran del Catalanisme de Artur Mas. “En ese momento Convergència, que se encontraba en la oposición, dobla la apuesta por ver su espacio amenazado y se hace soberanista”, comenta Amat. “Al mismo tiempo el soberanismo va ganando espacios en la sociedad con el activismo de la Plataforma pel Dret de Decidir, fundada en diciembre de 2005”.

Lucha por el poder interno

Mucho se ha debatido sobre las relaciones entre la ANC y el Gobierno catalán. Hay quien sostiene que la Assemblea es el perfecto ejemplo de la pureza de la sociedad civil y quien la considera una correa de transmisión del Gobierno. Según Dowling, la ANC tiene su autonomía, pero al fin y al cabo comparte en gran medida la visión del Gobierno catalán: “En los últimos cinco años, la Assemblea ha intentado controlar el Gobierno y el Gobierno ha intentado controlar la Assemblea. Ha habido un constante tira y afloja”, explica el profesor de la Universidad de Cardiff. Guillem Martínez, que analiza semanalmente el proceso soberanista en las páginas de CTXT, remarca que en el papel la autonomía de la ANC es total, pero que en realidad el control del Gobierno sobre la Assemblea es un hecho. Prueba de ello, entre otras cosas, sería que en las elecciones autonómicas del 27-S de 2015 Carme Forcadell se haya presentado como número dos de la lista de Junts pel Sí (JxSí) y que la ANC haya hecho campaña para esa coalición.

Enric Ucelay-Da Cal apunta que la ANC representa muy bien “la fluida frontera entre el espacio público y el privado que tiene que ver con la incapacidad de clarificar la diferencia entre lo propio y lo que es de todos”. “Cuando no se puede actuar en la lógica partidista”, explica este profesor emérito de la Universitat Pompeu Fabra, “entonces el dinero viene por lados privados. Ese fue el secreto del pujolismo. Era corrupto y altruista a la vez. Algo muy mediterráneo, desde luego. No queda claro lo que es de todos y lo que es particular y privativo”.

Según Jordi Amat, la ANC puede ser definida como “una institución no gubernamental que tiene cierta presión hacia el Gobierno, pero que comparte proyecto con él”. Es importante volver al trienio 2010-2012, según el escritor barcelonés: “Cuando Òmnium Cultural organiza la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional en julio de 2010, era difícil pensar que existiese una organización estable de movilización. A partir de ese momento el catalanismo se vincula a una movilización constante que representará la ANC. Por eso la batalla por controlarla ha sido tan bestia”.

Efectivamente, la lucha de poder interna a la Assemblea ha sido brutal. Uno de los momentos clave fue la primavera de 2015, cuando Jordi Sánchez sustituyó en la presidencia de la ANC a Carme Forcadell, que se convertiría en presidenta del Parlamento de Cataluña tras las elecciones “plebiscitarias” del mes de septiembre. La elección interna fue muy discutida ya que la candidata más votada fue la escritora Liz Castro, pero Sánchez, que había acabado segundo, consiguió hacerse con la presidencia de la entidad gracias al voto de los miembros del secretariado.

Forcadell venía de ERC, mientras que Sánchez, tras su militancia en los ochenta en la Crida, era un hombre cercano a Convergència. Algunos sostienen que fue el mismo Artur Mas quien pidió a Sánchez, que a principios de 2015 era adjunto al Síndic de Greuges [Defensor del Pueblo en Cataluña], que diese el paso. En toda la operación, que se saldó con el control de la ANC por parte de Convergència, tuvo un papel crucial el exdirigente de Convergència David Madí, uno de los hombres en la sombra de todo el proceso soberanista.

Como se recordaba antes, la ANC se constituyó oficialmente en marzo de 2012 y su primera puesta en escena fue la Diada de aquel año. Se sigue debatiendo si la manifestación fue organizada solo por la sociedad civil o si lo fue por el poder nacionalista a la sombra. Posiblemente la verdad está en el medio: la protesta social espontánea –que mezcló a sectores del post-15-M, movilizados por los recortes y la gestión de la crisis económica, con un activo movimiento independentista que había cobrado fuerza con las consultas sobre la independencia organizadas en los municipios catalanes entre 2009 y 2011– se combinó con una laboriosa estrategia del Gobierno catalán para canalizar esa protesta.

“La Diada de 2012 tenía un apoyo gubernamental”, explica Amat. Es muy significativo el discurso institucional de Mas la víspera de la Diada. Ahí, dirigido a los convocantes de la manifestación del día siguiente, dijo aquel famoso: “Vuestro clamor es el mío, vuestra voz es la mía y vuestros anhelos los míos”. “La institución de autogobierno asume la movilización como el punto desde el cual se puede desarrollar su proyecto político”, apunta Amat. “Y quien le hace el trabajo para ese cambio de rumbo es justamente la ANC”.

Cursi y sentimental

Un dato a tener en cuenta es la capacidad de la ANC, que tiene más de 40.000 socios de pleno derecho y a otros tantos simpatizantes, para mantener movilizadas a sus bases. Según Amat, la Assemblea “ha llenado de sentido la vida de mucha gente”. Guillem Martínez ahonda en esto: “Ofrece mucho ocio, tienes el domingo ocupado. Y, además, te da un sentimiento de vértigo, de pertenecer a una época”. Según el autor de La gran ilusión, se trata de un “movimiento cursi y sentimental” que permite hacer vertical la protesta: “Si la ANC se plantase habría desborde y se acabaría el Procés. Pero lo ha hecho solo en dos ocasiones. No es su función, al menos de momento”.

Según Martínez es sintomático ver lo que pasó el 10 de octubre cuando Puigdemont, tras la celebración del referéndum unilateral de autodeterminación, intervino en la Cámara autonómica delante de la expectativa general. “Se había montado un independentódromo [en el Paseo de Lluís Companys, cerca del Parlamento] para celebrar la declaración de independencia, pero Puigdemont se rajó. Sin embargo, la ANC explicó que era una táctica para conseguir la independencia y que se debía seguir apoyando al presidente”.

Para Martínez esto es una muestra más de la estrecha cadena de confianza existente entre Assemblea y Gobierno en la que las redes sociales, sobre todo Whatsapp y Twitter, juegan un papel clave. “Todo es comunicación”, apunta el periodista barcelonés, que añade que “la unión del Gobierno con la sociedad se ha conseguido vía sentimientos e información”. Martínez considera a la ANC una “comunidad de sentido”, algo completamente distinto a la “comunidad de poder” que representa el PP: “No hay nada igual en Europa. Antes de que naciese Podemos, Íñigo Errejón se planteó montar en España unas juventudes peronistas. No lo consiguió. En Cataluña lo consiguieron. La ANC es una especie de peronismo.cat”.

Una opaca financiación

Una de las facetas menos conocidas de la ANC es la que atañe a sus cuentas, que jamás se han hecho públicas. La otra gran asociación del independentismo, Òmnium Cultural, sí las publica: más de 5 millones de euros en 2015 y 55 empleados. De la ANC solo se sabe que en 2016 ha ingresado 3,3 millones de euros, nada más. “Es una máquina de sacar dinero”, apunta Martínez. La venta de merchandising (camisetas, banderas, kits para la Diada, etc.) es una de las principales fuentes de ingresos, pero nada se sabe de posibles subvenciones públicas.

De Òmnium, por ejemplo, al menos sabemos que entre 2008 y 2010 recibió 1,5 millones de ayudas por parte de la Generalitat. De la ANC se sabe solo que fue multada –al igual que Òmnium– por la Agencia Española de Protección de Datos con 90.000 euros en abril de 2017, y que anteriormente se le embargaron 240.000 euros por la encuesta que hicieron las entidades soberanistas en 2014, antes del referéndum del 9-N, para preguntar a los ciudadanos como querrían que fuera una Cataluña independiente.

Según Ucelay-Da Cal, una de las marcas de la ANC es que “aparece como algo nuevo: no son los viejos partidos, tampoco es la ideología durísima de las diferentes sensibilidades de la CUP. La ANC es ‘gente razonable’ que ofrece un discurso aceptable. Una ideología íntima, que no es formal ni partidista. Pero esto también está en el nacionalismo catalán desde finales del siglo XIX hasta que la Lliga crea una máquina electoral”.

Martínez le ve mucho futuro a esta experiencia: “Por un lado, nadie la cuestiona. Por otro, el Gobierno catalán no ha hecho nada en cinco años y ellos siguen ahí”. También Ucelay-Da Cal le ve más futuro a una organización como la ANC que a los partidos clásicos, que viven una crisis sin precedentes, como en el caso del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), la refundación de la antigua Convergència. “A Jordi Sánchez lo puedes meter en la cárcel, pero tienes otros tres o cuatro que pueden hacer el mismo discurso ideológico íntimo, no de partido”. Justo en ese punto nos encontramos. A ver qué nos depara el futuro.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 53, NOVIEMBRE DE 2017

 

 

Lluís BASSETS, “La derrota del catalanismo político” a Letras Libres (1-02-18)

https://www.letraslibres.com/mexico/revista/la-derrota-del-catalanismo-politico

El catalanismo político ha sido derrotado. Perdida la última batalla este pasado otoño turbulento, la gloriosa ideología que había presidido la vida política catalana durante casi un siglo y medio está en trance de desaparecer si es que no lo ha hecho ya. Quedan, claro está, las huestes diezmadas del independentismo que intentarán seguir acosando al odiado Estado español, su eufemismo para España, a la que sus antecesores ideológicos de principios del siglo XX llamaban “la muerta”. Pero los efectos de sus acciones apenas producirán leves rasguños en el enemigo y lo que es seguro, visto el balance del último enfrentamiento entre agosto y octubre de 2017, es que su vida no correrá apenas peligro, todo lo contrario de lo que equivocados ensueños habían profetizado.

Es importante señalar que la derrota ha sido autoinflingida. El adversario, identificado con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, siguiendo un sabio dictum de generales famosos, cuando llegó el momento del enfrentamiento definitivo no hizo absolutamente nada, salvo subarrendar la represión al sistema judicial, y se limitó a evitar ofrecer cualquier indicación al enemigo para que rectificara en sus numerosos errores.

El Estado mayor independentista había construido su silogismo estratégico sobre una buena premisa, perfectamente comprobada, como era la imposibilidad de cualquier movimiento reformista por parte de las grandes fuerzas políticas españolas. De ahí derivaban la necesidad y la inevitabilidad de la independencia y la imposibilidad de cualquier solución de compromiso o tercera vía, de forma que los progresos de su máquina de guerra fueron destruyendo todo lo que pudiera significar una atenuación de la radicalidad independentista o una transacción de cara a concesiones para un nuevo estatus de Cataluña dentro de España, empezando por los partidos.

Derrota autoinflingida, pero de efectos letales para el conjunto del catalanismo. Secuestrada la hegemonía histórica por el independentismo y laminada su capacidad transversal y posibilista por la polarización del Proceso, la derrota al final es del catalanismo entero e, incluso, de la idea misma de una Cataluña libremente autogobernada que había constituido el núcleo de la política catalana en todo el siglo XX

Cuanto más ha avanzado la polarización y más se han encrespado los ánimos, especialmente ante la cadena de rupturas con la legalidad estatutaria y constitucional iniciada por la declaración de soberanía del 9-N de 2015, más impracticable se ha convertido la dichosa tercera vía, observada desde la centralidad española como el premio a la deslealtad independentista. La última ocasión de las muchas en que los dirigentes independentistas han tenido en su mano la rectificación del rumbo suicida que habían emprendido fue precisamente el 27 de octubre, cuando pudieron evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución mediante la convocatoria de unas elecciones anticipadas.

El ahora destituido presidente Puigdemont tenía ante sí una decisión binaria de la máxima gravedad, en la que podía escoger entre intentar adoptar el perfil del hombre de Estado reflexivo y valiente, capaz de convencer a los suyos de la necesidad de un paso atrás que consolidara lo conseguido, o adoptar la figura rocambolesca y aventurera del intrigante dispuesto a manipular sentimientos y legalidades para confinarse en un ridículo exilio autoimpuesto en Bruselas, aun a costa de perder el propio autogobierno en el envite. Como sucede tantas veces en la vida política, Puigdemont se enfrentó a un momento definitorio, presionado por los suyos con prematuras acusaciones de traición, que pesaron mucho más en su ánimo ya de por sí insurgente que cualquier idea de responsabilidad y de sentido histórico respecto a Cataluña y a la democracia.

La personalidad política de Puigdemont no queda agotada en la resolución de este dilema tan trascendente para su definición personal, sino que exhibe indudables habilidades de maniobra política, dignas de los más inquietantes personajes crecidos en el fecundo y ahora descompuesto árbol del pujolismo. El “exilio” bruselense ha sido, de cara a las elecciones del 21-D, la última y brillante maniobra convergente para sobrevivir incluso a la derrota final sin dejar de presentarse como el primer partido y el albacea de un catalanismo político que se halla de cuerpo presente.

El juego de manos posconvergente consiste en utilizar la radicalidad independentista para evitar que Esquerra Republicana gane unas elecciones para las que parecía la fuerza predestinada. Para ello, ha utilizado de nuevo el mito de la unidad catalanista como camuflaje del proyecto de partido, frente al partidismo de Esquerra; la figura presidencial “en el exilio” por culpa del 155, frente al vicepresidente Junqueras recluido en la cárcel de Estremera; y su intransigencia unilateralista, tan próxima a la CUP, para frenar el bilateralismo recientemente exhibido por ERC en una nueva etapa de regreso al posibilismo.

Los resultados electorales han acompañado a Puigdemont en el proyecto, que ha conseguido la doble victoria de ganar a Rajoy con la mayoría independentista capaz de formar gobierno y de ganar a Junqueras frenándole en sus pretensiones históricas de sorpasso. En la obtención de su victoria, al contrario de lo que dice la campaña independentista, no ha significado un hándicap ni el “exilio” ni la cárcel de sus dirigentes, al contrario. El prime time televisivo y radiofónico y las portadas de los periódicos se han llenado durante la campaña de presos y exilados y de manifestaciones de solidaridad. En el caso de los medios de comunicación catalanes, tanto los públicos como los privados concertados, la dedicación ha sido monotemática. La agenda y la iniciativa han estado una vez más en manos independentistas. La ayuda del gobierno de Rajoy y su subrogación de responsabilidades en los tribunales también han pesado lo suyo en la consolidación del bloque de votantes independentistas, tan conscientes de la derrota sufrida como de la obligación de no doblar el espinazo ante la desconsiderada invitación a la humillación que se les proponía.

En la nueva fase del conflicto, que algunos quieren presentar incluso como la segunda parte del proceso, ya no puede proponerse nada de lo que había servido de liebre para hacer correr al independentismo desde 2012 hasta 2017. El derecho a decidir ha quedado superado después de tantas tentativas frustradas o fracasadas, sobre todo ante una división en dos mitades de una sociedad a la que no se puede mantener permanentemente en tensión para dirigirse hacia una decisión plebiscitaria que se jugaría por muy escaso margen y que necesariamente contestaría la parte perdedora de tan irracional envite. La declaración unilateral de independencia todavía ha salido más chamuscada de la experiencia del otoño catalán de 2017, puesto que quienes debían realizarla no fueron capaces ni siquiera de formularla con fuerza legal y menos todavía de sostenerla luego en los hechos, dándose a lo peor que puede hacer un dirigente, que es al abandono de la nave y a la huida, a pesar de que sus seguidores luego no hayan castigado tal comportamiento. De la república independiente no puede ni siquiera hablarse, a pesar de que ocupe todavía el discurso de algunos de sus dirigentes, empecinados en persistir en las creaciones verbales sobre su construcción o su implementación, siempre a la espera de la generación de unos hechos que nunca llegan a materializarse.

No hay mayorías en Cataluña para empeñarse en estos caminos tan transitados como inútiles y hay en cambio una mayoría cada vez más potente en el conjunto de España, de la que formará parte cada vez más claramente la izquierda “podemita”, dispuesta a frenar cualquier nuevo intento de secesión e incluso a evitar el premio de una concesión, ya no al independentismo sino a una tercera vía observada crecientemente con los ojos de la sospecha y la desconfianza.

Su error de principio fue de evaluación de la realidad política y de la correlación de fuerzas, especialmente en relación al prestigio y la potencia de las instituciones democráticas y del Estado de derecho, pero lo que se está viendo es un error que persiste hasta el final, cuando el compacto bloque independentista comprueba la limitación del daño producido en el conjunto de la economía española y en la democracia, en abierto contraste con la envergadura tremenda de los desperfectos producidos en Cataluña. Es un error clásico que los mejores pensadores catalanes han formulado de cien formas distintas. Cataluña no tenía ni tiene fuerzas para la independencia y apenas tiene fuerzas si se halla mínimamente acorde consigo misma para mantener un grado razonable y cómodo de autogobierno. Cuando para obtener la independencia se destruyen los consensos costosamente construidos durante medio siglo, el resultado previsible no es la independencia sino menos autonomía.

Y esto es lo que ha sucedido, o para ser exactos, está sucediendo. Quienes querían todo, la independencia, se han quedado sin nada, es decir, sin ningún avance en el autogobierno e incluso con la posibilidad de su limitación y su recorte, al menos de forma preventiva ante la formación de un gobierno independentista sospechoso de reavivar el camino insurreccional.

Si no hay independencia, ni tampoco horizonte para un referéndum; si la dui y la república independiente deben pasar al olvido para que los independentistas puedan gobernar, ¿qué objetivo y qué programa puede quedarle entonces al independentismo? Los esfuerzos que deberá hacer para mantener los actuales niveles de autogobierno y el levantamiento del 155, entre los que deberá incluirse la apertura hacia el hemisferio no independentista, están por el momento fuera del alcance de un movimiento sobreexcitado y dolorido por los niveles, al parecer inesperados, de la represión con que se ha reducido su intento de golpe secesionista.

Por el momento, el movimiento más lógico es el de mantener y defender las posiciones institucionales, todavía muy importantes, mediante una estrategia de discreción y de pasividad política que permita recuperar el aliento y poner orden en sus filas. El problema es que la presión polarizadora no cejará, ni desde sus propias filas más radicalizadas ni desde la sobreexcitación inducida en las filas del adversario. Buena parte de la tensión acumulada durante estos cinco años en el conjunto de la opinión española está saliendo ahora, una vez vencido el proyecto secesionista, en forma de una tentación vengativa que no distingue entre catalanes y fácilmente puede llegar a una nueva escalada de enconamiento civil. No hay mejor combustible para que el independentismo permanezca atrincherado en el rencor de su derrota, incapaz de abrir la mente a una crítica de sus propios fallos y a la proyección de la reflexión sobre una nueva estrategia.

Es muy difícil lanzar ideas propositivas en un momento propenso a la expansión de las pasiones y los sentimientos, e incluso a su proyección en forma de represalias en ambas direcciones y principalmente con los mayores culpables que, como es de todos conocido, son los que no quieren dejarse arrastrar por el mandato drástico de las derrotas o las victorias definitivas. Pero ahí van, a riesgo de producir más cansancio, por haberlas oído otras veces, que indignación, por estar ya saturada la capacidad para indignarse.

Cataluña necesita mantener y mejorar su capacidad de autogobierno dentro de la Constitución española, que es un bien para Cataluña y lo es también para España y su democracia. Debe mantener tres de sus competencias más características: el orden público, la enseñanza y los medios de comunicación. Necesita también un sistema de financiación justo y eficiente. Y precisa, por supuesto, de un sistema de formación de la voluntad federal española en numerosas políticas interiores y europeas en las que hasta ahora no ha participado por defectos del sistema autonómico. Y su capital, Barcelona, debería contar con mayor protagonismo institucional en la vida política española.

No necesita lo contrario, como algunos pudieran barruntar a la vista de la reciente experiencia. La autonomía debe servir para integrar y unir, no para separar o preparar proyectos de separación. De ahí que sea imprescindible contar con un gobierno en Barcelona que dé garantías de lealtad institucional al gobierno de Madrid, al igual que el gobierno de Madrid debe dárselas al de Barcelona. Será mejor que esto se haga por un sistema institucional bien afinado, pero mientras no exista habrá que promover la política de pactos entre partidos y entre gobiernos que lo permita.

Son campanas celestiales para los indignados de uno y otro lado, claro está. Pero de esta no se sale sin una panoplia de pactos de Estado, no exclusivamente con Cataluña, sino entre todos los españoles y todas las comunidades autónomas, de un calibre similar al que tuvieron los Pactos de la Moncloa en los comienzos de la Transición. Un pacto lingüístico, que garantice la pluralidad reconocida en la Constitución, la presencia de las lenguas en las instituciones del Estado y la preservación de los derechos individuales de todos los españoles. Un pacto educativo, que garantice a todas las comunidades autónomas los mínimos niveles de calidad y los contenidos propios de la pluralidad española. Un pacto financiero, que garantice una financiación equitativa para autonomías y municipios.

Es la tercera vía, claro está. La vía muerta, la vía detestada por unos y por otros. La única vía que cabe escoger si queremos evitar que la actual división de Cataluña en dos mitades que no se comprenden y que ya empiezan a detestarse no se enquiste en una sociedad permanentemente organizada por la confrontación entre nacionalismos de inspiración ya abiertamente étnica. El fracaso del catalanismo político y como colofón de la tercera vía es el fracaso de la Cataluña próspera, abierta y comprometida con la democracia española que habíamos conocido. No sabemos qué saldrá después si este fracaso se consolida, pero seguro que no será nada bueno ni atractivo, ya no para los catalanes, sino para el conjunto de los españoles. ~

 

 

 

José Luis PARDO, “El insensato furor del resentimiento” a Letras Libres (1-02-18)

http://www.letraslibres.com/espana-mexico/revista/el-insensato-furor-del-resentimiento

Pronto se cumplirán 43 años de aquel día de febrero de 1975 en el que un agente de la policía local de Cáceres, de apellido Piris, observó que en el escaparate de una librería de esa ciudad española, junto con otras cuantas láminas de las obras de Francisco de Goya, se exponía una del cuadro conocido como La maja desnuda; no lo dudó: convencido de que se trataba de un atentado contra la moral y las buenas costumbres, entró en el establecimiento para ordenar a su propietaria que retirara semejante ofensa de la vista del público, ante todo para evitar que excitara la libido de los alumnos adolescentes de una escuela cercana. La noticia suscitó en su momento el sarcasmo de la oposición intelectual (la única que entonces existía de manera oficial), que la recibió casi con alegría o al menos con humor, porque veía en la esperpéntica anécdota una ocasión de mostrar al mundo el ridículo de los últimos estertores del aparato de censura de la dictadura de Franco, a la que ya le quedaban muy pocos meses de amargar la vida a los españoles y que se hallaba, como todos sus demás dispositivos, en estado de descomposición. El resto del país, o la parte de él que tenía alguna conciencia de su situación, debió sentir al conocer este hecho lo mismo que sentimos hoy desde la distancia: lástima y vergüenza ante un signo inequívoco más de la incultura y del atraso que, a fuerza de reinar en aquella sociedad, había llegado a convertirse en motivo de orgullo para sus autoridades gubernativas (el pleno del Ayuntamiento de Cáceres pidió al alcalde que felicitara al cabo Piris por su meritoria acción). Un lamentable episodio de un periodo histórico afortunadamente superado, se dirá.

Sin embargo, hace apenas unos meses se recogieron miles de firmas por internet para pedir que se retirara del Metropolitan Museum of Art de Nueva York un cuadro de Balthus, Thérèse dreaming, por considerar que ofrece una complaciente visión romántica del voyerismo y de la cosificación de las mujeres menores de edad, moralmente peligrosa para las masas que la contemplen. Lo cierto es que las connotaciones son diferentes: en el caso de La maja desnuda los censores pertenecían al siniestro bando del fascismo (de cuya identificación con el mal no cabe hoy duda alguna), y en este otro se trata de una reivindicación amparada en la defensa de las víctimas de los abusos sexuales (que es, más allá de toda duda, una buena causa). A pesar de todo, ¿no es lícito ver un macabro parecido entre ambos sucesos, en la medida en que parecen suponer intentos de restricción de las libertades civiles y de imposición de un ideario obligatorio (con lo que ello comporta de ataque a los fundamentos de las sociedades liberales)? La respuesta a esta pregunta tiene dos dimensiones conectadas de forma íntima: una se refiere al progreso moral, y la otra al progreso estético (¿puede considerarse como un progreso aquello que hace cuarenta años se valoraba como un retraso?). Intentemos profundizar un poco en ambas.

Sobre el progreso moral…

El concepto de progreso moral es problemático, sobre todo porque existe una idea (falsa y falaz) del mismo que a menudo ha permitido promover en su nombre la barbarie: la idea de que los hombres actuales somos superiores en términos morales a nuestros antepasados. Es una idea falsa porque la evidencia empírica que ha puesto a nuestra disposición la antropología sugiere que todos los hombres estamos hechos de la misma pasta moral, que tenemos los mismos defectos y debilidades en ese terreno. Y es una idea falaz porque el argumento de la superioridad moral (de unas épocas sobre otras, de unas religiones sobre otras, de unas razas o clases sobre otras razas o clases, de los opresores sobre los oprimidos o de los oprimidos sobre los opresores, de los colonos sobre los indígenas o de los indígenas sobre los colonos y, en general, de “nosotros” sobre nuestros enemigos) ha servido en todo tiempo y lugar para justificar las mayores atrocidades, al reducir el “progreso moral” a la victoria (que debería ocurrir históricamente) de los superiores sobre los inferiores o, de modo más breve, de los nuestros sobre los demás. Como decía Kant, no hay ninguna manera de resolver esta cuestión mientras se plantee como una guerra entre sistemas morales incompatibles.

Por el contrario, la única idea admisible de progreso moral es la que justamente lo hace consistir en el cese de ese enfrentamiento interminable que, en los inicios de nuestra cultura (y también, por cierto, en los de otras culturas), las antiguas tragedias griegas describieron como la sangrienta rueda de las venganzas, escenificada a la perfección en la Orestíada. Una rueda que solo deja de girar cuando ese círculo vicioso es sustituido por la aceptación por parte de los contendientes de una ley común a cuya justicia se someten de manera incondicional. Como explicó Nietzsche en La genealogía de la moral, en el momento en el que eso ocurre la humanidad abandona la jurisdicción de la naturaleza y entra en una inédita “situación de derecho” que permite considerar de modo impersonal las acciones: la justicia solo tiene ojos para la acción del pedófilo o del ladrón, pero es ciega a la identidad personal de su autor, a quien no castiga por lo que es sino por lo que hizo; así queda superado lo que Nietzsche llamó “el punto de vista del perjudicado” y, con él, “el insensato furor del resentimiento”. Lo cual no significa que los hombres sometidos a esa ley dejen de tener, en cuanto sujetos privados, deseos de venganza ante las ofensas de las que son objeto, sino que –para evitar los perjuicios que, a la larga, causaría a sus propias libertades públicas el dar libre curso al “derecho de revancha”– aceptan su proscripción legal a favor de los mecanismos de la justicia, delegando en los poderes públicos, como decimos hoy, el monopolio de la violencia. De acuerdo con esto, el progreso moral no significa que unos hombres sean moralmente superiores a otros, sino que algunas sociedades disponen de instituciones jurídico-políticas capaces de proteger a sus miembros contra sus miserias y flaquezas mejor de lo que otras lo hacen.

Sobre esta base pueden sostenerse avances morales significativos que, si no son irreversibles en su totalidad, al menos resultan merecedores de una protección jurídica especial. Esto ocurre, por ejemplo, cuando estos avances se constitucionalizan para hacer más difícil su posible reversión. Podemos señalar en nuestra historia algunos de esos progresos significativos, desde la abolición de la esclavitud hasta la institucionalización de las libertades civiles que se cristalizan en la Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano y sus secuelas: entre otros, el llamado “contrato social”, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y todo lo que hoy denominamos democracia social, la emancipación de la mujer de la tutela del varón, las leyes contra la discriminación racial o la protección de la infancia, en la medida –aún deficiente y desigual– en la que han ido siendo consideradas en la legislación de los diversos Estados de derecho. Pero ya hemos dicho que estos avances no suponen puntos de no retorno en la evolución moral de la humanidad, es decir, siempre es posible que el progreso representado por esas instituciones se destruya y “regresemos” a situaciones anteriores y peores.

…y sobre la regresión moral

Si se acepta lo dicho hasta aquí, toda regresión moral ha de implicar una decadencia de los citados mecanismos de justicia y la consiguiente inclinación a reponer el controvertido modelo de la venganza y de la lucha por la superioridad moral. En nuestra historia reciente todos recordamos cómo el marxismo cuestionó el derecho en general y las libertades públicas en particular, calificándolos como “superestructuras ideológicas” que disimulaban las desigualdades económicas y afianzaban la dominación de clase; sustituyó así el paradigma del derecho por el de la guerra –la lucha de clases–, identificando la justicia con la victoria de los oprimidos sobre sus opresores. Y, debido a la enorme influencia del marxismo, este descrédito de los derechos civiles estuvo sin duda en la base de ese gigantesco engaño acerca de los Estados comunistas que ha estado vigente como propaganda hasta hace muy poco tiempo, a saber, que la inexistencia de tales derechos en dichos Estados no era un defecto, sino una prueba de que en ellos reinaba una libertad “real”, y no meramente “formal” y encubridora como la de las sociedades liberales. Algo idéntico, por otra parte, a lo que defendían otros Estados totalitarios sobre una base doctrinal de superioridad racial.

Puede que pensemos que estos planteamientos hoy en día están tan superados como los prejuicios del cabo Piris, pero en el tiempo transcurrido desde aquella grotesca historia hemos asistido a otro tipo de “crítica del derecho” que, reeditando algunos elementos de la marxista, la renueva y la prolonga hasta nuestros días de formas inequívocamente contemporáneas y en apariencia “progresistas”. Una de sus encarnaciones más llamativas son las bien conocidas tesis de Michel Foucault, según las cuales los grandes aparatos políticos de la sociedad moderna (el Estado, el parlamento, el gobierno, el tribunal, la prensa libre, etc.) son solo el resultado superficial de una correlación de fuerzas subterránea en la que pugnan una multiplicidad de “micropoderes” (y de “microdeseos”) moleculares y cuasi invisibles que constituyen su armazón profundo y su constante desasosiego. Por tanto, la presunta “imparcialidad de las leyes” sería también en este caso una mera apariencia que oculta las asimetrías características de toda relación de poder.

El incontestable éxito de estas tesis entre muchos de los movimientos políticos nacidos o renacidos a mediados del siglo pasado, e incluso su impacto en los programas políticos de la izquierda y la derecha parlamentarias, se ha beneficiado sin duda de otro factor, cuya relevancia seguramente Foucault no previó: la “irresistible ascensión” de los conflictos de identidad como plataforma de lucha política, que en tantas ocasiones y lugares han tomado el relevo de la “lucha de clases”. Como resultado de ello, hoy esos conflictos “profundos” de poder se han convertido en su mayoría en batallas cuyo trasfondo ya no es la igualdad, como lo era en los proyectos de corte socialista, sino la diferencia que compone la marca identitaria de cada uno de los adversarios, cuyas acciones han dejado de ser impersonales porque la justicia ha dejado de ser ciega a la identidad privada de los antagonistas: ahora se levanta la toga al juez y se le pide que pondere, no ya la cualidad de una acción, sino la identidad del agente. Esta nueva estrategia subvierte por completo lo que, en las frases antes citadas, Nietzsche identificaba como la transición desde una situación “de naturaleza”, en la que el daño que un hombre hace a otro se considera como una pugna entre particulares, a una situación “de derecho” en la que el perjuicio se entiende como una infracción de la ley común y, por tanto, como una falta contra la colectividad entera. Cuando esta desaparece y en su lugar se instalan las identidades irreductiblemente antagónicas, los adversarios en litigio dejan de confiar en la justicia (pues su “diferencia” no se deja constreñir a la igualdad ante la ley) y aspiran a recuperar el derecho de la víctima a la venganza, que no persigue la justicia sino la humillación del enemigo y que, pese a tener otros argumentos que los de los regímenes totalitarios, quiere corregir a la luz de su identidad menoscabada cada error de la historia, incluida la historia del arte. Se notará, por ejemplo, que la pérdida de confianza en los tribunales de justicia como instancias capaces de establecer (hasta donde los mortales podemos hacerlo, o sea siempre de manera provisional y revisable) la verdad de los hechos sociales es también una de las causas inequívocas del auge de la llamada posverdad (es decir, de la posibilidad de que cada quien elabore unos “hechos alternativos” convenientes a sus intereses privados en lugar de confiar en las verdades públicas).

Sobre el progreso (o el regreso) estético

Esta situación, que por el momento solo representa una sombra amenazadora sobre el Estado de derecho, se suma en el caso que nos ocupa a la peculiar coyuntura del arte contemporáneo heredada del siglo XX. Aunque también en este punto sería absurdo hablar de “progreso estético” en un sentido simplista (es decir, sostener que los cuadros de Rubens son mejores o peores que los frescos de Miguel Ángel o que las bailarinas de Degas), resulta difícil negar que el artista, como productor cultural, realiza una aspiración que siempre estuvo viva en su oficio cuando el arte se constituyó, en el siglo XIX, como una jurisdicción independiente de los poderes políticos, económicos, religiosos o “morales” a los que el pintor o el músico se habían visto obligados a someterse en épocas anteriores. A partir de ese momento puede exigirse que la producción y la valoración de las obras de arte se lleve a cabo en función de criterios exclusivamente estéticos que nada deban para su legitimación a otras esferas del juicio. Algo muy parecido sucede con la libertad de cátedra o la de prensa, que pese a que siempre hayan formado parte del ideario “profesional” de escritores y profesores, solo se encuentran verdaderamente garantizadas cuando sus respectivos campos –la investigación científica, el trabajo intelectual y la formación de la opinión pública– consiguen autonomía política con respecto a otros órdenes sociales deseosos de instrumentalizarlos a su servicio.

Cuando Balthus pintó Thérèse dreaming, en 1938, la actividad artística se hallaba aún protegida por esa jurisdicción autónoma de la que el cabo Piris nada sabía, convencido como estaba de que podía legislar sobre la esfera estética en nombre de una superioridad moral a la que nada ni nadie podía resistirse. De hecho, gracias a esa protección pudieron al menos protestar los artistas a quienes los regímenes fascistas y comunistas persiguieron por negarse a someter sus criterios estéticos a los criterios políticos de los ministerios de propaganda.

Pero el trabajo de las vanguardias históricas, convertidas en horizonte de referencia para todo el arte contemporáneo tras la Segunda Guerra Mundial, consistió, entre otras cosas, en rechazar y dinamitar esa protección para que el arte dejara de ser una esfera separada de la vida y se diluyera en ella, casi siempre por la vía de lo que Walter Benjamin llamó “la politización del arte”. Así, al mismo tiempo que se divulgaban la “microfísica del poder” y la “micropolítica del deseo”, una parte significativa de los movimientos artísticos abandonaba lo que quedaba de la jurisdicción autónoma de la estética moderna y buscaba para sus obras una legitimación política o moral. De nuevo, se trata del mismo tipo de legitimación que pretendieron dar a las artes los regímenes totalitarios nacidos en el siglo XX, aquella en virtud de la cual se podía censurar la Maja de Goya; pero de nuevo las causas político-morales a cuyo servicio se ponen (de manera simbólica) algunos artistas contemporáneos son intachablemente “buenas”: toman partido por las víctimas de la injusticia, la discriminación, la inmigración o de los efectos del capitalismo sobre el planeta. Sin embargo, como quiera que se valore esta estrategia del arte contemporáneo (ya sea como un “progreso” con respecto a su pasado “autónomo” o como una regresión hacia la heteronomía), una cosa es innegable: desde el momento en que el arte se desliza hacia una legitimación que se pretende más política y moral que estética o artística, es prácticamente inevitable que quede desarmado ante los argumentos que, como la pretensión de censurar el cuadro de Balthus, se apoyan en las mismas razones morales y políticas y en las mismas intachables causas a cuyo servicio se ponen las obras.

Si a esto se añade el modo como las nuevas “políticas de malestar” relacionadas con la guerra de identidades han desatado “el insensato furor del resentimiento”, todo parece indicar que, contra lo que habríamos pensado no hace mucho, la estirpe del cabo Piris nos dará en el porvenir aún muchas tardes de gloria.